Entre críticas, el Senado aprueba un cuestionado paquete de leyes
Organizaciones civiles y familias buscadoras rechazan el paquete de leyes avalado por el Senado en los últimos días.
En los últimos días, el Senado de la República aprobó un paquete de leyes cuestionadas por organizaciones civiles por sus implicaciones en materia de seguridad pública, libertad de expresión, privacidad y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada.
Como parte del periodo extraordinario y a contrarreloj, “al vapor” acusa la oposición, el bloque oficialista (Morena-PVEM-PT) avaló en el Senado las nuevas leyes de la Guardia Nacional, de Telecomunicaciones y de Desapariciones, una tríada de dictámenes que encienden alertas de expertos y activistas.
Regalo de aniversario a la Guardia Nacional
Ayer la Guardia Nacional cumplió exactamente seis años de despliegue operativo en todo el territorio mexicano, incluso en las instalaciones del Senado presentó una exposición fotográfica dedicada a esta institución y durante la sesión del 30 de junio se aprobó su nueva ley.
Próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, tras ser turnada al Ejecutivo, la nueva ley de la Guardia Nacional termina de consolidar el mando militarizado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyos elementos de policía militar ya se integraban a las filas de la GN desde 2019.
El dictamen, avalado de manera general con 75 votos a favor y 34 en contra, establece que la Guardia Nacional será “una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Sedena”.
Los artículos aprobados por los legisladores también facultan a la Guardia Nacional a realizar operaciones encubiertas con usuarios simulados y permiten licencias especiales para que los elementos puedan contender en elecciones.
Además, en la homologación con otras leyes, confiere a la Sedena tareas para “generar, operar, procesar y utilizar información en materia de Seguridad Nacional para advertir riesgos y prevenir amenazas mediante los organismos de inteligencia”, así como el intercambio de esta información.
El dictamen completo puede consultarse aquí.
Telecom, preocupaciones por privacidad y libertad de expresión
El fin de semana, los legisladores aprobaron la Ley de Telecomunicaciones, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de regular la propaganda extranjera (después de la aparición de spots anti inmigrantes en televisión pagados por el Departamento de Seguridad Nacional de EU).
Este dictamen consideró inicialmente un artículo polémico que planteó el bloqueo temporal de plataformas digitales, removido por petición expresa de la presidenta ante presiones por posibles limitaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, disposiciones como la CURP biométrica para acceder a trámites y servicios, además de la geolocalización de dispositivos alertan a organizaciones como la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19.
La nueva ley de telecomunicaciones también formaliza la extinción del IFT y transfiere sus atribuciones a la Agencia de Transformación Digital (ATDD), encargada de homologar y simplificar los trámites burocráticos de forma digital.
El dictamen completo puede consultarse aquí.
Ley de desaparición, aprobada pese al rechazo de familias buscadoras
Por otro lado, el viernes pasado los legisladores aprobaron disposiciones de la ley de desaparición forzada, la de búsqueda y la de población, para hacer frente a la crisis de desaparición que el gobierno niega desde instancias oficiales, como la Presidencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pese a las jornadas de diálogo celebradas entre familias buscadoras y la Secretaría de Gobernación (Segob), más de cien colectivos han rechazado las nuevas adiciones a leyes en el Senado, debido a que no resuelven el problema y más bien, “buscan imponer un sistema de vigilancia masiva”, acusan en una carta pública.
Y es que la principal apuesta de la ley es una Plataforma Única de Identidad, cuya información ligada a la CURP biométrica, a la que tendrán acceso autoridades y organismos de inteligencia, pone en entredicho la efectividad de la herramienta.
“Exigimos que atiendan con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática, y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, pidieron los colectivos días antes de que el Senado y la Cámara de Diputados avalaran la ley, sin escucharles.
El dictamen completo puede consultarse aquí.
