Más de 100 casos de desaparición forzada involucran a funcionarios públicos de Jalisco
Investigadores revelan las alianzas entre policías y grupos criminales en casos de desaparición en Jalisco
La desaparición ocurrió cuando se dirigían en coche a Guadalajara, desde Autlán de Navarro, Jalisco. Era febrero de 2018 y ellos, una familia de cuatro, fueron detenidos por policías municipales. Uno de ellos envió un mensaje a su pareja por WhatsApp, le dio números de identificación de las patrullas. Minutos después escribió:
—Ya todo bien, ya vamos para Guadalajara.
—¡Bendito Dios! ¿Qué les dijeron? —preguntó ella, ya no obtuvo respuesta.
Las cuatro personas nunca llegaron a su destino. Están desaparecidas desde entonces. Este es solo uno de los casos en los que personas detenidas por autoridades de Jalisco desaparecen así, sin más.
Policías, agentes de la Fiscalía local, militares, marinos y elementos federales han participado en más de 100 casos de desaparición en Jalisco. Así lo revela un estudio de periodistas y expertos coordinados por el profesor Jorge Ramírez Plascencia, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro
El reporte Desaparición forzada en Jalisco. Más que casos, el motor de su crisis de personas desaparecidas (escrito en coautoría por Elsa Martha Gutiérrez, Marck Hernández, Rubén Martín, Joseph Olid, Enrique Osorio, Lauro Rodríguez y Jorge Ramírez) se basa en una muestra de 160 casos confirmados y probables de desaparición que involucran a servidores públicos.
La muestra deriva de sentencias condenatorias (para casos confirmados) y en denuncias activas en las que existen indicios de participación estatal (para casos probables). En la revisión se estableció que en total 313 personas fueron desaparecidas.
Según el análisis, las víctimas fueron acusadas de presuntos delitos o detenidas arbitrariamente. A los detenidos se les imputaron robos, agresiones domésticas, posesión de armas o hubo extorsiones a las familias con la falsa promesa de liberarlos.
Desaparecer en manos de autoridades
Miguel Ángel Medina de Niz fue desaparecido el 8 de febrero de 2018 en Autlán de Navarro. Según la queja 2606/2018-III, fue subido a una camioneta por personal de la Secretaría de Marina (Semar) vestidos de civil. La recomendación 25/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) acreditó diversas omisiones que vulneraron los derechos humanos de Miguel Ángel, quien es buscado por su hermano Aarón y que ese mismo año señaló a la Marina como la autoridad responsable.
Lauro Rodríguez, reportero de Diario NTR y parte del equipo que elaboró el informe, señala en entrevista con Fábrica de Periodismo que existe una “asociación delictiva” entre policías y grupos criminales, tal como lo describen las sentencias judiciales que el equipo de investigadores pudo revisar.
Así los casos que involucran colusión:
- En Tecalitlán dos ciudadanos italianos que buscaban a un familiar desaparecido fueron entregados por policías a un jefe de plaza de un grupo criminal en enero de 2018, los hombres siguen desaparecidos y los policías fueron condenados a prisión tras identificarse audios que acreditan el vínculo criminal (queja 904/2018).
- Un hombre detenido en Tlaquepaque por presunta posesión de arma de fuego fue liberado sin explicación por el juez municipal y momentos después secuestrado por un comando armado que se presentó como “policía del estado” (queja 3202/2020).
- En Mexquitic, policías detuvieron a tres personas en septiembre de 2020. Según la descripción de hechos de la sentencia, los policías actuaron bajo las órdenes de un grupo delincuencial, nunca los presentaron ante la autoridad judicial y dos de las personas fueron encontradas muertas (queja 315/2021).
- En 2017, cuatro personas fueron detenidas en un taller mecánico de San Pedro Tlaquepaque por presuntos agentes de investigación que los subieron a una camioneta. Debido al “consentimiento desde arriba”, policías que ubicaron la camioneta recibieron la orden de dejar ir a los captores (queja 3839/2017)
Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro
Según los datos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, en la administración de Enrique Alfaro (2018-2024) hubo elementos para ejercer acción penal en contra de 305 servidores públicos por el posible involucramiento en desapariciones forzadas.
La muestra estudiada revela que, de los 160 casos, se atribuyó la responsabilidad de servidores públicos en 142: en 85 casos a la policía municipal, en 47 a la Fiscalía, en 8 a fuerzas federales y en 2 a la policía estatal; en el resto de casos existen referencias a “patrullas” o “policías”.
Lauro Rodríguez insiste en que “quienes deberían estar atendiendo, previniendo (las desapariciones), también son en parte perpetradores”, una situación que agrava la crisis de derechos humanos, que en todo el país acumula más de 110 mil personas no localizadas.
Jóvenes: víctimas recurrentes de desaparición en Jalisco
De las más de 300 personas desaparecidas que fueron identificadas, 80 de ellas corresponden al “halconazo tapatío”, una acción represiva en la que la Fiscalía de Jalisco violentó y desapareció a manifestantes entre el 4 y 6 de junio de 2020, cuando protestaban por la detención arbitraria y ejecución extrajudicial de Giovanni López, un hombre asesinado “por no portar cubrebocas”, en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Una recomendación de la CNDH acreditó las torturas, el uso excesivo de la fuerza y las desapariciones transitorias de decenas de jóvenes en edad estudiantil. “Fue catalogada como la desaparición forzada porque fueron detenidos sin orden judicial, nunca los registraron y los dejaron en sitios alejados de la ciudad mediante amenazas”, apunta Lauro Rodríguez.
Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro
De acuerdo con la muestra de los casos estudiados, la mayoría de víctimas se sitúan entre los 21 y los 40 años de edad, destacando incluso siete casos de adolescentes y jóvenes en el rango de los 11 a los 20 años.
Fuente: Informe Desaparición forzada en Jalisco. Más que casos, el motor de su crisis de personas desaparecidas.
Para muestra, otra sentencia: un menor de edad que fue atropellado por policías de Guadalajara, posteriormente desaparecido transitoriamente y abandonado a su suerte. Aunque fue atendido por medicos murió por las heridas (carpeta 88498/2020).
“Sí Jalisco enfrenta hoy una crisis de personas desaparecidas, es porque la desaparición forzada no se limita a casos aislados de algunos policías, ni solo a unas cuantas coaliciones político-criminales articuladas con ese fin, sino que se ha convertido, por miedo, impotencia y/o corrupción, en un modo rutinario, generalizado y aceptado de ejercer violencia a gran escala”, concluye el informe.
