Simulación anunciada: el comité de fracking bajo la lupa ambientalista
Ambientalistas advierten: el comité técnico de Sheinbaum podría ser una simulación para legitimar una decisión ya tomada sobre el fracking.
La amenaza de implementar la fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo en la Huasteca Potosina representa una “declaración de guerra” hacia los pueblos, advirtieron comunidades indígenas de la región. El Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para el periodo 2025-2035 contempla la intervención en 367 comunidades indígenas de los pueblos tének y náhuatl, distribuidas en 17 municipios de esa zona del país.
Estas comunidades representan el 70 por ciento de los 735 mil habitantes que viven en la Huasteca Potosina. Los pobladores exigen ser consultados antes de que el plan avance, tal como lo establece el derecho internacional y nacional.
El derecho internacional y la legislación nacional exigen que las comunidades indígenas sean consultadas antes de la implementación de proyectos que afecten sus territorios y formas de vida. Sin embargo, en el caso del Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035, ese proceso no ocurrió.
Un comité bajo sospecha
Los habitantes de la Huasteca Potosina no son los únicos que se oponen a las intenciones de extraer gas y petróleo por estos métodos. La Alianza Mexicana Contra el Fracking —un colectivo de más de 40 organizaciones sociales y ambientalistas— ha lanzado un pronunciamiento en el que exige la prohibición total de la fracturación hidráulica y advierte que el comité técnico-científico anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum podría ser una “simulación” para legitimar una decisión ya tomada.
El conflicto por el uso de esta técnica extractiva, que el oficialismo rechazó durante años bajo el argumento de ser incompatible con los compromisos ambientales de la llamada Cuarta Transformación, ha resurgido con fuerza tras el cambio de discurso del gobierno de Sheinbaum, que ahora busca la soberanía energética mediante la reducción de la dependencia del gas importado, principalmente de Estados Unidos.
“Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada”, advierte un posicionamiento difundido este lunes. La organización sostiene que el problema de fondo no es solamente quién integrará ese comité —que se prevé sea encabezado por el histórico líder de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas—, sino si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro energético del país.
El comité, cuyos integrantes serán revelados este miércoles según lo anunciado, ha generado escepticismo entre las organizaciones ambientalistas. “Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional ‘mejor’, ‘con menos agua’ o ‘con nuevas tecnologías’, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla”, señala el pronunciamiento. “Esa sería una simulación desde el diseño”.
Para la Alianza, reducir la discusión sobre el fracking a un asunto meramente técnico es inaceptable. “El fracking no es un asunto meramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos”, ha declarado Alejandra Jiménez, vocera del colectivo.
La organización subraya que esta técnica afecta el agua, la salud, la alimentación, las comunidades, los trabajadores, los ecosistemas y las formas de vida. Presentar el debate como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es, a su juicio, una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.
La organización es contundente: “No hay ‘fracking sustentable’, ni ‘fracking responsable’, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios”. Este posicionamiento se apoya en el Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking, que en su novena edición reúne más de 2,300 estudios revisados por pares que documentan los efectos de la fracturación hidráulica sobre la salud humana, el agua, el aire y el clima.
Las condiciones para un comité creíble
La Alianza Mexicana Contra el Fracking ha establecido cinco condiciones que, a su juicio, distinguirían una deliberación real de una simulación. Primero, el mandato del comité no puede estar sesgado de origen. Segundo, debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés y las deliberaciones deben ser públicos. Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática; debe incluir el conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible, haciendo eco de la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quinto, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking.
“Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública seria: estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada”.
