Existe la extendida versión de que la noche del 2 de octubre de 1968, horas después de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, Jacobo Zabludovsky, el titular del noticiario de televisión más importante en ese tiempo, abrió la transmisión con una frase: “Hoy fue un día soleado”.
Aunque nunca se han corroborado, en la memoria colectiva quedaron esas palabras como ejemplo de la capacidad del poder político para influir, modificar o esconder la realidad a través de los medios de comunicación.
Ese no ha sido el único caso, aunque sí el más representativo del absurdo intento de ocultar, cambiar o reducir la magnitud de hechos sociales tan complejos como la represión contra la protesta social en México.
El más reciente intento es el de Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que hace unos días exoneró completamente al Ejército de toda responsabilidad en la detención, tortura y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
En su recomendación 208VG/2026, la CNDH de Rosario Piedra hace afirmaciones insostenibles. Por ejemplo, cuando asegura que aunque sí hubo presencia de militares la noche en que desaparecieron los estudiantes, no participaron de ninguna manera.
“Lo que pudimos establecer es que los días 26 y 27 de septiembre de 2014, no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de contrainsurgencia o estrategia especial para el exterminio de los normalistas”.
Según ella, es clara la responsabilidad del gobierno de Guerrero y de los ayuntamientos, pero “no es el caso de la DEFENSA (en mayúsculas en el original)”, toda vez que, a diferencia de las policías estatal y municipales responsables, si hubiera algo que acreditar al Ejército se trataría de conductas individuales.
En el peor de los casos, justifica, serían actos de “omisión” individuales, pero no de la institución.
Se trataría de un grupo de “manzanas podridas” que por iniciativa propia decidió cometer violaciones graves de derechos humanos, pero sin el conocimiento de los mandos ni las altas jerarquías del Ejército.
Por estas conductas “individuales”, se lee en la recomendación, 20 militares están bajo bajo proceso penal, acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Llama la atención la manera en que se aborda el caso de Julio César López Patolzin, un elemento del Ejército infiltrado en la Normal de Ayotzinapa para hacer reportes sobre las actividades de los estudiantes, como han documentado organizaciones nacionales e internacionales y han reconocido instancias oficiales.
Sin embargo, la CNDH avala la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha asegurado que Patolzin se matriculó como estudiante, por lo que “solicitó expresamente poder realizar sus estudios en esa escuela y se encontraba en un supuesto totalmente legal”.
Alejandro Encinas, expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), respondió inmediatamente, mostrando en redes sociales documentos militares que acreditan que López Patolzin fue inscrito en la Normal de Ayotzinapa para espiar y transmitir información sobre las actividades de la escuela.
En un artículo publicado en El Universal, Encinas critica la recomendación de la CNDH, que, dice, tiene deficiencias técnicas y metodológicas, sesgos narrativos, epítetos, juicios subjetivos, faltando incluso a la verdad: “No existe antecedente de que una institución nacional de derechos humanos haya sido ampliamente señalada por emitir una recomendación que pareciera colocarse del lado de los presuntos victimarios de un caso emblemático de desaparición forzada”.
Cuando el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico comenzó a cuestionar al Ejército, demostrando que le negaba y escondía información, Andrés Manuel López Obrador respaldó a las fuerzas armadas y removió a Encinas del cargo de subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, de quien dependía el Mecanismo, al igual que la Covaj.
La CNDH valida también la afirmación de que la Sedena ha entregado ya toda la documentacion e, incluso, destaca su colaboración: “La verdad es que en el pasado y presente administración gubernamental, en todo momento se ha manifestado una plena apertura y disposicion para colaborar, reiterando que nunca ha ocultado la existencia de documentos relacionados con el caso, poniendo a disposición invariablemente en cuanto le han sido requeridos”.
Por el contrario, destaca que la apertura y el compromiso con la verdad en los últimos seis años “no se había dado antes en ese nivel. No hubo información o documento que se requiriera para avanzar en la investigación, que no se entregara, claro, siempre y cuando existiera”.
Rosario Piedra no sólo desacredita los señalamientos hacia las fuerzas armadas, sino que pasa a la ofensiva. Ataca el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a quien incluso acusa de crear narrativas distorsionadas, en un empeño irracional por demostrar la responsabilidad del Ejército y la existencia de una “conspiración militar”.
De paso, también descalifica a las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, como el Centro Pro de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a quienes acusa, en pocas palabras, de manipular a las familias y de “arrinconar” y “obligar” al Estado mexicano a aceptar la ayuda del GIEI.
No sabemos a ciencia cierta si Jacobo Zabludovsky celebró al aire que el 2 de octubre de 1968 haya sido un día soleado, pero lo que sí es un hecho que Rosario Piedra hace un insólito servicio al Ejército al tratar de ocultar el papel activo de los militares la noche del 26 de septiembre, la noche en que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada.
No sería descabellado esperar, entonces, que en una próxima recomendación, Rosario Piedra diga que el 27 de septiembre de 2014 fue un día soleado.
Y que, para concluir, sostenga que la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, su hermano, ocurrida el 19 de abril de 1975 a manos de agentes de la Dirección Federal de Seguridad, fue producto de algunos individuos, pero no del Estado.
Que los más de 40 años de lucha de su madre Rosario Ibarra por encontrar a su hijo Jesús fueron en vano porque todo se trató de la conducta individual de algunos agentes que actuaron por su cuenta. Que sólo fueron unas manzanas podridas.
