Violencia y despojo en el Istmo por el megaproyecto del Corredor Interoceánico
Se registran desde intentos de homicidio hasta excesivas penas de prisión contra quienes se oponen al Corredor Interoceánico. Los agresores son, principalmente, funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado.
Elementos armados de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, cuerpos policiacos estatales y municipales, funcionarios y entes privados han cometido, al menos, 226 actos de violencia en contra de quienes defienden sus tierras y formas de vida en el Istmo de Tehuantepec de los impactos que ha generado la construcción del Corredor Interoceánico entre Veracruz y Oaxaca.
Los ataques documentados van desde homicidios, agresiones físicas, uso indebido de la fuerza, hostigamiento, desalojos y desplazamientos forzados hasta allanamiento de morada, intimidación, desaparición, amenazas, despojo, detención arbitraria y judicialización de la protesta social.
Sumado a los elementos militares y policiacos, se identificaron también a funcionarios de la Procuraduría Agraria, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Registro Agrario Nacional, de los poderes judiciales y de las fiscalías estatales y federal, de la fuerza civil de Veracruz, además de personal de empresas constructoras, así como delincuencia organizada y caciques.
De acuerdo con el Informe Misión Civil de Observación elaborado por 23 organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, y por colectivos comunitarios de la región, el Corredor Interoceánico se encuentra en un proceso acelerado de construcción al ser considerado un proyecto prioritario del gobierno federal. Esto ha agudizado la violencia y la seguridad militar extrema.
“Existe una marcada desigualdad –precisa el Informe– en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se expresa en el despojo de los territorios de las comunidades indígenas y población istmeña por grupos con poder económico y político, acompañado de procesos de militarización, desplazamiento forzado y exclusión de impartición de justicia”.
El reporte fue coordinado por la asociación civil Territorios Diversos para la Vida, a cargo de Luz Coral Hernández Aguilar. Según sus registros la mayor parte de las 226 agresiones fueron cometidas en el marco de las obras específicas como los polos de desarrollo, vías férreas o parques industriales. Su principal objetivo era el despojo de la tierra de las comunidades defensoras.
La Misión Civil de Observación se realizó de mayo de 2021 a mayo de 2024 en los 76 municipios de Oaxaca y Veracruz donde impacta directamente el megaproyecto del Istmo. En esta región también se localizan pueblos binnizá (zapoteco), ayuuk (mixe), ikoots (huave), zoque, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca y nahua, así como comunidades afromexicanas.
Según el gobierno federal, para el Corredor Interoceánico se construye un gasoducto de uso comercial y privado. Además, se plantea moderniza el ferrocarril, aumenta la capacidad y almacenamiento de carga en los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, amplía la autopista de dos a cuatro carriles y los aeropuertos de Minatitlán e Ixtepec. El proyecto, a cargo de la Secretaría de Marina, también contempla crear 10 polos de desarrollo industrial para atraer inversión privada.
Criminalizar la protesta
Aunada al registro de las agresiones directas cometidas por elementos militares y seguridad pública, la Misión Civil de Observación destaca algo más: el abuso de poder punitivo del gobierno mexicano. En estos años se han abierto carpetas de investigación en contra de al menos 55 personas defensoras de los territorios del Istmo, en su mayoría de las comunidades indígenas.
Ése es el caso de David Hernández Salazar, defensor binnizá (zapoteco) e integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Se opuso al Polo de Desarrollo Industrial en su comunidad Puente Madera, Oaxaca. Lo encarcelaron en enero del año pasado acusado por los tres órdenes de gobierno “por incendiar vehículos durante una manifestación”.
El 7 de febrero de 2024 David fue sentenciado a 46 años y 6 meses de prisión más una multa de 182 mil 818 pesos y un pago por reparación de un millón 100 mil pesos. Esta determinación fue revocada por un juez federal, luego de la apelación interpuesta por la Asamblea de los Pueblos del Istmo. Pero David tiene otras cuatro carpetas de investigación pendientes de determinar por el poder judicial.
Otro caso es el de Adelaido López Gallegos, defensor binnizá (zapoteco) detenido el pasado 28 de enero, junto con ocho personas más. Todos integrantes de Resistencia Civil Pacífica de Mixtequilla, colectivo opositor al megaproyecto del Corredor Interoceánico. Las órdenes de aprehensión y diez cateos se liberaron por el “presunto robo de una patrulla municipal de Santa María Mixtequilla, Oaxaca”.
La Resistencia Civil Pacífica de Mixtequilla surgió en esa entidad como grupo de protesta ante la imposición del parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec porque el gobierno federal compró tierras agrarias y de uso común pagándolas a bajos precios.
A pesar de que sus compañeros obtuvieron libertad provisional bajo caución (tras el pago de una garantía) horas después de su detención, Adelaido continuó encarcelado durante cuatro meses en el Centro Penitenciario Federal de Tanivet en Tlacolula, Oaxaca. Fue liberado el 28 de mayo de 2024.
“No es que estemos tajantemente en contra de los megaproyectos, si no de los modos en los que actúan. El cómo violentan, el cómo criminalizan, como amenazan. Cómo operan para obligarnos”, narró un indígena ayuuk (mixe) de Matías Romero, Oaxaca, a la Misión Civil de Observación.
Violencia de género por el Corredor Interoceánico
Respecto de las detenciones arbitrarias hechas por agentes de la Policía Estatal de Oaxaca, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, la Misión Civil de Observación también documentó violencia de género en contra de mujeres mixes defensora de su tierra y territorio, quienes denunciaron los impactos psicológicos y físicos que sufren como madres y jefas de familia al ser criminalizadas.
Algunas mujeres que defienden sus tierras del megaproyecto en el Istmo manifestaron haber sido víctimas de agresiones físicas y amenazas en contra de su integridad personal y su vida, obligándolas a salir de sus hogares, al que no han regresado hasta la fecha.
FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM
Destaca el caso de Texistepec, en Veracruz, una comunidad que fue agredida por elementos armados de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el cuerpo policiaco de la Fuerza Civil, destruyendo sus cultivos y viviendas, forzándoles a salir de sus hogares.
“En al menos 28 ataques documentados se obtuvo información donde los impactos de la violencia trascendieron a infancias, esposas, madres y padres de las personas defensoras víctimas en el momento específico del embate. Algunos ataques con agresión son la intimidación con disparos al aire cercano a los domicilios y oficinas de defensores y colectivos; los desalojos forzados y las detenciones arbitrarias”, apunta el estudio.
El Informe de la Misión Civil de Observación destaca más situaciones de violencia en donde se destacan graves episodios donde se vulneran los derechos humanos de los pobladores y comunidades indígenas que se oponen al megaproyecto del Corredor Interoceánico.
Documentó al menos tres ataques con un claro vínculo del homicidio cometido en relación con la labor de defensa del territorio que realizan las comunidades. Esos asesinatos se cometieron en contra de los defensores zapotecos Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023).
Sin dejar de lado los impactos psicoemocionales a las familias a quienes les fueron arrebatadas las vidas de sus padres, esposos, hijos, hermanos, tíos, amigos, en los tres asesinatos registrados y las consecuencias de responsabilidades económicas y psicosociales generadas a las mujeres, esposas, madres e hijas.
Este Informe visibiliza la magnitud de las agresiones cometidas en la región. Pero los datos son apenas una aproximación al nivel de violencia en el que actualmente se desarrolla la labor de defensa de la tierra en el Istmo de Tehuantepec, en medio de un proyecto prioritario del gobierno federal, como lo es el Corredor Interoceánico.
“Esas agresiones tienen en común la impunidad traducida en la falta de información, detención y sentencia de los agresores, así como la ausencia de justicia y reparación para las víctimas. También se identificaron agresiones que impactan en los bienes muebles e inmuebles de las personas defensoras”, concluyen los 23 colectivos que realizaron durante tres años la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec.
