La empresa global Airbnb no ha perdido el tiempo en la Ciudad de México. En los últimos meses ha desarrollado una estrategia para intentar revertir las reformas legales que intentan colocar un límite a las plataformas de alquileres turísticos.
La estrategia ha sido discreta. Más o menos. Una serie de correos dirigidos a los congresistas de la Ciudad de México. Un informe urbanístico enviado a un par de medios de comunicación. Una campaña aparentemente informal en las redes sociales. Así, sin demasiado escándalo, paso a paso, Airbnb ha desarrollado una contra ofensiva para intentar detener las recientes reformas legales que buscan regular las plataformas digitales que ofrecen alquileres de corta estancia, un fenómeno que en la capital del país se ha traducido en oleadas de desalojos forzados y en los cada vez más altos precios del alquiler en colonias céntricas.
Desde hace semanas, legisladores de la capital han recibido correos de quienes se presentan como “pequeños anfitriones” opuestos a las reformas impulsadas para regular Airbnb y plataformas similares. La última de las reformas, presentada por Martí Batres en su breve periodo como jefe de gobierno, establece un tope de 50% al número de noches al año en que un espacio habitacional se puede ofrecer para uso turístico.
“Formo parte de una comunidad de más de 12 mil anfitrionas y anfitriones que ofrecemos el servicio de Estancia Turística Eventual en las 16 alcaldías de la Ciudad de México”, se lee en unos de los correos. “Esta nueva reforma (…) fue aprobada sin diálogo ciudadano y consenso alguno; y no sólo impone una restricción que terminará impactando de manera significativa mi ingreso familiar y afectando derechos fundamentales que tengo como persona, sino también tendrá efectos negativos en la derrama económica local”.
Airbnb lo ha hecho en otras ciudades. En 2021, la Univeridad de Manchester documentó la existencia de más de 400 “Home Sharing Clubs” dispersos por Europa y Estados Unidos. Estos clubs son asociaciones de propietarios de viviendas y gestores turísticos financiados, movilizados y coordinados por Airbnb para oponerse a iniciativas de ley que busquen limitar su expansión por las ciudades. Lo hacen a través de la presentación de recursos jurídicos en tribunales para frenar las iniciativas de ley, por ejemplo; sus integrantes también bombardean de correos a los legisladores o exaltan en medios de comunicación los beneficios de convertir viviendas en cuartos para turistas.
“Airbnb presenta grupos de propietarios cuidadosamente seleccionados e intensamente coordinados como poder popular. Esto ofrece a la empresa legitimidad e influencia política”, se lee en el estudio The Airbnb “movement” for deregulation: how platform-sponsored grassroots lobbying is changing politics (El “movimiento” Airbnb por la des-regulación: cómo el cabildeo de base patrocinado por plataformas está cambiando la política).
Esta nueva forma de de cabildeo corporativo, en el que una empresa financia y entrena a una pequeña base ciudadana, se ha popularizado en la nueva economía de plataformas. Se trata de métodos poco éticos, poco transparentes –según describe la Universidad de Manchester– usados por empresas y fondos globales como Uber, Didi o Airbnb con el fin de incidir en las leyes locales o evadir responsabilidades laborales, tributarias o de ordenamiento territorial.
En Ciudad de México el colectivo “Todos somos anfitriones” ya ha hecho declaraciones en medios de comunicación mediante las cuales rechaza la regulación y niegan ser la causa del alza en los precios de las rentas. Un buen porcentaje de los espacios disponibles en la plataforma pertenecen, sin embargo, a grandes propietarios o son gestionados en masa por empresas.
Se trata de una estrategia de blanqueamiento: una forma de limpiar la reputación de Airbnb ante la opinión pública y también de doblegar las de por sí tímidas voluntades políticas de confrontar a estas empresas. Y en México, Airbnb no ha perdido el tiempo.
La oficina en América Latina de la Coalición Internacional por el Hábitat, organización que ha ofrecido consultoría en materia de derecho a la vivienda digna y adecuada al gobierno capitalino, además de acompañar y asesorar a víctimas de desalojos forzosos, lanzó ayer una advertencia en un comunicado:
“Desde antes de la pandemia se han denunciado numerosos desalojos relacionados con las rentas breves, como el del Liverpool 9 (Colonia Juárez) y el del Edificio Trevi (Colón 1, Centro Histórico), sólo por mencionar dos de los más sonados. Lo anterior no es nada sorpresivo si se considera que en nueve meses, según Inside Airbnb, las viviendas en renta tradicional que se han perdido para destinarse al alquiler de corto plazo han sido 336 sólo en la Alcaldía Cuauhtémoc. El precio promedio de una vivienda de ese tipo casi triplica las rentas tradicionales”.
El estudio a modo pagado por Airbnb
El nombre de la periodista y urbanista Rosalba González Lloyde aparece en la página 25 del estudio Estancia Turística Eventual y Plataformas Digitales de Hospedaje en la CDMX: Análisis del Impacto de las Plataformas Tecnológicas en el acceso a la vivienda en la Ciudad de México, un documento financiado y comisionado por Airbnb, difundido por varios medios de comunicación en los últimos días.
El estudio pretende demostrar estadísticamente que Airbnb y el resto de plataformas digitales de alquileres de corta estancia no son “la causa de los problemas urbanos” y que “es contundente que el precio de la renta no se ha incrementado” a causa de ellas.
En cambio, el estudio sostiene que la crisis de vivienda tiene un origen multifactorial y señala que la “verdadera causa” de la gentrificación es responsabilidad de las autoridades por no construir más parque habitacional, por no actualizar los programas y planes de desarrollo urbano y por la falta de políticas de vivienda social.
Rosalba González Lloyde, una de las voces citadas en el estudio, es una de las investigadoras que más ha dado seguimiento a la expansión de Airbnb en la capital y sus efectos nocivos en el mercado de alquiler. Su nombre aparece de manera casi aleatoria, sugiriendo que apoya una idea concluyente del estudio: “La presencia de plataformas de alojamiento temporal más que expulsar población están revitalizando los territorios, generando riqueza a las familias que deciden disponibilizar un cuarto”.
A Rosalba le molesta que su nombre sea utilizado de esa forma.
“Tuve con ellas (las autoras) una muy interesante entrevista de más de una hora. Comenté varios puntos que fueron completamente ignorados. En su lugar, y espero que no de manera premeditada, integraron una cita mía de esa entrevista fuera de contexto y la colocaron en un apartado en donde está completamente desarticulada del texto que la acompaña. ¿Por qué? (…), Me gustaría deslindarme completamente de ello”.
En un comunicado compartido con Fábrica de Periodismo, Rosalba enumera puntualmente los errores metodológicos del estudio o las trampas estadísticas con las que se intenta exculpar a Airbnb.
Por ejemplo, tomar como muestra los precios de la vivienda de toda la ciudad para diluir en esos datos amplios, el registro de sus efectos nocivos en las colonias donde más se concentran los pisos turísticos. “El informe también omite que existen zonas en donde la oferta de alquiler de plataforma es muy alta, llegando a ocupar el 80% del parque habitacional total en algunas áreas”.
Patrocinar o directamente comisionar a empresas de consultoría estudios favorables es otra de las estrategias con la que Airbnb busca defender sus intereses en todo el mundo. Apenas en noviembre pasado se publicó el estudio Impacto del alquiler de corta duración en España, un país que desde hace años atraviesa una ola de protestas y manifestaciones multitudinarias contra la turistificación de ciudades como Barcelona y Madrid, las cuales se han agudizado en los últimos meses.
El documento sobre la Ciudad de México, también fue comisionado y pagado por Airbnb, según puede leerse en la segunda página: “Este estudio fue patrocinado por Airbnb para contribuir significativamente en el intercambio y el diálogo informado en la Ciudad de México”. Fue realizado por la empresa de consultoría Alquimia Urbana y está firmado por tres autoras: María Dolores Franco, Tahiri Trillanes Salas y Gabriela Jurado Gutiérrez.
Dolores Franco, de carrera urbanista, fue responsable de la Cooperación entre ONU-Hábitat y el Gobierno de México hace unos años y fue también directora general de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El también urbanista Tahiri Trillanes Salas fue administrador de proyectos de la empresa turística Grupo Xcaret y asesor en el Congreso de la Ciudad de México; Gabriela Jurado Gutiérrez fue directora de Operación y Seguimiento a Programas de la Sedatu.
La crisis y las expectativas
–En México nunca se había hablado tanto de vivienda como ahora. Al menos durante los últimos 15 años el tema del derecho de vivienda no había estado tan presente como hoy –comenta Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina en América Latina de la Coalición Internacional por el Hábitat.
Desde antes de que Clara Brugada tomara posesión como jefa de Gobierno de la CDMX, ya le preocupaban las reacciones que generaban los cambios legislativos en torno al acceso a la vivienda.
Para ese momento, Brugada –quien se formó en las filas del Movimiento Urbano Popular, un conglomerado de organizaciones que han peleado por el derecho a la vivienda esde los años 70–, ya había anunciado la creación de la Secretaría de la Vivienda; el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había incluido en su primera tanda de reformas constitucionales un cambio al artículo 123 para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construya hogares y diseñe esquemas de arrendamiento para sus beneficiarios.
Como jefe de gobierno, Martí Batres entregó varios complejos de vivienda a poblaciones indígenas al mismo tiempo que promocionaba reformas que imponían un límite a Airbnb o que pretendían controlar el aumento anual de rentas.
“No puede minimizarse el impacto de las plataformas señalando que hay otros problemas –se lee en el comunicado El problema sí existe: el problema de Airbnb en Cdmx–. El estudio plantea que las plataformas no son el único factor que impide el acceso a la vivienda. Seguramente la problemática es multifactorial y sus causas son profundas”, pero es “inadmisible negar” que Airbnb es una de las más relevantes.
–Hay que ser cuidadoso con las narrativas –dice Emanuelli-. Estas reformas son, digamos, un primer paso, una forma de entrar paulatinamente a un tema complejo y, sí, multifactorial. Pero hay quienes están en contra de cualquier cambio. Muchos defensores de la propiedad privada a ultranza están a la expectativa para tergiversar completemente lo que las reformas proponen.
En ello coincide Miguel Robles-Durán, arquitecto, urbanista y cofundador de Urban Front, empresa consultora en temas de vivienda que ha estado colaborando en el diseño de políticas públicas del equipo de Brugada.
–En Urban Front trabajamos en propuestas en diferentes ciudades del mundo sobre el tema Airbnb. Lo que propuso Martí Batres en realidad fue algo muy ligero. Lo increíble es que ante esa regulación tan ligera, quienes se niegan a la regulación respondieron con todo. Es demasiada munición que no es proporcional para una iniciativa tan tímida. No faltó quienes pusieron el grito en el cielo, incluso desde espacios en la prensa, acusando al gobierno de “comunista”, de “atentar contra la propiedad privada”, esas cosas.
–La crisis de vivienda ha llegado –concluye Silvia Emanuelli–. Es evidente. Muchas organizaciones hemos intentado visibilizar los problemas en torno al derecho a la vivienda en México, algo que no se hablaba mucho. A mí me parece interesante que en el último informe sobre la situación de la vivienda que elabora cada año el Infonavit exista ya un reconocimiento explícito sobre lo inalcanzable que se ha vuelto una vivienda para la mayoría de la población. Es un tema vital para toda una generación y, por la misma historia de la Ciudad de México y por el mismo perfil de Clara Brugada, la demanda social es altísima.
