La Profepa ordena a empresa reparar daños tras cierre de megagranja porcícola en Yucatán
La empresa Pecuaria Peninsular deberá presentar un Estudio de Daño Ambiental y pagar una multa de más de 18 millones de pesos.
En el transcurso de los próximos días, la empresa Pecuaria Peninsular deberá presentar un Estudio de Daño Ambiental tras el cierre definitivo de una megagranja porcícola en la comisaría maya Santa María Chi, indicó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Durante los últimos meses fueron retirados 41 mil 570 cerdos para concluir con el cierre total de la megagranja, dictaminado por Profepa desde septiembre del año pasado, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos.
La empresa Pecuaria Peninsular, propiedad de Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, deberá pagar una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos, además de presentar un calendario para realizar acciones correctivas y de compensación, verificadas por Profepa.
“El retiro de miles de ejemplares de cerdos de la planta de Pecuaria Peninsular y el proceso de remediación y restauración de la zona que sigue a continuación son muy importantes, no sólo porque atienden el tema de la protección del medio ambiente y la salud pública, sino porque además atienden reclamos históricos de los habitantes de la región, afectados por los impactos de esta industria”, afirmó la Procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.
El triunfo de la comunidad maya de Santa María Chi
Este triunfo es resultado de las denuncias presentadas desde 2021 por organizaciones civiles y comunidades mayas de la región, quienes han señalado los impactos ambientales asociados a la operación de las granjas porcícolas y las afectaciones a su calidad de vida.
La comunidad maya de Santa María Chi lleva más de dos años luchando contra estos impactos negativos. La problemática de los desechos de las granjas en Yucatán es crítica debido a la naturaleza kárstica de su suelo (altamente poroso), lo que permite que los contaminantes se filtren casi directamente al acuífero. Los habitantes de Santa María Chi han denunciado que, como consecuencia, padecen enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
El 30 de abril, Profepa informó a los integrantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja O’on” –organización que denuncia la contaminación de cenotes y agua potable por granjas porcícolas– sobre la desocupación total de las instalaciones de la granja y los pasos a seguir.
El caso de las granjas en instancias internacionales
En marzo de este año, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió la declaración de alerta ambiental en Yucatán por la contaminación causada por las granjas porcícolas.
Tras una visita al país y una reunión con representantes de comunidades afectadas, el relator especial de la ONU, Marcos A. Orellana, dijo que la mayoría de operaciones industriales de las granjas carecen de autorizaciones ambientales y que las descargas de desechos nocivos afecta de forma adversa los derechos de las comunidades.
“Por otra parte, me resultan preocupantes la falta de transparencia sobre el funcionamiento de estas fábricas de animales, la deforestación que generan y la criminalización contra liderazgos comunitarios para disuadir su activismo”, agregó Orellana.
