Organizaciones alertan posible retroceso en la justicia ambiental por granja industrial de Bachoco
Organizaciones llaman al Poder Judicial a evitar un retroceso en el acceso a la justicia ambiental en caso de granja industrial de Bachoco.
Comunidades de la Península de Yucatán y más de una docena de organizaciones de derechos humanos y socioambientales hicieron un llamado al Poder Judicial para que garantice el acceso a la justicia ambiental, advirtiendo que un fallo a favor de la empresa Bachoco vulneraría los derechos de comunidades mayas en Yucatán y Quintana Roo.
En 2023, ejidatarios de Quintana Roo, acompañados por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), promovieron un juicio para frenar el proyecto avícola Akutzá, de Bachoco -en Peto, Yucatán-, el cual consiste en una granja de producción de huevo incubable en una superficie de casi 300 hectáreas. Aunque la granja industrial se proyecta físicamente en Yucatán, los ejidatarios de Quintana Roo demandaron porque, al colindar con Peto, sus pueblos resultarían afectados por la contaminación causada por la granja.
Bachoco es el segundo productor de huevos del país y uno de los diez productores agroalimentarios más influyentes a nivel mundial, con más de mil granjas. En Yucatán tiene presencia en más de 28 municipios -más del 25% del total)-, con antecedentes de afecciones ambientales al territorio, incluyendo una clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en diciembre de 2025.
Hace tres años, como resultado del juicio promovido por las comunidades y ProDESC, una jueza federal de distrito ordenó la suspensión inmediata de las obras de Akutzá. Dicho mandato judicial obligó a frenar por completo las obras en el terreno. Actualmente, la empresa tiene prohibido reanudar la construcción, ingresar aves o poner en marcha la producción mientras el caso permanezca abierto.
Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro
Sin embargo, el caso llegó al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el Estado de Yucatán bajo el expediente del Amparo en Revisión 47/2025, donde se propone desechar por completo el juicio de las comunidades.
El argumento del proyecto de sentencia es que los ejidos de Quintana Roo no demostraron tener interés legítimo. Es decir, que las comunidades no ofrecieron elementos para acreditar afectaciones y determinar la existencia de daños ambientales causados por la granja, principalmente en la contaminación de la Laguna de Chichankanab, inscrita como humedal de importancia internacional de conformidad con la Convención de Ramsar.
Las comunidades mayas y ProDESC denuncian que este criterio es contrario a los estándares ambientales, pues los principios preventivos y tratados, como el Acuerdo de Escazú, dictan que las comunidades no tienen que esperar a que el agua esté contaminada para defenderse; la justicia debe actuar antes de que el daño sea irreparable. Además, señalan que el proyecto pretende imponer a las comunidades una carga probatoria que legalmente no les corresponde a ellas, sino a las autoridades y a quienes promueven proyectos potencialmente contaminantes .
“De confirmarse los planteamientos por parte del Tribunal Colegiado, las comunidades verían anulado su derecho de acceder a la justicia, pues el caso quedaría cerrado definitivamente sin haber sido analizado el fondo del asunto, es decir, determinar si la granja de Bachoco produce impactos adversos e irreversibles en el ecosistema, mismo que ya de por sí es vulnerable”, consignan las organizaciones en un comunicado.
Contradicción con la Suprema Corte
Las organizaciones subrayan que el proyecto del Tribunal de Yucatán va en contra de lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó el pasado mes de mayo: en la resolución del Amparo en Revisión 451/2025, relacionado con la Norma Técnica Ambiental que regula las granjas porcícolas en Yucatán, la SCJN reconoció que las comunidades mayas tienen interés legítimo para acudir a los tribunales cuando buscan defender sus derechos colectivos y su territorio ante decisiones estatales que pueden afectarles.
“En ese caso, la Corte determinó que las comunidades tenían derecho a que sus planteamientos fueran estudiados de fondo y que la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas exige una interpretación amplia del acceso a la justicia”, plantean las organizaciones.
Este llamado de alerta se da en un contexto de vulnerabilidad ambiental. De acuerdo el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, debido a la naturaleza kárstica del suelo –que facilita la infiltración de contaminantes hacia el manto freático, cenotes y ríos subterráneos– el acuífero de la Península de Yucatán es uno de los más vulnerables a la contaminación en México.
Ante esta situación, las comunidades plantean que la expansión de la industria avícola en México tiene que ser evaluada con estándares estrictos de prevención ambiental, acceso a la justicia y protección a los pueblos. La industria avícola mexicana registró un crecimiento de 4.4% en 2025 y prevé crecimiento para 2026, según la Unión Nacional de Avicultores.
