La Fiscalía de Nayarit obtiene órdenes de aprehensión contra defensores de la Playa Las Cocinas
La causa penal acusa a los pobladores que defienden Playa Las Cocinas por amenazas y asociación delictuosas.
Un Juez de Primera Instancia, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, emitió al menos cuatro órdenes de aprehensión contra defensores del territorio tras oponerse a las obras de un complejo de viviendas de lujo, ejecutadas por Grupo Dine en Playa Las Cocinas.
La causa penal 359/2026, con fecha del 27 de abril, acusa a pobladores de las localidades de Emiliano Zapata y Nuevo Corral del Risco por los supuestos delitos de amenazas, daño en las cosas, asociación delictuosa y apología del delito.
El Comité Putamitense y más de veinte organizaciones y colectivos, expresaron su preocupación por la integridad física, psicológica y la seguridad jurídica de los acusados. El pasado 27 de abril, tres activistas fueron detenidos por la policía estatal en la zona de las obras del desarrollo turístico exclusivo Cantiles de Mita de Grupo Dine, en Playa Las Cocinas, mientras se manifestaban y tomaban fotos y videos. Fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social El Rincón en Tepic y, ese mismo día, fueron liberados.
“Alertamos sobre la expedita y pronta tramitación que el Ministerio Público y la Policía Estatal del Estado de Nayarit hicieron respecto de la denuncia presentada por Cantiles de Mita S. A. de C. V. de Grupo DINE. Quienes el mismo 27 de abril la presentaron, mientras que otros de sus representantes, autoridades ambientales federales (de Semarnat y Profepa) y el mismo Presidente Municipal de Bahía de Banderas, se sentaban en la “mesa de diálogo” con el Comité Puntamitense”, denunciaron las organizaciones.
Agregaron que el objetivo de estas órdenes de aprehensión es inhibir el derecho de los pueblos a defender su patrimonio ambiental y callar e intimidar a quienes se organizan.
El abogado defensor de los activistas, Luis Daniel Juárez, informó en Aristegui Noticias que las suspensiones de los amparos protegen a los acusados –quienes se dedican a la pesca y servicios locales– para que no sean detenidos mientras se resuelven sus juicios. Esto es posible porque los delitos de los que se les acusa no son graves y no ameritan prisión preventiva automática según la Constitución.
Los colectivos y organizaciones exigen la cancelación de las órdenes de aprehensión y el cese inmediato del acoso judicial en contra del movimiento en defensa de las playas.
FOTO: ANGIE TOVAR /CUARTOSCURO.COM
“No existió una consulta pública efectiva”
Pobladores, organizaciones y legisladores han documentado desde hace meses la modificación de Zona Federal por parte de la inmobiliaria Cantiles de Mita, subsidiaria de Grupo Dine, en Playa Las Cocinas, así como afectaciones ambientales en un área de desove de tortugas. Los pobladores denuncian, además, la restricción del libre tránsito hacia una playa que por ley es pública.
La empresa Grupo Dine es prácticamente dueña de casi todo Punta Mita, la exclusiva península y comunidad privada de lujo que abarca más de seis kilómetros de costa Riviera Nayarit. Hace más de dos décadas compró mil 200 hectáreas a un dólar el metro cuadrado que hoy vende a 2 mil 200 dólares.
El pasado 14 de mayo, Grupo Dime afirmó en un comunicado que “la playa es de todos y lo seguirá siendo”.
“Cantiles de Mita (…) es titular de la concesión sobre el tramo de Zona Federal Marítimo Terrestre en el que se están realizando los trabajos. Dicha concesión fue otorgada por SEMARNAT bajo el título DGZF 336/04, con el propósito específico de cuidar y proteger esta playa. Una concesión no es propiedad: es una responsabilidad. Somos responsables de cuidarla y así lo asumimos, no somos dueños de la playa”, consignó Grupo Dine.
FOTO: ANGIE TOVAR /CUARTOSCURO.COM
El Comité Putamitense contestó a estas declaraciones que no existió transparencia plena de parte de la empresa hacia los pobladores, particularmente sobre el alcance real de la obra, sus impactos ambientales a corto y largo plazo, así como la entrega oportuna y completa de permisos, estudios técnicos y documentación sustantiva del proyecto.
“Afirmar que ‘la playa es libre y es de todos’ no basta para garantizarlo en la realidad. Una playa verdaderamente libre debe poder ser transitada, disfrutada y preservada sin barreras físicas ni intervenciones que alteren su naturaleza o reduzcan el espacio de uso público”, aseguró el Comité.
También subrayó que su postura fue clara desde el inicio: respetar plenamente los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre, privilegiando el interés colectivo por encima de cualquier interés privado.
“El hecho de contar con autorizaciones administrativas no elimina la responsabilidad pública de escuchar a la comunidad. No existió una consulta pública efectiva sobre un proyecto con impacto directo en el territorio, el patrimonio natural, cultural y el acceso histórico a Playa Las Cocinas”, concluyó el Comité Puntamitense.
