Organizaciones cuestionan inversión millonaria en elRío Atoyac: no ataca el origen
Bárcena anunció más de 1,300 jornadas de limpieza. En el río Atoyac, comunidades advierten riesgo sanitario y reclaman participación real.
Las comunidades y organizaciones de base comunitaria de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) sostienen que la política ambiental del gobierno federal, presentada bajo el nombre “Política ecológica y ambiental humanista”, no atiende las causas de fondo de la crisis socioambiental y, por el contrario, profundiza los agravios en las zonas reconocidas como Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental. La crisis, advierten, ya ha cobrado la vida y la salud de quienes habitan, trabajan y transitan esos territorios.
El pronunciamiento, firmado por 41 organizaciones y colectivos, responde al segundo informe de gobierno del sector ambiental que la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, y el director de Conagua, Efraín Morales, presentaron durante la Mañanera del 30 de septiembre. En ese acto, ambos funcionarios afirmaron que los principios humanistas son “su brújula de acción”. Las comunidades responden que las acciones anunciadas son “performativas y onerosas” y que van en sentido contrario a esos principios.
El documento, fechado en Tlaxcala de Xicohténcatl el 5 de octubre de 2026, sostiene que las medidas presentadas violan derechos humanos como el acceso a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y su saneamiento, a la información y a la justicia, en tanto no atacan las causas que produjeron la devastación socioambiental.
Riesgos sanitarios
El tema de mayor tensión es el riesgo sanitario. Durante la visita a Tlaxcala del relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos A. Orellana, se midieron en tiempo real las condiciones de un tramo del río Atoyac. Los resultados, citados por las organizaciones, arrojaron que la presencia de benceno, cloruro de vinilo y clorobenceno excede los niveles de seguridad de riesgo para humanos en 80%, 45% y 401%, respectivamente.
Esa medición, sostienen, comprueba que los niveles de contaminación en las zonas ribereñas de la Cuenca del Alto Atoyac y su exposición persistente representan un riesgo sanitario para la población. En ese contexto, las organizaciones ven con preocupación el anuncio de más de 1,300 jornadas de limpieza en ríos, mares y costas. Advierten que la exposición a sustancias tóxicas en esos cauces supone un grave peligro para la salud de quienes acuden de buena fe sin contar con información. “Si en eso consiste la participación social en su política ambiental, lo mejor es que se detengan”, señalan.
El debate presupuestario
Frente a la afirmación oficial de una “inversión histórica” —con presupuestos superiores a 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, y más de 80 mil millones en 17 proyectos estratégicos—, las comunidades responden que ningún monto dará resultados si no se trabaja conjuntamente con la sociedad y si no se atajan las causas de fondo. Entre esas causas mencionan la contaminación tóxica, que a su juicio requiere, entre otras medidas, el endurecimiento de las normas ambientales.
Las organizaciones advierten que la crisis no se resolverá con costosas plantas de tratamiento. Señalan que la primera fase del plan contempla únicamente la parte menos contaminada de la cuenca, lo que a su entender representa un derroche de recursos que podrían aprovecharse si las comunidades, las organizaciones de base y la academia participaran en el diseño, la evaluación y el seguimiento de un “plan de saneamiento integral”. Ese plan, agregan, debe incluir además un programa de salud que prevenga y atienda a la población enferma por la contaminación.
En ese punto, las organizaciones citan el informe que Orellana presentó tras su visita a México. El relator señaló que la construcción de plantas de tratamiento que no atienden la carga tóxica industrial “resulta insuficiente, puesto que no apunta a la prevención del daño ambiental ni tampoco logra una reparación integral”. Agregó que esa omisión no solo afecta a la generación presente, sino que “también hipoteca el futuro de las próximas generaciones”.
La disputa por el agua
El tercer eje de fricción es la definición del agua. Efraín Morales afirmó que el cambio de paradigma neoliberal consiste en tratar ese recurso como un derecho humano y no como una mercancía. Las organizaciones contrastan esa afirmación con la propuesta de Bárcena de implementar el “pago por servicios ambientales” para mitigar el cambio climático. Una afirmación que podría interpretarse como la implementación de facto una transacción de dinero por los recursos naturales.
El documento recuerda que el derecho humano al agua se incluyó en la Constitución en 2012 y que desde entonces se pretendió reglamentar que ese derecho se limitaba a 50 litros diarios por persona. La propuesta no prosperó. Sin embargo, desde diciembre de 2025 existen dos leyes: la Ley General de Aguas, que reglamenta el derecho humano al agua, y la Ley de Aguas Nacionales, que “pretende ordenar las concesiones”. Ante ese escenario, las comunidades plantean una pregunta: cuando una concesión a una gran corporación se contraponga a su derecho humano al agua, ¿cuál es la ley que valdrá.
Las comunidades de la Cuenca del Río Atoyac afirman que han sido históricamente afectadas porque se ha subordinado su bien común a intereses corporativos que se enriquecen con la explotación de su fuerza de trabajo y de los recursos naturales de sus territorios, a costa de su salud, su cultura y su campo. Por eso, sostienen, llevan más de 30 años afirmando que “no hay justicia social sin justicia ambiental”. Esa consigna, señalan, hoy es adoptada por la política ambiental del actual gobierno, pero, dicen, nuevamente las excluye, no ataja las causas de fondo y se autojustifica con el monto presupuestario del que dispone.
Las demandas mínimas
Para que exista justicia socioambiental, las organizaciones plantean seis demandas concretas. Primero, garantizar lo necesario para disminuir y eliminar la presencia de tóxicos industriales en aire, agua y suelos, que estudios científicos realizados en la cuenca por más de 20 años han documentado como principal causa de la devastación ambiental. Segundo, detener la remoción y el movimiento de sedimentos y vegetación en el Río Atoyac y sus afluentes, arroyos y lagos sin estudios que permitan un manejo seguro ante la presencia de contaminantes tóxicos en la cuenca del Alto Atoyac. Tercero, garantizar la atención a la salud de las personas afectadas por las condiciones ambientales persistentes.
Cuarto, incluir a las comunidades en el análisis y la toma de decisiones sobre los proyectos en la CAA, respetando su voluntad, sobre todo cuando digan “no” si esos proyectos afectan gravemente sus territorios y sus vidas. Quinto, detener los procesos de gentrificación y urbanización salvaje impulsados desde los gobiernos locales y estatales. Sexto, respetar integralmente todas las formas de vida existentes en sus montañas, ríos y comunidades.
El pronunciamiento cierra con una advertencia: “El humanismo ambiental no puede sacrificar la vida y la salud de quienes habitamos el territorio”. Y con la consigna que resume su posición: “¡No hay justicia social, sin justicia ambiental! ¡Queremos un Atoyac – Zahuapan sin venenos industriales!”.
