La SCJN ordena emitir reglamento de Ley de Pesca tras 18 años de incumplimiento
El fallo, motivado por un amparo de pescadores de Alvarado, Veracruz, busca proteger los ecosistemas costeros y asegurar el sustento de las comunidades pesqueras.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum la emisión del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), en un plazo de 180 días, después de 18 años de omisión.
Tras un amparo promovido por pescadores artesanales de Alvarado, Veracruz, el Máximo Tribunal declaró inconstitucional el incumplimiento del Poder Ejecutivo al no emitir el reglamento desde 2008. Los demandantes señalaron que la falta de este marco normativo impide aplicar la ley de manera efectiva, lo cual vulnera su derecho a un medio ambiente sano y compromete la subsistencia de quienes viven de la pesca.
El amparo en revisión 100/2026 explica que la Ley de Pesca actual es muy diferente a la de 1999. Esta nueva ley no solo busca organizar y regular la pesca, sino también cuidar los mares, proteger a las especies marinas y garantizar que la actividad económica no destruya los ecosistemas donde viven.
“La evidencia científica disponible demuestra que los ecosistemas costeros de la región de Alvarado funcionan como zonas de reproducción, crianza, alimentación y refugio para numerosas especies pesqueras de importancia ecológica y económica. Asimismo, se ha reconocido que los manglares y lagunas costeras asociados al Sistema Lagunar de Alvarado constituyen elementos fundamentales para la conservación de la biodiversidad y para el mantenimiento de los recursos pesqueros de la región”, consigna el documento del amparo.
Por ello, el Máximo Tribunal reconoció que los promoventes tienen interés legítimo para presentar el amparo, ya que su relación con dichos ecosistemas no es ocasional sino que se trata de una vinculación permanente y estructural.
Objetivos de la la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Los artículos 2 y 17 de la ley establecen que la pesca y la acuacultura no son simples actividades comerciales, sino asuntos de seguridad nacional y soberanía alimentaria indispensables para llevar comida accesible a las familias mexicanas. La normativa plantea un modelo de gestión integral que va desde la investigación científica y la entrega de permisos, hasta el control de sanidad, la inspección en las aguas y la aplicación de sanciones.
En el ámbito social, la ley da más prioridad que antes a los pescadores artesanales, acuicultores y comunidades indígenas, pues reconoce su derecho prioritario de acceso y uso preferente de los bienes en sus territorios. La ley apunta a la corresponsabilidad entre el gobierno y los productores locales para garantizar que el uso de bienes sea equilibrado y que las comunidades participen directamente en las decisiones que afectan sus medios de vida y su economía.
La ley también incluye un compromiso ambiental y de conservación sustentable mediante un enfoque precautorio para evitar el agotamiento de las especies. Esto exige el uso de artes de pesca selectivas de menor impacto, la rehabilitación de los ecosistemas, el fomento del cultivo de especies nativas sobre exóticas y la adaptación ante el cambio climático.
“Sin embargo, la eficacia de tales instrumentos depende en gran medida del desarrollo reglamentario correspondiente; por ello, la omisión reclamada impide que el modelo preventivo diseñado por el Congreso alcance su máxima efectividad”, concluye el amparo.
