Desplazamiento forzado interno en 2025: aumenta tecnología bélica para el control territorial
Un informe revela que la violencia criminal orilló al destierro a 15 mil 795 personas el año pasado en México.
En 2025 los grupos del crimen organizado aumentaron sus capacidades de agresión. Como consecuencia el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) se vio marcado por el creciente uso de explosivos, drones y presencia de minas antipersona en los territorios, de acuerdo con el informe Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero).
El informe, resultado de un monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional, registró 15 mil 795 personas desplazadas internas en México el año pasado, distribuidas en 73 eventos. Los estados con mayor población desplazada son Sinaloa (39.2%), Chihuahua (28.4%) y Michoacán (21.3%), pero la presencia del Desplazamiento Forzado Interno se mantiene en once estados, es decir, en un tercio del país.
Para controlar los territorios, sobre todo comunidades rurales e indígenas, los grupos criminales han incorporado armamento y recursos ofensivos de grado militar, además de incorporar a sus filas a ‘droneros’, personas con conocimientos técnicos de guerra que saben manejar explosivos y dispositivos de vigilancia, transporte y bombardeo a distancia.
Esta tecnología de guerra, considerada de última generación, es altamente destructiva para el entorno y las labores productivas de las comunidades que son víctimas de los ataques, que generalmente subsisten de actividades agropecuarias en zonas de alto rezago y con alto grado de marginación.
Por ejemplo, el informe expone la situación de los municipios de Apatzingán –el de mayor número de personas desplazadas a nivel nacional– y Buenavista, ambos en Michoacán, que durante los primeros cinco meses de este año fueron víctimas de 10 eventos con minas explosivas, en donde siete personas fueron asesinadas y cuatro lesionadas.
El PDH Ibero advierte que el uso de drones aéreos que transportan cargas explosivas fueron todavía más frecuentes que las minas en Michoacán: en julio de 2023, un joven jornalero de Apatzingán resultó lesionado por un explosivo lanzado sobre el techo de láminas de su casa, mientras que en julio del año pasado un niño de dos años fue herido por la misma causa en el poblado de Chandio.
La violencia criminal es la causa principal del DFI
El informe consigna que el 83% de los eventos de desplazamiento fueron causados por violencia vinculada con el crimen organizado, lo que ha impactado en la seguridad, salud, vivienda y otras esferas en la vida de las comunidades desplazadas, quienes no pueden satisfacer siquiera sus necesidades básicas.
“Detrás de cada uno de estos 15 mil 795 registros hay una persona que dejó atrás una casa, un territorio y una red de vínculos construidos a lo largo de años. Hay niñas y niños que interrumpieron su ciclo escolar; hay mujeres que asumieron, de manera repentina, responsabilidades adicionales para sostener a sus familias; hay comunidades indígenas que han sido forzadas a abandonar los territorios donde su cultura tiene sentido y referencia”, subraya el informe.
El monitoreo del PDH plantea que las cifras sobre DFI no deben leerse como episodios de violencia aislados, sino como dinámicas complejas en las cuales la violencia criminal es exacerbada en territorios con presencia institucional limitada y desafíos persistentes en la cobertura de servicios básicos, sin mecanismos de prevención y respuesta temprana.
Además de la violencia directa y la violencia estructural, el informe alerta sobre la violencia cultural que impacta a las personas desplazadas de manera forzada, por ejemplo a las comunidades ódami del municipio Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, quienes han visto trastocados sus rituales. “No se trata únicamente de un problema de seguridad pública, sino de una crisis de derechos humanos que demanda respuestas integrales”, plantea el PDH.
Principales retos para atender el DFI
La ausencia de un marco jurídico integral que reconozca formalmente a las personas desplazadas internas es uno de los principales retos para atender el fenómeno, señala el informe.
El PDH apunta que es necesario que exista claridad sobre las responsabilidades institucionales, los mecanismos de coordinación y las rutas efectivas de prevención, atención y reparación en lo que respecta al Desplazamiento Forzado.
Otro desafío central es la ausencia de un registro nacional de personas desplazadas internas, lo que contribuye a limitar el acceso efectivo a derechos y programas de atención.
