L.A. Times: Estados Unidos revoca visas e investiga a Américo Villareal y Alfonso Durazo
Visas de gobernadores Durazo y Villarreal habrían sido revocadas por investigación de EU. 'La información es completamente falsa', responden.
La administración de Donald Trump habría revocado las visas y abierto investigaciones criminales contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, ambos miembros del partido Morena y cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, según una publicación del diario Los Ángeles Times.
La noticia amenaza con tensar aún más la relación bilateral, en un momento en que el gobierno estadounidense ha designado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y presiona para que sus fuerzas puedan operar al sur de la frontera.
Esta información llega apenas dos meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también de Morena, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La presidenta Sheinbaum ha calificado esas acciones como una interferencia en los asuntos internos de México y una violación a la soberanía nacional. “Qué intención con quitar la visa… ¡y más hacerlo público!”, declaró la mandataria en su conferencia matutina del 3 de junio, al tiempo que señaló que los gobernadores “tienen que aclarar” la información.
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Un permiso especial para ingresar a EE.UU.
La investigación de Los Ángeles Times está basada en fuentes anónimas y no cita documentos oficiales ni judiciales. Según la publicación, a ambos mandatarios estatales se les habrían cancelado sus visas en el marco de investigaciones penales. En el caso de Durazo, la cancelación habría ocurrido “desde el año pasado” y las autoridades estadounidenses lo investigan por presuntos vínculos con el crimen organizado. Villarreal, por su parte, presuntamente enfrenta una pesquisa relacionada con el contrabando de combustible robado, actividad conocida en México como huachicol.
Según la publicación, tanto Durazo como Villarreal continúan ingresando a territorio estadounidense, pese a la supuesta revocación de sus visas, gracias a un mecanismo denominado “libertad condicional por beneficio público significativo” (Significant Public Benefit parole). El programa permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos o contra otros. En el caso de Villarreal, fuentes anónimas consultadas por el diario señalan que cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos suele ser escoltado por oficiales estadounidenses.
Durazo, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), viaja con regularidad a Estados Unidos para recibir atención médica especializada. Según la publicación, lo hace gracias a ese mismo esquema migratorio.
Gobiernos de Sonora y Tamaulipas desmienten a L.A. Times
El gobierno de Sonora respondió a los señalamientos a través de Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social.“Es completamente falsa la información publicada por el medioLos Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, escribió Terán en redes sociales. El gobierno sonorense rechazó categóricamente “cualquier señalamiento sin sustento”.
Por su parte, Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social del gobierno de Tamaulipas, negó de manera “categórica y contundente” las afirmaciones. “No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado. Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos”, argumentó. En una declaración remitida a Los Ángeles Times, el gobernador Villarreal calificó las acusaciones de falsas, sesgadas y carentes de pruebas, y afirmó que como funcionario público siempre ha actuado con transparencia y responsabilidad.
Rocha Moya y la presión de Trump
Las investigaciones contra Durazo y Villarreal se suman a la acusación formal que un gran jurado en Nueva York emitió en abril pasado contra Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa. Estados Unidos lo acusa, junto con otros nueve funcionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales. Rocha Moya pidió una licencia de su cargo y enfrenta una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense.
Hace unas semanas, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió con la presidenta Sheinbaum y le expresó que el gobierno de Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos. Sheinbaum respondió que el destino del gobernador se determinará en México, y advirtió a Mullin que acusaciones adicionales contra líderes electos serían consideradas una interferencia política en los asuntos del país.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha reiterado en varios discursos que México está controlado por los cárteles, una postura que el Ejecutivo mexicano ha rechazado sistemáticamente. Trump designó a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas y ha presionado para que las fuerzas estadounidenses puedan atacarlos en territorio mexicano, algo que Sheinbaum rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país.
Cancelaciones masivas como herramienta de presión
La cancelación de las visas de Villarreal y Durazo, todavía no confirmada, es parte de una estrategia más amplia. Este mecanismo de presión ha sido usado últimamente de manera recurrente por parte del gobierno estadounidense contra funcionarios mexicanos. En diciembre de 2025, al menos 50 funcionarios de todo el espectro político perdieron sus documentos. Entre ellos se encuentran la gobernadora morenista de Baja California, María del Pilar Ávila, y el exgobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo (2015-2021).
En abril de 2026, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, advirtió que los inversionistas requieren certeza y “un entorno libre de corrupción”, en el marco de una campaña más amplia cuyo blanco son funcionarios mexicanos sospechosos de tener nexos con el crimen organizado. La presidenta Sheinbaum pidió al embajador que “respete los asuntos internos” de México, después de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.
