Colonialismo tóxico disfrazado de Bienestar: rechazan megaproyecto en Puebla y Tlaxcala
Comunidades de Puebla y Tlaxcala rechazan megaproyecto de planta incineradora y. de reciclaje. Denuncian violación al Acuerdo de Escazú.
Un megaproyecto de “economía circular” promovido por los gobiernos federal y estatal amenaza con convertir a comunidades campesinas e indígenas de la Cuenca Libres-Oriental (Puebla, Tlaxcala y Veracruz) en una zona de sacrificio ambiental.
Así lo advierte el documento “Colonialismo tóxico disfrazado de bienestar”, publicado ayer, 13 de mayo, por la organización Nodo de Derechos Humanos (NODHO), que señala riesgos de contaminación por dioxinas, metales pesados y escorias tóxicas en un territorio ya de por sí vulnerable.
La incineradora proyectada dentro del “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla” (PODECIBI) se ubicaría a unos 350 metros de viviendas habitadas y a un kilómetro de un centro educativo, según mediciones realizadas por la propia población. Esta misma región el Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt) ha sido clasificada como zona de emergencia sanitaria y ambiental.
Por esto, el día de ayer, campesinos nahuas de siete comunidades en los estados de Puebla y Tlaxcala manifestaron su rechazo al proyecto que implica la instalación de una mega recicladora e incineradora de basura en 40 mil 428 hectáreas de San José Chiapa. Estos proyectos, argumentaron, fueron recientemnete rechazados por pobladores de Hidalgo en diciembre del año pasado por los daños ambientales que acarreaban.
En un comunicado, acusaron a los gobiernos federal y estatal de opacidad, de no consultar a las comunidades y de continuar un modelo ecocida que ya afecta la región con industrias como Audi o Heineken. Aseguran que el gobierno busca imponer el proyecto de manera autoritaria sin su consentimiento y que incluso han sido excluidos del padrón indígena oficial con el fin de evadir la consulta obligatoria.
“El Estado mexicano y de manera específica el gobierno de Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Alicia Bárcena Ibarra, así como el gobierno de Alejandro Armenta han estado violando sistemáticamente el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” conocido como el ‘Acuerdo de Escazú'”, se lee en el documento.
Una larga lista de riesgos ambientales
El acuífero Libres-Oriental, que abastece a estas comunidades, se encuentra en veda desde 1954 debido a la sobreexplotación. Según el CONAHCYT la región está clasificada como una zona de emergencia sanitaria.
Por esto mismo, cualquier incremento adicional en la demanda de agua —por ejemplo, por parte de una recicladora que requerirá sistemas de lavado de gases, y de las industrias química, farmacéutica, agroalimentaria y manufacturera anunciadas— agravará la crisis hídrica. Las comunidades, denuncian que no existe un estudio hídrico público sobre el uso del agua, la disponibilidad ni por la afectación a los mantos freáticos; tampoco se han establecido mecanismos para proteger el agua de consumo humano frente a una eventual contaminación por lixiviados, escorias o aguas residuales industriales.
El proceso de incineración de residuos, confirmado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, además genera contaminantes atmosféricos de alta toxicidad. Entre ellos se encuentran las dioxinas y los furanos, compuestos orgánicos persistentes, cancerígenos y bioacumulables que se concentran en las cadenas alimentarias. También se liberan metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, cromo y arsénico, que escapan a los filtros y se depositan en el suelo, el agua y los cultivos.
A estos se suman hidrocarburos aromáticos policíclicos, gases ácidos —como óxidos de azufre y nitrógeno— y compuestos orgánicos volátiles. Las cenizas volantes, aunque pequeñas en masa, concentran la mayor toxicidad: contienen plomo, mercurio, cadmio, dioxinas y furanos, y se liberan como partículas ultrafinas que pueden ser inhaladas. Las escorias, que representan entre el 75% y el 80% del total de residuos de la incineración, suelen verterse en terrenos abiertos o usarse como relleno en obra pública; bajo la lluvia, sus compuestos solubles migran al subsuelo y contaminan acuíferos.
Impactos documentados en la salud humana
La zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla, presenta las tasas de mortalidad por enfermedad renal crónica en jóvenes más altas del país, de acuerdo al Conahcyt. Las excreciones de cerdos en las granjas porcícolas de la zona y los desechos industriales han contaminado los ríos y los pozos de agua para consumo humano generando todo tipo de enfermedades.
El mercurio afecta los sistemas nervioso central, cardiovascular y respiratorio. Las dioxinas se asocian con malformaciones congénitas, retraso en el desarrollo y alteraciones del sistema inmunológico y hormonal. El arsénico y el cadmio son cancerígenos. El plomo provoca daños en el cerebro y los riñones, y tiene potencial teratogénico.
Los estudios epidemiológicos han registrado sobreincidencia de sarcomas de tejidos blandos, linfomas no Hodgkin, cánceres de pulmón y laringe, así como un patrón alarmante de cáncer pediátrico. También se han observado tasas elevadas de malformaciones congénitas, mortalidad infantil, abortos espontáneos y alteraciones endocrinas. El neurodesarrollo puede quedar comprometido por la exposición prenatal y neonatal.
Las vías de exposición incluyen el aire respirado, el agua bebida —alterada por lixiviados— y los alimentos cosechados en suelos contaminados o derivados de la ganadería y pesca regionales. Las dioxinas y los metales pesados se bioacumulan en los tejidos vivos y se biomagnifican a lo largo de la cadena trófica, afectando a los seres humanos a través de la leche, el huevo, la carne, el pescado y las cosechas.
Dado que la instalación del proyecto de reciclaje e incinieración se ubica a solo 350 metros de viviendas, las comunidades quedarían expuestas de manera crónica e intergeneracional, con una carga desproporcionada sobre niñas, niños, mujeres embarazadas y la población campesina.
El documento de NODHO señala, además, que las cifras oficiales sobre la cantidad de residuos a procesar son contradictorias. El subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego, declaró que se tratarían 800 toneladas diarias de basura reciclada, y que el proyecto generaría 500 empleos directos y 200 indirectos.
Sin embargo, el mismo documento menciona que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la planta procesaría cerca de 6.000 toneladas diarias, mientras otras fuentes han llegado a hablar de hasta un millón de toneladas diarias.
El documento de NODHO califica este proyecto como un ejemplo de “racismo ambiental” y “colonialismo tóxico”, al imponer cargas ambientales desproporcionadas sobre comunidades campesinas que ya habían sufrido despojos territoriales durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) para la instalación de la planta de Audi y la fallida Ciudad Modelo. La Procuraduría Agraria reportó 40 conflictos agrarios derivados de ese proceso, que hasta ahora no han sido reparados.
La demanda de las comunidades
En febrero pasado, el fuego arrasó un relleno sanitario de San José Chiapa, Puebla. El fuego liberó una nube de humo tóxico que obligó a cancelar clases en los municipios de Puebla y Tlaxcala. Los pobladores de San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, Ocotepec (Puebla) y Cuapiaxtla (Tlaxcala) recuerdan este incidiente y exigen que la PROFEPA ordene la clausura total y definitiva del relleno sanitario intermunicipal de San José Chiapa.
Aceptan el reciclaje de residuos, pero solo de los que ellos mismos generan, no los de otros municipios o estados. Durante una asamblea realizada el 24 de abril en la colonia Guadalupe, un habitante de Nopalucan expresó su temor por la contaminación del agua a través de filtraciones y del aire por las partículas que se esparcirían durante los procesos de incineración.
Vecinos de la cabecera municipal denunciaron que no se les permitió ingresar a las reuniones informativas organizadas por el gobierno, y que estas fueron llenadas con “acarreados” de otras comunidades.
“Aquí nos quieren poner ese parque industrial prácticamente en el pueblo”, señaló un poblador, quien recordó que el espejo de agua se encuentra a solo cuatro o cinco metros de profundidad, lo que eleva el riesgo de contaminación del manto freático.
El Movimiento de San José Chiapa en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra ha reiterado su postura en consignas como “Chiapa no se vende”, “No a la recicladora” y “Los Pueblos Originarios no somos su basurero”. Mantienen su oposición pacífica y apartidista al proyecto, que consideran una continuidad del modelo ecocida impuesto por décadas en la región
