Colectivos de buscadores denuncian que se les excluyó de reunión con el Alto Comisionado de ONU para Derechos Humanos
Buscadores como Vanessa Gámez piden el respaldo del Alto Comisionado y que no sea engañado con las cifras presentadas por el gobierno.
Esta mañana, algunos colectivos independientes de familias buscadoras denunciaron haber sido excluidos de una reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el Centro Cultural España, Ciudad de México.
La reunión forma parte de las actividades de Volker Türk en México con visitas a las autoridades mexicanas, instancias públicas de derechos humanos y víctimas de la crisis de desapariciones, calificada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, no todos los colectivos de familias buscadoras tuvieron oportunidad de ingresar al recinto debido a la falta de espacio en el Centro Cultural. Por ello, los activistas reclamaron la falta de acceso a la reunión.
“Se supone que había un listado de familias. Nos interesa mucho ser escuchados”, dijo al diario Reforma la activista Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gámez, estudiante de la UNAM desaparecida el 12 de julio de 2025 en la zona del Ajusco.
Al término de la reunión, las familias que se quedaron fuera reclamaron directamente a Türk el no haber sido invitados.
“Es difícil encontrar las palabras para describir mis intercambios de hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Es aún más difícil comprender su dolor y sufrimiento”, señaló el Alto Comisionado de la ONU a través de sus redes sociales al concluir la reunión con otros colectivos.
Türk visita esta tarde el Senado de la República y tiene prevista para mañana una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno ha criticado las resoluciones de CED de Naciones Unidas por la crisis de desaparición, que ya rebasa las 134 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Tensiones con Naciones Unidas
Desde el año pasado, el gobierno de México ha mantenido una relación tensa con las instancias internacionales, encargadas de vigilar violaciones a los derechos humanos.
El anuncio de la apertura del procedimiento del Artículo 34 del CED ONU fue un punto inicial de rispidez, ocurrido en la víspera de los hallazgos de restos humanos y cientos de prendas en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco.
Este año, con la resolución del CED ONU, la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han formado un bloque de rechazo y descalificación a las conclusiones del organismo.
“De que rechazamos el documento, lo rechazamos”, declaró la presidenta a inicios de mes en su conferencia matutina, espacio donde presentó una “reclasificación” de las más de 130 mil desapariciones en el país, en casos en los que no se cuenta con información suficiente, en los que existen indicios de actividad y en los que no existen rastros.
