Senado aprueba por unanimidad ley contra la deforestación
Se propone emitir un certificado de "Libre de deforestación" para confirmar que predios no están en terrenos forestales o que cuentan con el permiso para cambiar usos de suelo.
México perdió 4.8 millones de hectáreas forestales entre 2001 y 2024. La tarde de ayer, la senadora Maki Esther Ortiz citó esa cifra y añadió: el 95 por ciento de esa pérdida es ilegal. El dato contrasta con las autorizaciones excepcionales de cambio de uso de suelo, que apenas cubren entre 12 mil y 13 mil hectáreas anuales.
Con ese panorama, el Senado respaldó por unanimidad, con 92 votos, el dictamen que dota al Estado mexicano de nuevas herramientas contra la deforestación y para la protección de los ecosistemas forestales. El texto pasó a la Cámara de Diputados.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió la propuesta el 21 de mayo pasado. El proyecto modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El texto define la deforestación como la pérdida de vegetación forestal, ya sea por causas inducidas o naturales. El dictamen del Senado reserva a la Federación, y en particular a la Semarnat, la facultad de emitir el certificado “Libre de deforestación”.
El certificado confirma que un predio está fuera de terrenos forestales o que, siendo forestal, cuenta con permiso para cambiar su uso de suelo. No reemplaza otros permisos, autorizaciones u obligaciones ambientales. Su función es acotada: brinda certeza sobre un punto específico y comprobable, la condición forestal del terreno y la legalidad de su cambio de uso.
La senadora del PVEM Maki Esther Ortiz sostuvo que el cambio legislativo aporta certidumbre sobre el origen de los terrenos usados para actividades productivas. La legisladora advirtió que la deforestación no se explica únicamente por la tala, sino por redes ilegales que debilitan las economías comunitarias, fomentan el aprovechamiento irregular y dañan servicios ambientales esenciales.
La presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del Senado recordó que, de acuerdo al Programa Nacional Forestal, la tala ilegal genera pérdidas de hasta 97 mil millones de pesos al año y de hasta 20.7 mil millones en ingresos fiscales.
El dictamen sostiene que la deforestación ya no es solo un asunto ambiental. Ahora incide en la seguridad climática, el comercio internacional y la trazabilidad de las cadenas de suministro, según los senadores.
Entre algunas de las causas que se enlistan destacan los sembradíos de agave para tequila y mezcal, pues su expansión ha reducido la cobertura de selvas caducifolias en Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Nayarit.
El documento también señala cultivos como palma de aceite, soya, sorgo, maíz, caña de azúcar y cítricos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El aguacate, por su parte, ha avanzado sobre bosques de pino, sobre todo en Michoacán de Ocampo y Jalisco.
Los legisladores mencionaron otras actividades con alto impacto, aunque menor superficie deforestada: desarrollos turísticos, minería y proyectos inmobiliarios.
Ortiz Domínguez consideró que el certificado es un instrumento valioso para dar mayor trazabilidad y certeza jurídica al uso de los recursos naturales. La senadora agregó que cuidar los ecosistemas no implica frenar el desarrollo. Implica, dijo, crear mejores condiciones forestales para la sustentabilidad, conservar el territorio y proteger la biodiversidad.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
