El defensor de derechos humanos Raymundo Ramos rechaza las acusaciones de la OFAC; “nos pone en la mira”
Raymundo Ramos responde a los señalamientos del gobierno de EU que lo señala de colaborar con el Cártel del Noreste.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, no sólo desestimó los vínculos con el Cártel del Noreste de los que lo acusa el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sino que calificó la medida como un riesgo a su integridad, en entrevista con Aristegui Noticias.
“Un señalamiento de esta naturaleza nos pone en la mira no solamente del crimen organizado sino de cualquier persona que, creyendo estos señalamientos, pueda atentar en contra nuestra. Eso es lo más peligroso de lo que está ocurriendo hoy”, dijo Ramos.
La inclusión de Raymundo Ramos Vázquez en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU, marca un precedente: es la primera vez que un defensor mexicano, con medidas de protección del propio Estado Mexicano y respaldado por organizaciones como Amnistía Internacional, es catalogado por el Departamento del Tesoro como un socio operativo de un cártel.
El Departamento del Tesoro de EU alega que Ramos utiliza el activismo como “pretexto” para proteger a miembros del Cártel del Noreste y presentar denuncias falsas contra las Fuerzas Armadas.
“¿Quién del Departamento del Tesoro va a asumir la responsabilidad en caso de que yo tenga un atentado?”, cuestionó el defensor en la entrevista.
Ramos responsabiliza al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y al Departamento del Tesoro, de cualquier atentado que pueda sufrir.
En 2019, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que dirige Ramos, denunció que la policía estatal de Cabeza de Vaca ejecutó extrajudicialmente a ocho personas en Nuevo Laredo, montando una escena para que pareciera un enfrentamiento. Días después de la denuncia, el gobierno de Cabeza de Vaca acusó a Ramos de trabajar para el Cártel del Noreste y de organizar manifestaciones pagadas para expulsar a las fuerzas de seguridad. Ramos sostiene que desde entonces, el exgobernador creó una campaña para vincularlo con el narco y solicitó a EU la cancelación de su visa.
Un historial de espionaje y señalamientos al Ejército
El activista acumula una trayectoria de décadas dedicado a la defensa de los derechos humanos en Tamaulipas, entidad donde ha denunciado el patrón de ejecuciones extrajudiales perpetradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la entidad.
Además, la labor del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se ha vuelto incómoda para las fuerzas militares, que -en sintonía con la acusación del Tesoro estadunidense- lo señalan de colaborar con el CDN en informes de inteligencia.
En 2022, un análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que Ramos fue espiado con el software Pegasus por el Ejército Mexicano. Esto ocurrió mientras investigaba la ejecución de civiles a manos de militares en 2020, caso en el que un video filtrado mostraba a un soldado ordenando matar a un sobreviviente.
“Hoy es evidente que le estorbamos a alguien, ese alguien se llama Fuerzas Armadas”, aseguró Ramos casi al finalizar la entrevista. “Me sorprende la cortesía que le está dando el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, haciendo creer que las Fuerzas Armadas de nuestro país son perfectas, cuando ya sabemos que no ha ocurrido”.
