Informe de la CIDH sobre desapariciones en Méxi advierte complicidad del Estado

Aunque reconoce algunos de los aciertos y avances de la estrategia de México para prevenir y resolver la desaparición de miles de sus ciudadanos, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones en México presentada este lunes es duro y no duda en calificar la situación de México en materia de desapariciones como una “grave crisis de derechos humanos”.

Aunque el actual gobierno federal ha intentado minimizar el problema –la misma Claudia Sheinbaum ha sostenido que las instituciones no están rebasadas, asegura que el Estado ha dejado de desaparecer personas y afirma que la mayoría de los casos son “ausencias voluntarias”–, la CIDH desglosa de manera minuciosa una realidad distinta y emite 40 recomendaciones para intentar resolver tanto la emergencia criminal, como los obstáculos en la búsqueda, identificación forense, procuración de justicia y reparación del daño.

Aún más: el informe señala que la responsabilidad del Estado en la crisis de desaparición de personas es mucho más alta de la que se ha querido admitir.

“Muchas de las desapariciones cometidas por el crimen organizado en México ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales”, se lee en las conclusiones del informe. El informe destaca que, si bien hoy la mayor parte de las desapariciones son cometidas por grupos del crimen organizado –a diferencia del periodo conocido como “La Guerra Sucia” en que el gobierno desaparecía a sus adversarios políticos–, hoy el Estado ha beneficiado desde sus distintos niveles y en diferentes momentos al crimen organizado. Aun cuando el Estado no participe materialmente en la desaparición de una persona, sí puede “apoyar” a las organizaciones criminales responsables ya sea por “autorización” u “omisión”.  

“El derecho internacional califica dicha conducta como desaparición forzada”, concluye el informe. “El alto número de desapariciones en contextos temporales y territoriales en que han prosperado las operaciones del crimen organizado permiten afirmar que es imposible que las autoridades del Estado no conocieran estas operaciones”.

La desaparición forzada no ha sido erradicada

Una desaparición se considera “forzada” cuando es ejecutada por algún agente del Estado. México un largo historial de desapariciones forzadas: desde los vuelos de la muerte en la época de la Guerra Sucia hasta los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aunque el gobierno actual repita que, en la actualidad, la desaparición forzada ha sido erradicada basta un poco de memoria para recordar que en México policías municipales o estatales, militares o agentes de la Guardia Nacional han participado o estado involucrados en desapariciones registradas durante los últimos años.

“La estrategia de seguridad ciudadana militarizada favoreció el recrudecimiento de la violencia en México desde el 2006 con el inicio de la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’. Los cambios normativos sobre la Guardia Nacional se alinean más con una estrategia militarizada cuyos efectos nocivos en los derechos humanos de la población civil y en cuanto al uso excesivo de la fuerza han sido documentados por varios años. En el último tiempo, el elevado número de carpetas de investigación por hechos de tortura y desaparición forzada y desaparición que incluyen a agentes de seguridad del Estado es alarmante”.

El documento de 238 páginas consignó que, hasta junio de 2025, existían en México más de 128.000 personas desaparecidas y más de 70.000 cuerpos se mantenían bajo custodia del Estado sin ser identificados, de acuerdo con conteos independientes. Hoy, los desaparecidos se cuentan en más de 135 mil y en medio de la euforia por el Mundial de Futbol de 2026 las familias buscadoras toman las calles y subvierten los símbolos del futbol para intentar llamar la atención internacional sobre la tragedia que recorre México en sus ciudades y zonas periféricas, en sus comunidades rurales, en todas partes.

“Si bien los actos de desaparición del crimen organizado han tomado protagonismo en los últimos años, también se observa que, en algunos periodos temporales recientes, en determinadas entidades federativas, la distribución de las autorías entre agentes estatales y no estatales es porcentualmente casi la misma” dice el informe.

Las víctimas al centro

El informe detalla que las desapariciones cometidas por el crimen organizado son reportadas como una forma de mantener el control dentro del grupo criminal, como un ataque a otros grupos criminales o para castigar a la población civil. “En su forma más perniciosa –se lee en el informe–, para garantizar su prevalencia sobre otros grupos y evadir el control del Estado, el crimen organizado recluta a agentes estatales encargados de tareas de seguridad, de procuración de justicia e, incluso, autoridades políticas”.

Por ello, se hace un llamado al gobierno de México para que considere en sus políticas de prevención “los posibles indicios del involucramiento de agentes estatales en los diferentes territorios del país”. Identificar y desmantelar las redes por las cuales el crimen organizado ha infiltrado instituciones debería hacerse al mismo tiempo que se incentiva la participación de las víctimas y sus familias en las políticas y estrategias que busquen prevenir y resolver las desapariciones en México.

En este último aspecto, México ha destacado por el maltrato y desprecio a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos.

“La desaparición de una persona en México es el inicio de la transformación de la vida de su familia, la que desde ese momento en adelante tendrá que interactuar con una serie de instituciones administrativas y judiciales”, dice el informe y explica que en México, según los testimonios recabados por la Comisión, las instituciones que deberían atender a las víctimas usualmente las someten a experiencias burocráticas engorrosas, muchas veces traumáticas y revictimizantes, vulnerando la integridad personal de las familias, su dignidad, la memoria, alterando la verdad u obstaculizando el acceso a la justicia. 

“Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas son esenciales en la formulación de una política sobre desaparición en México y su labor debe ser reconocida por las autoridades estatales”, advierte la Comisión y recomienda al Estado mexicano garantizar, como se ha hecho hasta ahora, la participación de las víctimas y las familias de las personas desaparecidas.

Por ejemplo, dice el informe, son las víctimas quienes tendrían que haber impulsado, revisado y hecho suya la estrategia de búsqueda que pretende verificar la consistencia del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada. Al contrario, “la legitimidad de la estrategia fue afectada por la falta de información sobre su metodología, el impacto político que dio lugar a la renuncia de la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como por la narrativa pública de que el crecimiento del Registro era impreciso porque el gobierno mexicano no desaparece personas”. 

El valor de la participación de familias de personas desaparecidas se demuestra, en cambio, con otras iniciativas. Fueron las familias, recuerda la CIDH, las principales responsables en impulsar instrumentos y herramientas como el Banco de Datos Forenses, que por años les fue negada. “Este tipo de actividad litigiosa es desgastante para ellas y refleja la falta de involucramiento de algunas autoridades con el máximo despliegue de esfuerzos para el cumplimiento de la política de búsqueda en México”. 

Corrupción, impunidad e intimidación

El documento analiza desde los aciertos y errores en las políticas de prevención, como en la mala judicialización de los casos, la saturación de fiscalías, la desconfianza en Ministerios Públicos y otras organizaciones, además de lo contradictorio de los discursos políticos.

“La impunidad en México se describe como un problema infranqueable”, asegura el informe. “La impunidad se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias frente a la magnitud del fenómeno. Ello ocurre en un contexto en el cual no se observa un plan de acción para que el sistema de justicia sea capaz de brindar resultados a las familias y sancionar a los responsables de la desaparición“.

Al contrario, advierte la CIDH, existe una evidente falta de inversión en la investigación con las familias que sufren desapariciones y una mala conducción de las diligencias mínimas para resolver los casos; es común que las pruebas se extravíen, no se protege a los testigos, ni existe un protocolo sistematizado para plantear hipótesis de investigación, lo cual desincentiva tanto las denuncias como la rendición de testimonios y la confianza misma en las instituciones.

El miedo a presentar una denuncia es cotidiana, sumado al cansancio y la desesperanza por los actos de corrupción que impiden que se ejecuten las órdenes de aprehensión, o se liberen por error a procesados, o se cancelen operaciones de rescate sin una justificación clara.

Por otro lado el informe destaca que la defensa de derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o el periodismo constituye, por sí mismo, un factor de riesgo para la desaparición en México: “La impunidad en las desapariciones de personas que han asumido estos roles de relevancia social no solo genera un efecto intimidatorio en la sociedad y sus gremios, sino que han mermado el poder disuasivo de los mecanismos y sus medidas de protección”.

Algunas recomendaciones

Además de las personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas desaparecidos, el informe destaca un universo más amplio de víctimas de desaparición.

Niños y jóvenes son reclutados de manera forzada por el crimen organizado; niñas, jóvenes y adolescentes son capturadas por redes de trata y explotación sexual y trabajo forzado. Migrantes que son obligados a hacer trabajo forzado o personas LGBT+ que sufren crímenes de odio. Cada una de estas poblaciones merece una atención diferencia para prevenir, investigar, resolver y castigar sus desapariciones.

La CIDH expone, además, que las desapariciones son fenómeno extendido en todo el país, aunque existen altos índices en estados como Jalisco, Estado de México y Tamaulipas y recomienda al Estado Mexicano analizar zonas bien definidas geográficamente como el denominado “Corredor del Pacífico”: un territorio que los estados de Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa donde las desapariciones se han vuelto comunes.

Prevención, justicia, búsqueda e identificaicón humana, atención a víctimas y reparación, verdad y justicia: México debe fortalecer sus políticas en esta materia si desea algún día frenar la crisis humanitaria que representan los más de 135 mil desaparecidos que se registran al día de hoy, en opinión de la CIDH.

En particular, en lo que refiere a la justicia, la CIDH urge al Estado Mexico a resolver el enorme atraso y burocratización de sus investigaciones así como la judicialización de las desapariciones. Además, en materia forense, se deberían incorporar todas las experiencias positivas de los centros regionales de identificación humana y proveer de personal suficiente y capacitado para el enfoque masivo y el ordenamiento de los cuerpos bajo custodia estatal.

Insta a integrar en los procesos generales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las familias y remover las barreras burocráticas para la asignación de ayudas económicas, materiales o de investigación que requieran inmediatez por la gravedad del caso.

Síguenos en Flipboard