Mujeres indígenas acusan “racismo institucional” en políticas de salud sexual y reproductiva
"No podemos hablar de justicia social mientras se sigan negando los derechos sexuales y reproductivos bajo lógicas coloniales y centralistas”, señalaron voceras de la ANPMI.
La brecha anticonceptiva y de salud sexual perjudica a las juventudes de comunidades indígenas: sólo el 26.6 % de las mujeres adolescentes hablantes de lenguas indígenas, utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, de acuerdo con datos del Inegi.
Para la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), esta situación “refleja la falta de políticas públicas culturalmente pertinentes, así como la ausencia de campañas de información en lenguas indígenas”.
Por ello, las integrantes de la ANPMI –un espacio de articulación de redes de mujeres indígenas en México– lanzaron la campaña Ejercemos nuestra sexualidad gozosa, a través de la cual buscan denunciar el racismo institucional y las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas en el país.
Un aspecto crucial de la campaña es resaltar que la falta de información en lenguas indígenas limita el acceso de las comunidades a servicios de salud sexual adecuados, libres de racismo y discriminación.
Las asambleístas alertan sobre las diferencias en el tipo de métodos anticonceptivos utilizados: mientras el 62.7% de la población no indígena recurre a opciones no hormonales, como el condón o el dispositivo intrauterino, en comunidades indígenas el 77.9% depende de métodos hormonales, como inyecciones o pastillas.
“Decidir sobre nuestros cuerpos es un acto de autonomía y defensa del territorio más inmediato que habitamos. No podemos hablar de justicia social mientras se sigan negando los derechos sexuales y reproductivos bajo lógicas coloniales y centralistas”, señalaron voceras de la campaña.
Criminalización de la partería tradicional
En México, la tasa específica de fecundidad en adolescentes es de 45.2 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. Entre las adolescentes hablantes de lengua indígena, la cifra se duplica (90.3).
Los estados con mayor tasa de fecundidad adolescente en México son Guerrero (82.1), Chiapas (78.6), Zacatecas (74.4) y Durango (71.5), con más de 70 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. En contraste, las tasas más bajas se registraron en Ciudad de México (19.2), Quintana Roo (39.1), Baja California Sur y Querétaro (ambas con 39.4 nacimientos).
Las mujeres indígenas denuncian que los embarazos no deseados podrían prevenirse con la implementación de políticas públicas orientadas a promover salud sexual y reproductiva en las comunidades.
En cuanto a la salud obstétrica, las comunidades defienden prácticas de salud y cuidados ancestrales para atenderse, como la partería. A pesar de que en 2024 se reformó la Ley General de Salud para reconocer el trabajo de las parteras tradicionales, esta labor sigue siendo criminalizada.
Hace apenas 20 días, cien parteras tradicionales se manifestaron en Chiapas y denunciaron que aún se enfrentan a restricciones, acoso y criminalización. Esto resulta alarmante porque en 2025 Chiapas fue el segundo estado que más muertes maternas registró, después del Estado de México.
Exigencias institucionales urgentes
La ANPMI exige a las instituciones gubernamentales implementar programas de Educación Integral en Sexualidad (EIS) adaptados a la cosmovisión y lenguas de los pueblos indígenas, así como la asignación de recursos públicos para la contratación de intérpretes y capacitación obligatoria antirracista para el personal de salud.
Las mujeres de la Asamblea también demandan el acceso al aborto gratuito y seguro directamente en las comunidades, eliminando las barreras lingüísticas y los traslados forzados, además de la prohibición y sanción de cualquier tipo de presión institucional, familiar o comunitaria sobre las decisiones reproductivas de mujeres y juventudes.
De igual forma, piden que se garantice el reconocimiento y pago digno a las parteras tradicionales como parte fundamental de la salud sexual y reproductiva, permitiendo un modelo de atención que respete los saberes ancestrales.
Otra exigencia es la aplicación de protocolos estrictos con sanciones inmediatas para erradicar las esterilizaciones forzadas, el maltrato hospitalario y la negligencia médica rural. En su lugar, demandan la instalación de módulos comunitarios de atención juvenil que distribuyan antifecundativos de forma gratuita, confidencial y en su propia lengua.
Y por último, las mujeres de la ANPMI piden políticas públicas que reduzcan el embarazo en menores de edad mediante el acceso escolar garantizado y el combate a la violencia sexual.
