Se concreta expropiación de Cuba 11: vecinos vuelven a su hogar
Cuba 11: Brugada firma decreto de expropiación para devolver el inmueble a más de 70 desalojados que resisten desde 2025.
Los vecinos desalojados hace casi 13 meses del edificio ubicado en República de Cuba número 11, ingresaron esta madrugada a lo que solía ser su hogar para verificar el estado del inmueble y de sus departamentos.
Y es que alrededor de la medianoche, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, emitió por fin el decreto para la expropiación de Cuba 11 con el fin de devolverlo a las más de 70 personas que se quedaron sin hogar y que desde el 27 de agosto de 2025 resisten en un campamento a pie de calle.
Publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, el decreto expropia el inmueble a favor del Invi, dirigido por Inti Muñoz, para un programa de vivienda de interés social y popular. La de República de Cuba número 11, es la primera expropiación de una vivienda en la CDMX por razones distintas al alto riesgo; su justificación invoca el derecho a una vivienda digna, la regulación del mercado inmobiliario y el combate a la especulación. La acción se enmarca en el compromiso 11 del Bando 1, el plan maestro de Brugada contra la gentrificación.
“El Gobierno de la CDMX pagará la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada, previa acreditación de su interés jurídico”, señala el decreto. A la fecha, sin embargo, ninguna persona ha logrado demostrar jurídicamente la propiedad del inmueble.
En conferencias de prensa realizadas hace unas semanas, Arturo Aparicio, abogado de las familias, calificó la medida como un acto de justicia contra la gentrificación. “Le expropiación no es un premio: es una herramienta para que los vecinos puedan pagar su vivienda a través de un crédito social”, dijo.
Expropiación de Cuba 11: un largo camino para
Desde el desalojo, los vecinos instalaron un campamento alrededor del inmueble para evitar que invasores concretaran el despojo y tomaran posesión del mismo. Desde entonces han intercalado guardias día y noche para protegerlo, a pesar de que el INVI otorgó un apoyo económico –de 4 mil pesos– para el pago de habitaciones de hotel o para renta de bodegas o de una vivienda en alquiler.
Durante casi 13 meses se han protegido mutuamente de la lluvia, el frío, la intemperie, los eventos masivos del Zócalo, los festejos mundialistas. Varias veces, hombres armados intentaron entrar al predio por la fuerza.
Las familias han señalado irregularidades en el desalojo, que sostienen fue un despojo disfrazado. El juzgado que ordenó el desalojo certificó la orden a través de un fraude procesal que implicó notificar a una persona fallecida, según denunciaron. Según el expediente 2059/2024, el Juzgado 54 de lo Civil de la CDMX, encabezado entonces por la jueza Estela Morales Rodríguez, autorizó el desalojo, ejecutado por el actuario Elías Alejandro Cisneros González con decenas de policías capitalinos.
Otra irregularidad detectada por la defensa de los vecinos es que el contrato de compraventa no tiene firmas de testigos ni ratificación ante notario y la parte vendedora no tenía derechos de propietaria ante el Registro Público de la Propiedad ni escritura.
Dos notarios de Hidalgo avalaron escrituras apócrifas. Uno, Octavio Soto Hernández, está en prisión preventiva desde 2024 por fraude procesal y usurpación de profesión.
En este año tres residentes de Cuba 11 fallecieron mientras esperaban regresar a su hogar. El primero fue Adrián Montoya, locatario dedicado a arreglar máquinas de escribir y fotocopiadoras, quien murió de un paro cardíaco dos días después del desalojo, el 29 de septiembre. Tres meses después, el 20 de noviembre, murió José Salvador Crecencio Esquivel, don Chava, un vecino de 77 años que padecía cáncer. Entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre, don Chava estuvo desaparecido. Durante dos semanas estuvo hospitalizado en el Hospital General Rubén Leñero.
Hace poco más de un mes, el 10 de agosto, falleció Lupita, de 97 años, la residente desalojada de mayor edad. Según su familia, murió con la ilusión de volver a casa algún día.
El decreto detalla que el inmueble tiene 635.72 metros cuadrados. El Comité del Patrimonio Inmobiliario, en su Primera Sesión Extraordinaria del 29 de junio de 2026, dictaminó procedente iniciar los trámites. La Secretaría de Gobierno, el 10 de julio de 2026, determinó como causa de utilidad pública el mejoramiento de los centros de población mediante un programa de vivienda de interés social y popular.
El procedimiento fue registrado con el número XP/13/2026. Las publicaciones de aviso de utilidad pública se realizaron los días 10 y 17 de julio de 2026. El término para que los interesados o cualquier propietario legítimo manifestaran lo que a su derecho conviniera transcurrió del 3 al 21 de agosto de 2026. Mediante resolución del 14 de septiembre de 2026, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos confirmó la Declaratoria de Utilidad Pública.
Desde el 26 de agosto, el edificio ha permanecido sin habitar, muchos departamentos permanecieron con las ventanas abiertas y no ha recibido ningún tipo de mantenimiento. Antes de que los vecinos puedan regresar a casa, el edificio deberá pasar por un proceso de rehabilitación para que vuelva a ser una casa.
