Tres defensores de la tierra en Ixil son vinculados a proceso, acusan criminalización
Empresarios inmobiliarios lograron vincular a proceso a tres defensores en Ixil, Yucatán, por reclamar la venta de sus tierras y exigir respeto a las normativas mayas.
Tras una audiencia de casi 12 horas, el Juzgado Tercero de Control, en el municipio de Progreso, Yucatán, vinculó a proceso penal por el delito de despojo a los defensores los campesinos del Ixil Cecilio Cisneros, Guillermo Yam Ek y también a Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa.
La denuncia en su contra fue interpuesta por los empresarios Gerardo José Millet Palomeque, Gerardo José Millet Menéndez y Andrés Abimerhi Briceño, que aseguran ser los dueños de 324 hectáreas en Ixil y a quienes las comunidades en Yucatán acusan de ser parte del llamado cártel inmobiliario.
Ixil es un municipio maya. Es célebre, entre otras cosas, porque aquí fue encontrado uno de los manuscritos históricos que conforman la serie del Chilam Balam. Hasta principios del siglo XX, antes de la Revolución, fue una zona de haciendas henequeneras: la explotación de la población maya en este punto llegó a extremos esclavizantes, un proceso que estuvo acompañado por el despojo de tierras.
Ese pasado no se ha ido. Hoy, por ejemplo, la comunidad de Ixil reclama el uso común de sus tierras ancestrales y las defiende como una parte integral de su soberanía alimentaria. Acusan que la supuesta venta de las tierras a los empresarios fue irregular, ya que se basó en títulos que no respetan sus sistemas normativos como comunidad maya.
Por esta pelea, hoy un juzgado de Yucatán acusa a los campesinos mayas de despojo.
“Ixil es uno de los muchos casos que se han documentado en América Latina
que evidencian la consolidación de un modelo de apropiación y explotación de bienes comunes que conlleva el acaparamiento de tierras, la destrucción de la biodiversidad, los territorios y que avanza mediante violaciones de derechos humanos”, señala Brayant Sandoval Escalante, doctor en Ciencias Sociales.
A lo largo del día, mientras la audiencia se llevaba a cabo, integrantes de la comunidad de Ixil que esperaban afuera del Juzgado para apoyar a los defensores del territorio, gritaban consignas como “El que nada debe, nada teme” y aseguraron que no se van a rendir en la defensa de sus tierras.
Impugnarán la vinculación a proceso
La asociación Kanan de Derechos Humanos denunció públicamente la criminalización de los tres defensores vinculados a proceso e informaron que el campesino maya Cecilio Cisneros está recibiendo el acompañamiento jurídico de la organización.
Al campesino Guillermo Yam Ek y a Sergio Oceransky les brindará apoyo jurídico la Fundación Yansa. “Informamos que se impugnará la resolución emitida por la jueza de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez en el Juzgado de Progreso, en la audiencia celebrada el día de ayer mediante la cual fueron vinculadas a proceso tres personas defensoras del territorio de Ixil”, anunció la Fundación en un comunicado.
También expresó que considera grave que durante la audiencia se criminalizara a los defensores por el hecho de portar herramientas propias del trabajo del campo y que la jueza llamara “grupo de choque” a los habitantes de Ixil que defienden su territorio.
El conflicto es aún más amplio y comunitario. Este martes, otro grupo de campesinos –ejidatarios en este caso– se presentó a protestar en los juzgados. El principal motivo de su protesta fue el activista Sergio Oceransky, quien fue absuelto hace unas semanas por el delito de extorsión y hoy enfrenta cargos por despojo. Los ejidatarios, que principalmente defienden su derecho a parcelar y vender las tierras, califican a Oceransky de ser una “influencia extranjera”.
La Fundación Yansa también enfatizó que la resolución del Juzgado Tercero pasó por alto principios constitucionales y estándares nacionales e internacionales de protección a los pueblos indígenas. “La jueza sostuvo que Ixil no contaba con reconocimiento como pueblo indígena maya al momento de los hechos, pasando por alto que la autodeterminación y la identidad de los pueblos indígenas, los cuales debían ser observados y garantizados durante el proceso”.
