Estados Unidos cambia su estrategia contra las drogas: apunta a México
La nueva estrategia contra las drogas de Estados Unidos condiciona la cooperación con México a resultados tangibles. Amenaza con intervención.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas, publicada este lunes por el gobierno de Estados Unidos, equipara el impacto de sustancias como el fentanilo ilícito y sus precursores químicos con el daño provocado por un arma de destrucción masiva e insiste en clasificar a seis organizaciones criminales presentes en México como organizaciones terroristas.
A lo largo de 195 páginas, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, plantea una redefinición en la manera de entender y enfrentar la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos.
Por un lado, el documento reconoce la responsabilidad del flujo de armas de Estados Unidos hacia México como un elemento crítico, pues este armamento nutre y blinda al crimen organizado, anuncia que fuerzas federales emprenderán investigaciones y operativos con el fin de desmantelar las redes de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y Canadá, así como las redes de contrabando en el Caribe.
Por otro lado lado, el gobierno de Estados Unidos advierte que la colaboración con México y su asistencia en esta materia estará “condicionada a resultados tangibles, incluyendo la toma de medidas apropiadas para arrestar, procesar y extraditar a los líderes de las FTOs y para desmantelar los laboratorios de drogas sintéticas“. De no cumplirse, la Casa Blanca amenaza en usar todos sus recursos para paralizar la logística de los grupos criminales en México: recursos legales, diplomáticos, aislamiento económico o incluso una intervención militar directa.
Un cambio de paradigma legal
La clasificación como FTO (siglas en inglés de Foreign Terrorist Organization, Organización Terrorista Extranjera) no es simbólica. El gobierno de Donald Trump ha designado a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noroeste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Esta manera de nombrar a los cárteles u organizaciones extranjeras, así como equiparar a las drogas con armas de destrucción masiva, son mecanismos legales que le permiten a Estados Unidos utilizar “herramientas antiterroristas” —incluidas las previstas en los Títulos 10 (Fuerzas Armadas) y 50 (Guerra y Defensa Nacional) del Código estadounidense— para internarse en México y atacar a estas organizaciones, incluso sin coordinación con el gobierno mexicano.
Este cambio otorga nuevas facultades para atacar la totalidad de las redes criminales, incluidos sus sistemas de apoyo financiero y logístico, utilizando herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas para combatir al crimen organizado en México, pues considera a estas como una amenaza nacional.
La inteligencia detallada, añade el documento, se utilizará para identificar a líderes clave y planificadores operativos para su investigación, arresto, extradición y enjuiciamiento, con el objetivo final de debilitar su capacidad para operar como una empresa global cohesionada.
La frontera y el tráfico de armas
La estrategia reconoce explícitamente el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México como un factor que fortalece a los cárteles. Señala que interrumpir el tráfico de armas de fuego hacia el sur es un “elemento crítico”, ya que estas armas empoderan a las organizaciones criminales en su capacidad operativa y de control territorial.
Para detener esto, las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTFs), con la participación robusta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia, “liderarán investigaciones para desmantelar las redes de tráfico ilegal de armas de fuego”, no sólo en México, sino en Canadá y el Caribe. Será la misma HSTF quien “coordinará las investigaciones para desmantelar estas redes de contrabando con el fin de debilitar a las FTO”.
Sin embargo, la frontera terrestre de casi 2,000 millas con México es descrita, sobre todo, como el principal corredor de drogas ilícitas, drogas que el gobierno estadounidense considera “armas de destrucción masiva”. Opioides ilícitos —especialmente fentanilo—, metanfetamina y cocaína se trafican a través de los puntos de entrada oficiales, ocultos en vehículos de pasajeros o mezclados con bienes legítimos en camiones de carga comercial.
Por ello, el documento indica que la administración del Presidente Trump se encuentra “ampliando el muro a lo largo de nuestra frontera suroeste” como una de las acciones para combatir el crimen y la crisis de drogas. Esto incluye la “construcción y mantenimiento estratégico de barreras físicas, como muros y cercas, en corredores ilícitos de alto tráfico” entre los puertos de entrada, además de una red extendida de torres de vigilancia, sensores terrestres y drones que vigilarán día y noche la frontera.
Operaciones conjuntas o sutil intervencionismo
La estrategia incluye el fortalecimiento de operaciones conjuntas entre ambos países, incluyendo intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y desarrollo de capacidades institucionales en México. Como ejemplos, el documento destaca una operación coordinada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación que derivó en el arresto de María del Rosario Navarro Sánchez en mayo de 2025, la desarticulación de un túnel entre Ciudad Juárez y El Paso, y el decomiso de drogas, armas y efectivo.
En el caso de la captura de Navarro Sánchez, los agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional se coordinaron extensamente con la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, la cual consiguió la asistencia y participación de las fuerzas del orden mexicanas. La operación utilizó múltiples técnicas de investigación sofisticadas, como registros, intercepciones telefónicas internacionales y operaciones encubiertas.
Estas estrategias efectuadas chocan, sin embargo, con el discurso de soberanía y no intervención que enarbola Claudia Sheinbaum y el partido Morena. En días recientes, la misma Sheinbaum ha rechazado acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sheinbaum declaró que Washington debe proporcionar evidencia y seguir el debido proceso.
Por otro lado, el caso de la operación antinarcóticos en Chihuahua efectuada por agentes de la CIA, en coordinación con un gobierno local, y aparentemente sin dar parte al gobierno federal, ha sido rechazada tajantemente por la presidenta.
