Amparo contra el tarifazo: estudiantes ganan suspensión en Jalisco
Pagar 3 pesos menos no debería costar tus datos. Un tribunal acaba de dar la razón a 35 estudiantes en Jalisco: no están obligados a tramitar la tarjeta Broxel para acceder al subsidio por el tarifazo al transporte público. Es la primera victoria judicial.
Un tribunal federal concedió este lunes una suspensión provisional a 35 estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que les permite acceder al subsidio del transporte público sin necesidad de tramitar la tarjeta única “Al estilo Jalisco” ni entregar sus datos personales a la empresa privada Broxel, informaron este martes los quejosos a través de un comunicado.
La resolución de este amparo, en beneficio de los estudiantes, fue emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Jalisco y representa la primera victoria judicial contra el denominado “tarifazo”: el incremento del 47% en la tarifa del transporte que entrará en vigor el próximo 1 de abril. El fallo, sin embargo, no suspende el aumento en sí mismo, sino la condición impuesta por el gobierno estatal para mitigarlo.
El magistrado José de Jesús Flores Herrera, ponente del proyecto original que proponía mantener la negativa, vio cómo su propuesta fue desechada por mayoría de dos votos contra uno. En el debate, la magistrada presidenta Claudia Mabel Correa López sostuvo que los estudiantes “están en su derecho de elegir ante quién sí y ante quién no, transmiten sus datos personales, pero no puede ser una exigencia para poder acceder a ese beneficio o ese descuento”. La resolución final argumenta que la medida cautelar busca garantizar la protección de datos personales, un derecho que podría vulnerarse al condicionar el subsidio a la contratación de un plástico bancarizado con una empresa privada.
Tarifazo “al estilo Jalisco”
El conflicto lleva varios meses. El pasado 27 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano (MC), publicó en el Periódico Oficial del Estado un dictamen del Comité Técnico Tarifario que determinaba aumentar el costo del pasaje de 9.50 a 14 pesos en las áreas metropolitanas y ciudades medias de la entidad. La medida, que entrará en vigor en abril, incluye una tarifa subsidiada de 11 pesos para quienes tramitaran la llamada “Tarjeta Única Al estilo Jalisco”. La tarifa preferencial para estudiantes, inicialmente fijada en 7 pesos, se mantuvo finalmente en 5 pesos gracias a una subvención, pero también condicionada a la obtención del plástico.
La tarjeta es operada por Financiera Broxel, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que en 2020 fue amonestada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por “incumplir con las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita”.
Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro
A pesar de estos antecedentes, el 31 de octubre de 2025, el gobierno estatal le adjudicó una licitación que la vincula mediante contrato hasta 2030. El acuerdo, que se paga con recursos no etiquetados, establece que el gobierno pagará a Broxel 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa, con un tope de 5 millones de plásticos al mes. Esto significa que, de alcanzarse la meta, la empresa podría embolsarse más de 27 millones de pesos mensuales de dinero público. Además, el contrato protege a la financiera garantizando el pago de al menos el 40% de ese monto —casi 11 millones de pesos— aunque las tarjetas no se utilicen. Broxel también cobra 150 pesos por reposición del plástico, 250 por aclaración improcedente y 8 pesos por transferencia bancaria, todos más IVA.
El secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, defendió la medida en una conferencia el pasado 12 de enero, presentando la tarjeta como una oportunidad de bancarización. “Puedo ahorrar, tener un rendimiento del 10 por ciento, recibir remesas a la tasa baja del mercado, pagar servicios, acceder a microcréditos, además es Visa internacional”, afirmó el funcionario, quien dedicó más de cinco minutos a detallar las bondades de la tarjeta.
“Puedo pagar en todos lados con ella y puedo adelantarme al futuro. Un futuro donde el efectivo dejará de usarse, el famoso cash”, agregó, en una exposición que, según críticos, parecía más un discurso de ventas que una explicación gubernamental.
Un triunfo ciudadano, no partidista
El amparo que terminó en la suspensión provisional en beneficio de los estudiantes fue promovida por la Comisión Legal del Tarifazo en Jalisco, un colectivo ciudadano que ha impulsado una estrategia judicial más amplia contra el alza y sus condiciones. Según informaron los representantes legales, la medida permitirá a los 35 estudiantes beneficiados continuar utilizando sus credenciales estudiantiles anteriores o pagar en efectivo para obtener la tarifa subsidiada mientras se resuelve el juicio de amparo en su totalidad.
El equipo jurídico anunció que en las próximas semanas se definirá si la suspensión se mantiene vigente hasta la sentencia definitiva y que buscarán extender medidas similares a otros amparos ya en trámite, promovidos por personas adultas mayores y por trabajadores del estado de Jalisco.
El fallo judicial desató una inmediata disputa política. La diputada local de Morena, Itzul Barrera, publicó un video en su cuenta de X celebrando la resolución con el mensaje: “¡Le ganamos otra a Pablo Lemus!”. Sin embargo, esta publicación provocó el reclamo público de varios integrantes de la Comisión Legal del Tarifazo, quien acusó a la legisladora de intentar “partidizar” un proceso impulsado por colectivos ciudadanos sin filiación partidista.
Más allá del amparo, el “tarifazo” en las calles
El “tarifazo”, como lo ha bautizado la población, no solo ha enfrentado resistencia judicial. Las calles de Guadalajara han sido escenario de al menos diez marchas desde el anuncio del incremento. La más reciente, el 14 de febrero, convocó a cientos de personas que partieron desde la rectoría de la UdeG hacia la plaza Universidad, en una movilización que transcurrió sin incidentes. Los manifestantes, entre ellos integrantes de colectivos y de partidos como Morena y del Partido Trabajo, insistieron en la demanda de revocación de mandato contra el gobernador Pablo Lemus.
Un mes antes, durante una marcha el 10 de enero, policías estatales detuvieron a cuatro hombres, entre ellos dos estudiantes de la UdeG. El Frente Juvenil Revolucionario denunció que los detenidos fueron torturados. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) advirtió sobre “un patrón persistente de violaciones a los derechos humanos en las últimas manifestaciones”, documentando, a partir de testimonios, “detenciones arbitrarias, incomunicación y desaparición forzada de corta duración”.
Un referéndum para revertir el aumento
Paralelamente a las acciones judiciales, la ciudadanía impulsó un referéndum para echar atrás el aumento. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco abrió la plataforma ¡Fírmale! y, tras la solicitud del Congreso del Estado el 23 de enero, avaló la petición el 14 de febrero, turnándola al Consejo Estatal de Participación Ciudadana Popular para la Gobernanza, que deberá pronunciarse sobre su procedencia. Hasta ahora, la plataforma ha recolectado 14 mil 873 firmas, más del 300% de las 3,369 requeridas.
El contexto del Mundial de Futbol 2026, del que Guadalajara será una de las sedes, añade una capa adicional de tensión. En las marchas se escucha la consigna “No queremos FIFA, que baje la tarifa”. Resulta particularmente irónica la promesa gubernamental de transporte gratuito al Estadio Akron durante el Mundial, a quienes presenten su boleto para los partidos que allí se celebrarán.
Por su parte, el Gobierno de Jalisco informó, a través de UDGTV, que hasta el momento no ha sido notificado oficialmente de la resolución judicial en torno al “tarifazo”, pero que una vez que esto suceda, analizará la argumentación de los estudiantes y el fallo del amparo para actuar en consecuencia. Mientras tanto, la Comisión Legal del Tarifazo calificó la decisión del tribunal como un precedente a nivel nacional en la defensa del derecho al transporte público accesible y de calidad.
