Día Mundial del Hábitat: las voces detrás de los desalojos forzosos en la CDMX

Rufina Galindo, representante de la Red de Desalojadas de la Ciudad de México, lo dice sin rodeos: una buena parte de las y los afectados por los desalojos forzados en la capital son personas adultas mayores. “A lo mejor pueden decir: ‘Bueno, ya están grandes, ya les toca descansar’. No, compañeros: nos toca luchar, luchar por algo, por una vivienda digna para todos, para que nuestra voz sea escuchada”, afirma.

Estamos en la Alameda Central, en la Plaza Palestina Libre —antes, Hemiciclo a Juárez—. Hoy es 5 de octubre, Día Mundial del Hábitat, y varias organizaciones agrupadas en torno al Movimiento Urbano Popular (MUP), el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (Copevi) y la Coalición Internacional por el Hábitat (HIC) han convocado a este mitin para debatir sobre las problemáticas dentro y fuera de la ciudad: la vivienda es uno de los temas centrales, pero también se habla de Palestina y la presencia de empresas zionistas en México, de la lucha de la Bahía de Ohuira contra una megaplanta de amoniaco, de las implicaciones de aprobar el fracking en territorio mexicano…

Pero el caso de Rufina Galindo es especial. Esta mujer de 72 años fue la última habitante del edificio ubicado en la calle Zapata, número 68, en el Centro Histórico. El 13 de julio de 2016 cientos de granaderos irrumpieron en el edificio para desalojar a todos los vecinos. A ella lograron expulsarla 7 años después. Hoy, ese edificio de vivienda es utilizado como bodegas para almacenar telas y productos chinos.

Sin embargo, tras un año de gestiones, en coordinación con el Movimiento Urbano Popular y el Instituto de la Vivienda, Rufina Galindo pudo acceder a un crédito para vivienda social y ahora vive en un departamento cerca de Garibaldi. Es uno de los pocos casos en que una persona desalojada ha logrado una restitución por parte del gobierno capitalino.

“Yo tengo una casa ahora, sí. Pero nos toca luchar ahora por todos nuestros compañeros y compañeras a quienes se les quitó la casa”, insiste Rufina, quien con otras compañeras desalojadas formaron la Red de Desalojadas de la Ciudad de México. En más de una ocasión, esta organización vecinal señaló como responsable de los desalojos forzados al Tribunal de Justicia de la Capital, por la manera en que violaban debidos procesos para facilitar desalojos sin una base legal.

Un debate abierto en la capital

El testimonio de Rufina es poderoso en tanto convoca y congrega otros casos cercanos. El acceso a la vivienda es, desde hace un par de años, uno de los principales debates en la Ciudad de México.

Pero algo ha cambiado. A Rufina la escuchan no sólo los integrantes de su propio colectivo o del Movimiento Urbano Popular, con quien suele asistir a asambleas cada semana. Aquí están algunos vecinos desalojados de Cuba 11, que recién festejaron la expropiación del edificio del que fueron expulsados. También acudieron algunos vecinos del Edificio Isabel, en Tacubaya, que han resistido el proceso de acoso inmobiliario que busca expulsarlos de manera silenciosa. Hay también desalojados de López 27, de Fray Servando 200, del Edificio Trevi en Colón, de Isabel la Católica 99 y más.

Cada vez más, las personas afectadas por la gentrificación y la especulación inmobiliaria deciden alzar la voz y denunciar el desequilibrio. En principio, porque se trata de un problema global en el que otras ciudades están tomando medidas efectivas para combatirlo —en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani decidió congelar las rentas recientemente; en Barcelona anunciaron la extinción de todas las licencias de apartamentos turísticos tipo Airbnb para 2028—. También, Clara Brugada, jefa de gobierno capitalina, hace 14 meses, anunció el Bando 1: un paquete políticas para combatir la falta de acceso a la vivienda. Estas medidas que aún no se han visto reflejadas en la práctica y, al contrario, con el Mundial de Futbol en la Capital, el negocio de Airbnb se aceleró a niveles pocas veces visto.

Apenas ayer, durante su informe de gobierno, Brugada anunció el envío al Congreso local de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles para limitar los aumentos anuales de alquiler al índice de inflación y evitar el desplazamiento forzado. Asimismo, destacó el incremento del presupuesto para vivienda y la creación de la Defensoría Inquilinaria para proteger a los habitantes frente a abusos inmobiliarios.

Y sin embargo, los desalojos siguen.

El despojo, caso por caso

Ivonne López Nicolás narra el desalojo que sufrieron las familias indígenas mazahuas originarias de Pueblo Nuevo, Estado de México, el 9 de mayo de 2014. Habitaban el predio de Fray Servando número 200. Más de 50 familias fueron expulsadas por la mañana por un gran despliegue de policías y granaderos. Las familias pagaban renta a un hombre llamado Carlos Pérez. Durante el desalojo descubrieron que él no era el dueño real del inmueble, por lo que fue detenido por fraude, dejando a las familias desamparadas. Como comerciantes sin sueldo fijo, les resulta sumamente difícil pagar rentas en el centro de la ciudad, costear la educación de sus hijos y los medicamentos de sus familiares de la tercera edad.

En la colonia Roma, la señora Evangelina relata el desalojo en Colima 17. “Fui víctima de un desalojo, mis hijos y yo fuimos despojados. Después de sufrir ese desalojo, tuvimos que separarnos, vivir en viviendas diferentes. Es un daño psicológico muy fuerte, moral…”. Hoy Colima 17 es un inmueble que ofrece “departamentos para extranjeros”.

Evangelina es parte del Colectivo de Mujeres contra la Gentrificación en la Roma-Condesa, en el que también participan mujeres desalojadas del edificio conocido como Casa Oliva. Se trataba de una vecindad tradicional e histórica ubicada en Puebla 74, colonia Roma. Hoy el inmueble ha dejado por completo de ser vivienda y se ha convertido en una sede más de Airbnb, con 15 o 20 habitaciones que se cobran entre 500 y 600 dólares por noche.

Las causas estructurales

La Coalición Internacional por el Hábitat (HIC), en su declaración anual, identifica una serie de factores interconectados que agravan la situación de vivienda en esta y otras ciudades de México. La financiarización de la vivienda crea mercados especulativos que socavan el acceso a la vivienda. El desplazamiento climático agrava la vulnerabilidad en las comunidades. Las desigualdades estructurales empujan a las comunidades marginadas hacia situaciones de vida precaria. Y los marcos jurídicos débiles no ofrecen salvaguardas suficientes.

“Los sistemas de justicia que interpretan la ley desde la perspectiva de la propiedad como un bien de mercado, en lugar de como un derecho humano, agravan aún más estas violaciones”, advierte la declaración. “Es imperativo garantizar que los derechos de los arrendatarios y ocupantes estén protegidos por encima de los intereses del mercado.”

José Antonio, de la comunidad de República de Cuba 11, lo confirma. Tras un duro proceso de plantones, campamentos y afectaciones a la vida familiar y laboral, lograron la expropiación del predio. Pero algunas personas fallecieron en la calle durante la lucha sin poder regresar a sus hogares. Denuncia que muchos desalojos son en realidad despojos disfrazados, operados mediante fraudes procesales como “ganarle juicios a personas fallecidas sin darles el derecho a ser oídos y vencidos en juicio”.

Responsabilidades y salidas

La HIC sostiene que los Estados tienen obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de salvaguardar el derecho a la vivienda, aplicar las regulaciones contra los desalojos forzosos y garantizar el acceso a la justicia. Los actores del sector privado —promotores inmobiliarios, instituciones financieras y entidades del mercado de la vivienda— deben cumplir las normas de derechos humanos y reparar el daño cuando este se produzca.

“Las comunidades afectadas por los desalojos forzosos no son únicamente víctimas, aportan perspectivas, conocimientos y experiencias invaluables. Sus voces deben ser elevadas en todos los diálogos sobre derechos y soluciones”, subraya la declaración.

La HIC enumera experiencias replicables: la protección del hogar, la regularización y la prescripción administrativa de inmuebles en favor de sus habitantes, el reconocimiento del derecho de compra preferente, el acompañamiento estatal en procesos de regularización dominial y la regulación y protección de los alquileres. A esto se suman asesorías legales, equipos interdisciplinarios, instancias de mediación, centros barriales de acceso a la justicia y créditos o subsidios para afrontar costos de regularización.

“El objetivo es construir una red de herramientas jurídicas, sociales, técnicas y económicas capaces de intervenir temporalmente y evitar que los conflictos culminen en la pérdida de la vivienda”, concluye la HIC.

Síguenos en Google