Plan Michoacán: las comunidades indígenas denuncian discriminación
80 comunidades indígenas exigen que el Plan Michoacán no sea una simulación. “Han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de políticas de seguridad”, acusan.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán emitió un posicionamiento en contra del Plan Michoacán, la nueva estrategia del gobierno federal para pacificar la entidad, donde la vieja crisis de violencia ha cobrado la vida particularmente de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre pasado.
“Es discriminatorio, unilateral y engañoso”, así lo han descrito las autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos
El plan presentado el domingo pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla inversiones por 57 mil millones de pesos en ejes como seguridad, programas sociales, educación, salud, vivienda, cultura, jóvenes e infraestructura en la entidad. La apuesta consiste en “garantizar derechos”, pese a las críticas que desde la oposición se han hecho a la estrategia de seguridad pública.
Los integrantes del Consejo Supremo exigieron que las políticas públicas a aplicarse no sean una simulación, citando el caso del “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha”, se trata de un esquema sin presupuesto propio y que ha faltado a sus promesas.
“Las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos”, denunciaron en un comunicado.
Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”
Otro de los elementos que causa indignación a los pueblos originarios de Michoacán tiene que ver con la imposición en sus territorios por encima de la consulta popular, pues acusan, solo se convocó a 48 de las 500 comunidades indígenas que existen en la entidad, contando con una breve intervención de dos minutos.
