Sandra Ávila, ‘La Reina del Sur’, gana demanda a Telemundo
La Suprema Corte confirmó una multa de 448 mil pesos a Telemundo por usar sin autorización la imagen de Sandra Ávila Beltrán. La 'Reina del Pacífico' también reclama a Netflix el 40% de regalías por 'La Reina del Sur'.
A más de una década de haber sido deportada a México tras cumplir una condena en Estados Unidos, Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, obtuvo este lunes un triunfo legal contra la cadena Telemundo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por unanimidad una multa de aproximadamente 448 mil pesos para la televisora por utilizar sin autorización su imagen con fines promocionales para la serie La Reina del Sur.
La resolución, difundida el 23 de febrero, representa el primer capítulo de una ofensiva judicial más amplia que Sandra Ávila Beltrán ha anunciado contra Telemundo y Netflix, a quienes reclama regalías millonarias por una producción que, según ella, construyó su personaje central inspirado en su vida.
El pleno de la SCJN negó el amparo 2808/2025 promovido por Telemundo Network Group, validando así la sanción que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) impuso a la empresa el 3 de diciembre de 2021. La multa, equivalente a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), asciende a 448 mil pesos.
El proyecto, presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, determinó que el uso de la imagen de Sandra Ávila Beltrán para promocionar la serie de Telemundo constituyó una infracción en materia comercial, al no contar con su consentimiento expreso y no encuadrarse en las excepciones previstas para fines informativos o periodísticos.
Los años de Sandra Ávila
Detrás de la disputa legal se encuentra la figura de una mujer cuya historia ha sido narrada en libros, series y notas periodísticas durante más de dos décadas. Sandra Ávila Beltrán es sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, y fue vinculada por autoridades mexicanas al Cártel de Sinaloa.
Su trayectoria judicial ha sido larga. Fue detenida en México en 2007 y condenada a cinco años de prisión por delitos de procedencia ilícita. En 2012 fue extraditada a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas. Un año después, se declaró culpable de complicidad en una corte estadounidense y fue condenada a 70 meses de prisión. En agosto de 2013, las autoridades migratorias la deportaron a México. Fue liberada en 2015 tras ser absuelta de cargos de lavado de dinero, finalizando su condena.
Foto: Cuartoscuro
Ahora, alejada de los procesos penales, su vida ha dado un giro y comparte contenido en la plataforma TikTok, donde mantiene una presencia activa.
Los límites de la libertad de expresión
La Corte analizó dos aspectos centrales del caso. El primero, si la falta de un plazo específico en la Ley Federal del Derecho de Autor para iniciar procedimientos administrativos vulneraba la seguridad jurídica. El tribunal concluyó que no existe tal violación, ya que aplica el plazo de prescripción de cinco años previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El segundo punto, más sustantivo, enfrentó el derecho a la propia imagen con la libertad de expresión. Telemundo argumentó que la difusión del material constituía un ejercicio periodístico protegido por la Constitución. Sin embargo, la Corte determinó que el uso de la imagen con fines promocionales y comerciales no se encuadra dentro de las excepciones informativas.
Los artículos 87 y 231, fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor establecen que el retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso, salvo cuando sea captado en un lugar público con fines informativos o periodísticos, o cuando la imagen sea accesoria en un conjunto.
Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
“Tratándose de personas privadas, el derecho a la propia imagen presenta una mayor resistencia cuando la difusión no obedece a un interés público”, expuso el ministro Aguilar Ortiz en su proyecto.
Durante la sesión del pleno, la ministra María Estela Ríos afirmó que “todo derecho tiene un límite en el derecho de otra persona”, por lo que la libertad de expresión encuentra su frontera cuando se afecta la imagen con fines comerciales sin consentimiento.
La ministra Sara Irene Herrerías sugirió matizar cualquier referencia amplia a productos audiovisuales de entretenimiento, al advertir que en plataformas digitales pueden coexistir contenidos informativos y de interés social. No obstante, en este caso, el tribunal consideró que la promoción de una serie comercial no aporta valor al debate democrático ni a la vida comunitaria.
La batalla por las regalías
La resolución de la Corte es solo un primer paso en la estrategia legal de Ávila Beltrán. De acuerdo con los reportes del caso, la empresa utilizó una escena en la que aparece La Reina del Pacífico para promocionar la producción protagonizada por Kate del Castillo. A raíz de esto, Ávila Beltrán ha anunciado que demandará a Telemundo y a Netflix para reclamar una compensación mayor.
La afectada solicita el 40 por ciento de las regalías generadas por La Reina del Sur, una de las producciones en español más lucrativas de la televisión. Se estima que solo la segunda temporada de la serie facturó alrededor de 800 millones de dólares.
El reclamo se basa en la premisa de que su historia fue utilizada como materia prima para la creación del personaje de Teresa Mendoza, interpretado por Kate del Castillo, sin que ella recibiera compensación alguna por el uso de su imagen y su biografía.
Foto: Archivo, Cuartoscuro
Un precedente legal
El fallo de la SCJN en el caso de Sandra Ávila y Telemundo sienta un precedente importante en materia de derechos de imagen en México. La Corte subrayó que, si bien la libertad de expresión es fundamental, los derechos a la propia imagen y a la intimidad derivan de la dignidad humana y merecen protección.
La resolución confirma que el uso no autorizado de la imagen de una persona con fines de lucro, directo o indirecto, constituye una infracción comercial, incluso cuando se trate de figuras públicas o personas con un pasado vinculado al crimen organizado.
En su comunicado oficial, la SCJN reiteró que el objetivo de la resolución es proteger el derecho a la propia imagen y a la intimidad, estableciendo que sus límites solo son válidos cuando atienden a un interés público genuino, lo que no ocurrió en este caso.
