Éxodo silencioso: urgen a atender el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara
El desplazamiento forzado interno de las comunidades rarámuri, ódami, pima y guarijío en la Sierra Tarahumara, es una consecuencia del control de grupos criminales.
En la Sierra Tarahumara hay un desplazamiento silencioso, denuncian organizaciones civiles que acompañan a comunidades indígenas en defensa de su territorio. El desplazamiento interno forzado es un delito que “día a día, arrebata a familias su patrimonio, su seguridad y, en muchos casos, la vida misma”, enfatizan en un pronunciamiento conjunto.
Acusan que desde la llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada por el expresidente Felipe Calderón, la violencia no ha parado: el desplazamiento forzado interno de las comunidades rarámuri, ódami, pima y guarijío, es una consecuencia directa de las amenazas, ataques y control de los territorios por grupos criminales. Las niñas y niños son los más afectados debido a la escasez de alimentos, falta de educación y el impacto emocional que conlleva salir de sus pueblos.
Las economías criminales se fortalecen mientras que las economías comunitarias se resquebrajan cada vez más. Los grupos criminales extorsionan comercios y cobran “cuotas” a beneficiarios de programas sociales y a los gambusinos (buscadores de oro a pequeña escala). Se ha recrudecido la tala ilegal a gran escala y la extracción ilegal de oro.
A esta crisis de violencia se suma el abandono del gobierno en todos sus niveles, sostienen la Alianza Sierra Madre, la Casa del Migrante Saltillo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Consultoría Técnica Comunitaria y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”. Por eso hacen un llamado a que el Estado no niegue la grave situación del noroeste de Chihuahua y atienda estos casos.
“El desplazamiento forzado interno es una violación grave a los derechos humanos, por lo que es obligación del Estado mexicano actuar con todos los medios a su alcance para garantizar la protección de las personas, familias y comunidades que sufren esta violación a sus derechos o que están en riesgo de sufrirla”, advierten las organizaciones.
Hasta ahora no hay cifras claras sobre la población víctima de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, las autoridades gubernamentales no han realizado algún censo para dimensionar la situación de los cientos de familias que han huido. En 2022, un grupo de organizaciones documentó 61 eventos de desplazamiento, los cuales afectaron a 1, 703 personas.
Guadalupe y Calvo, uno de los municipios más agredidos
El municipio Guadalupe y Calvo es uno de los municipios más violentados –ubicado en el llamado “Triángulo Dorado” (zona serrana entre Chihuahua, Durango y Sinaloa)– vive una fuerte disputa territorial protagonizada por grupos criminales. Ante falta de estrategias claras por parte de las instituciones, la población se encuentra en completa desprotección.
El 24 y 25 de febrero, más de 200 familias salieron de sus casas en Atascaderos, seccional de Guadalupe y Calvo, por los enfrentamientos armados. Eran principalmente mujeres, niñas y niños que a lo largo de 24 horas ya habían huido.
Las autoridades locales no reconocieron que el desplazamiento de las familias se dio por violencia, el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Santiago de la Peña, declaró que se trató de “una decisión personal”.
La organización Consultoría Técnica comunitaria apunta que la violencia en el noroeste de Chihuahua es sistémica y describe que comienza con el desabastecimiento y el asedio de comunidades, escalando hacia enfrentamientos armados y el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.
Esta situación no solo deteriora la salud y la educación debido al control territorial y la ausencia de brigadas médicas o docentes, sino que obliga a las familias al desplazamiento forzado interno en condiciones extremas de vulnerabilidad. Esto se agrava cuando las víctimas, tras huir para salvar sus vidas, enfrentan la criminalización y el estigma tanto de las autoridades como de la sociedad.
