CNDH acusa tortura del Ejército y la Marina en caso de 2011
La CNDH emitió una recomendación contra el Ejército y la Marina por tortura contra un hombre en Guerrero, en 2011. La víctima continúa preso.
Eran aproximadamente las 23:00 horas del 18 de agosto de 2011, un hombre cenaba en compañía de otra persona en un puesto de comida ubicado en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, Guerrero. Según dejaría después asentado en su testimonio, se tiró al piso en cuanto escuchó los disparos. A los pocos minutos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Marina) se acercaron a él, le preguntaron su nombre y procedieron a golpearlo.
Lo subieron a una camioneta gris, colocándolo en la parte de la batea, y lo llevaron al cuartel de la Marina en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a unos 15 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, mientras la camioneta avanzaba, lo golpearon en diversas partes del cuerpo con un objeto de fierro, principalmente en los pies. Eran más o menos unos ocho uniformados de ambas corporaciones.
Perdió la noción del tiempo. Lo bajaron en el cuartel de la Marina y lo llevaron a certificar con un médico naval, quien trató de minimizar los hechos. En otra habitación la golpiza continuó: los marinos usaron los cascos para golpearlo mientras estaba esposado.
Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro
Finalmente, a las 08:00 horas del 19 de agosto de 2011, fue presentado ante el Ministerio Público en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Quince años después de aquella noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 205VG/2026, firmada el 27 de febrero de 2026 y hecha pública este miércoles 11 de marzo, en la que acredita que, aquella noche, en Petacalco, Guerrero, este hombre —identificado en el documento como “V” para proteger su identidad— fue víctima de violaciones graves a sus derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura cometidos por elementos del Ejército y la Marina.
Otra tortura documentada del Ejército en Guerrero
Los dictámenes médicos realizados en las horas posteriores a la detención documentaron lesiones de distinta gravedad en el cuerpo de V. El certificado médico elaborado por la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán el 19 de agosto de 2011, a las 22:20 horas, registra múltiples contusiones en la cabeza y en los ojos, lesiones internas con hinchazón y moretones, abrasiones en cara, tórax y abdomen con pérdida de tejido y un intenso dolor que le impedía mover los hombros y la espalda: “presenta huellas de violencia física en su integridad corporal”.
Dos dictámenes médicos elaborados en los días posteriores corroborarían los daños ocasionados por la tortura de elementos del Ejército a este hombre detenido en Guerrero: el cuerpo molido, herido por todos lados y lleno de contusiones desde la cabeza a los pies, literalmente.
En 2016, un perito auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit realizó un dictamen médico conforme al Protocolo de Estambul —el manual de la ONU para la investigación y documentación eficaces de la tortura— en el que concluyó: “Las lesiones descritas en los certificados médicos de integridad física realizados a V son indicativos de tortura física y psicológica”.
Ese mismo año, un perito en psicología adscrito al Poder Judicial del Estado de Nayarit emitió un dictamen en el que concluyó que “V, según Protocolo de Estambul, fue víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes al momento de su detención”.
La versión de los militares y la “desaparición” de los archivos
La puesta a disposición del 18 de agosto de 2011, suscrita por los elementos identificados como AR-1 y AR-2, ofreció una versión distinta. Según este documento, los elementos realizaban un patrullaje conjunto sobre la carretera federal Lázaro Cárdenas-Petacalco cuando vieron a un costado un vehículo y cuatro personas sentadas en un puesto ambulante, que gritaron “¡Ahí viene el gobierno!”. Tres personas huyeron a bordo del vehículo. AR-1 descendió del vehículo militar, se acercó al puesto de tacos y observó a V debajo de una mesa. Al acercarse, según el parte, se percató de que portaba diversas armas de fuego, por lo que fue aprehendido.
En su declaración ministerial del 20 de agosto de 2011, V declaró que las personas que se encontraban con él huyeron en el vehículo y se llevaron las armas, quedándose él solamente con cuatro granadas de 40 mm que tenía en la fornitura, y que desde 2009 pertenecía a una organización criminal. Sin embargo, en su declaración preparatoria ante un juez, no ratificó esa versión y precisó que los soldados o marinos lo golpearon, le taparon la cara, lo subieron a un vehículo y lo amenazaron para que aceptara que era otra persona y dijera que las armas eran de un maestro.
En febrero de 2019, V fue absuelto por los delitos de portación de arma de fuego, granadas y cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército, y portación de arma de fuego sin licencia. Sin embargo, por el delito de delincuencia organizada, el hombre permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.
Cuando la CNDH solicitó información al Ejército y a la Marina, ambas instituciones respondieron que no encontraron registros de los hechos acontecidos aquella noche en Petatalco, Guerrero, ni de la golpiza y la tortura ejercida sobre un civil. Mediante oficios DH-II-2725 y DH-II-3737 de julio y agosto de 2025, la Sedena informó que “después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales, no encontró ninguna documentación y/o información relacionada con los hechos motivo de queja”. En octubre de ese año, añadió que la 27/a. Zona Militar informó lo mismo, advirtiendo que “a la fecha han transcurrido más de 14 años, lo cual imposibilita encontrar documentos”.
La Marina, por su parte, señaló en julio de 2025 que la Octava Región Naval y la Décima Sexta Zona Naval informaron que “una vez efectuada una búsqueda en los archivos de citados Mandos Navales, no se encontró información, dato o registro alguno, de que personal naval haya participado en los hechos”.
La CNDH también documentó que AR-1, uno de los elementos que suscribió la puesta a disposición, causó baja del Instituto Armado el 5 de marzo de 2015 “por ser prófugo de la Justicia Militar”. No hay información sobre la situación actual de AR-2 ni de otros participantes.
La recomendación de la CNDH
La Recomendación 205VG/2026, de 51 páginas, establece que “la CNDH acreditó que se cometieron violaciones graves a derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en contra de la víctima”. El organismo concluyó que las agresiones físicas infligidas a V tenían como finalidad su autoincriminación, que proporcionara información sobre terceras personas y que reconociera pertenecer a una organización criminal.
La CNDH solicitó a la Sedena y a la Marina colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para inscribir a V en el Registro Nacional de Víctimas; proporcionarle atención médica y psicológica; colaborar ampliamente con la autoridad investigadora en la indagatoria que continúa en trámite por estos hechos; implementar un ciclo de formación continua en derechos humanos sobre prevención de la tortura dirigido al personal operativo en la región; y emitir una circular en la que se instruya a dicho personal a cumplir con las obligaciones de respeto a la integridad personal y trato digno.
Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro
La investigación penal por los actos de tortura, iniciada el 1 de septiembre de 2015 como carpeta de investigación CI-2, sigue en trámite.
La recomendación fue publicada y difundida por la CNDH este miércoles 11 de marzo, solo unos días después del simbólico homenaje que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el 8 de marzo en el Campo Marte, uno de los recintos militares más importantes del país, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En la ceremonia, la mandataria estuvo flanqueada por el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
“Es un reconocimiento […] En general, a las mujeres de las Fuerzas Armadas nunca se les había hecho un reconocimiento”, dijo la presidenta el lunes anterior a la publicación de la recomendación, adelantándose a las preguntas sobre su aparición en la ceremonia.
De acuerdo con información de la propia CNDH difundida en julio de 2025, entre 2006 y 2024 al menos 318 militares estuvieron involucrados en violaciones graves a los derechos humanos en México. Solo 23 de esos casos concluyeron con una sentencia condenatoria, es decir, un 7% del total.
V, quien tenía 18 años en 2011, continúa preso. Los hechos que narró sobre aquella noche en Petacalco, Guerrero —los golpes en los pies con un objeto de fierro, las patadas, los golpes en la cabeza con cascos, las amenazas de muerte, la posición forzada durante horas, el médico que trató de minimizar las lesiones—, quedaron documentados en cinco dictámenes periciales distintos, todos coincidentes en que el Ejército y la Marina ejercieron actos de tortura en su contra con el fin de incriminarlo. Las instituciones señaladas como responsables afirman no tener registros de lo ocurrido.
