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Informe alerta por desplazamiento forzado y desapariciones en Chiapas
FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM
Publicado el 5 de junio 2026
  • Derechos Humanos

Informe alerta por desplazamiento forzado y desapariciones en Chiapas

El informe "Chiapas: La paz pendiente" cuestiona la narrativa oficial de "pacificación" y pone al centro dos crisis: el desplazamiento forzado interno y las desapariciones en el estado sureño.

Aunque los enfrentamientos armados se redujeron en la Región Sierra Frontera (RSF) de Chiapas, sus pobladores no sienten paz: disminuyeron las balas, pero no el control ejercido por el crimen organizado. Así lo explica el informe Chiapas: La paz pendiente 2025, publicado por el Grupo de Trabajo Región Frontera (GTRF), el cual contrasta la narrativa oficial de seguridad y “pacificación” con la perspectiva de las comunidades.

La Región Sierra Frontera resguarda uno de los paisajes más característicos del sur del país: montañas y caminos rurales en medio de la selva, poblada sobre todo por comunidades campesinas e indígenas. Al colindar con Guatemala y ser un territorio fronterizo, es un corredor geográfico de tránsito humano e intercambio cultural y económico. Debido a su ubicación existen, también, tensiones derivadas por el control territorial de grupos criminales.

El informe señala que esta región chiapaneca “se ha convertido en un espejo de las tensiones nacionales: crisis de desapariciones, asesinatos, desplazamientos forzados, vulnerabilidad y expresiones de violencia múltiple”. 

Los habitantes de la RSF señalan que la aparente disminución de la violencia se debe más a que el crimen organizado ha reorganizado sus zonas de control que a una verdadera desarticulación de sus redes. Además, el informe denuncia que el crimen organizado usa el silenciamiento de la población como dispositivo de censura.

“En principio cambió un poco, disminuyó un poco la violencia, pero ahorita sabemos y lo sentimos que no hay una paz verdadera. Hay un grupo allí que está predominando, y mientras permanezcan grupos armados en los municipios, en las comunidades, no vamos a vivir tranquilamente”, comparte un poblador de la RSF en el informe (todos los testimonios son anónimos por temor a represalias).

En Chiapas, el 2025 empezó con el hallazgo de 25 fosas clandestinas en los municipios de La Concordia, Palenque, Suchiate, Tapachula, Emiliano Zapata y Huixtla, en donde fueron encontrados más de 32 cuerpos —que no han sido identificados— con señales de tortura.

Ese mismo año, la Universidad Iberoamericana registró 203 eventos de desplazamiento forzado interno (DFI) en el estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó 416 personas desaparecidas en 2025 y cientos de personas en situación de DFI, o bien, en retornos circulares.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 13SEPTIEMBRE2024.- Más de diez mil personas congregadas por las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla, se dieron cita para marchar por La Paz en el estado, la cual se ha visto mermada por la creciente violencia que amenaza la integridad de la población civil desde la selva hasta el Soconusco.
FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Desplazamiento forzado interno: marco legal inoperante

Uno de los puntos más críticos que expone el GTRF es el desplazamiento forzado interno, el cual lejos de detenerse, ha mutado hacia un ciclo intermitente. Desde enero del 2021 a octubre del 2025, el Frayba resgistró 24 mil 290 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas. En la Región Sierra Frontera, el principal motivo de los desplazamientos es evitar enfrentamientos, amenazas o reclutamiento forzado.

El informe detalla que muchas familias que se vieron obligadas a huir de sus hogares han comenzado a retornar de manera precaria, pues no existan condiciones de seguridad reales garantizadas por el Estado.

Los grupos criminales ejercen control en las comunidades de la RSF sobre los medios de sustento y las economías locales: producción, compra y venta de productos agrícolas, así como el acceso al agua para riego.

“Volvimos con otros ojos, otro pensamiento, más desconfiados, con miedo. Porque lo que se vivió fue un golpe psicológico que todavía no lo superamos”, menciona en el informe una persona de la RSF.

​​A pesar de que Chiapas cuenta desde 2012 con la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, el marco legal es inoperante. A 14 años de su promulgación, el gobierno estatal no ha implementado la ley por falta de reglamento, protocolos y presupuesto, ignorando incluso un amparo judicial obtenido por el Instituto de la Defensoría Pública Federal que lo obliga a reglamentarla.

“El 17 de marzo la Secretaría de Gobierno presentó ante el Congreso otra ley de desplazamiento interno y, según esto, es posible que salga esa ley con la finalidad de dejar un vacío a la ley original, es decir, que se abrogue y, por lo tanto, no haya motivo del amparo”, menciona en entrevista con Fábrica de Periodismo, Pedro Faro, Coordinación de Incidencia y Sistematización del Frayba.

Y continúa: “Para nosotros es una estrategia muy tendenciosa por parte del gobierno porque no quiere cumplir las obligaciones que desde un principio se habían construido. Lo que quieren hacer es que el amparo quede obsoleto y entre una nueva ley con otros elementos de candados y restricciones”.

Drones Chiapas desplazamiento forzado
A la violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de personas en Chiapas, ahora se suman los ataques con drones.
Foto: Damián Sánchez, Cuartoscuro.

Desapariciones forzadas: “Mecanismo de terror y control territorial”

De acuerdo a fuentes oficiales, del 8 de diciembre del 2024 al 31 de diciembre del 2025, se registraron 416 personas desaparecidas en Chiapas: 44 de ellas en municipios fronterizos.

El informe alerta que existe un subregistro debido a un sistema que no incentiva la denuncia a través del miedo y la simulación institucional.

Por un lado, los familiares de personas desaparecidas denuncian que las Fiscalías del Ministerio Público maquillan las estadísticas al abrir “registros de atención” en lugar de verdaderas carpetas de investigación; por el otro, quienes se atreven a denunciar señalan criminalización de las víctimas por parte del Estado, amenazas directas del crimen organizado o graves riesgos al localizar por su cuenta a sus seres queridos, lo que las obliga a abandonar las búsquedas o negar los hallazgos para sobrevivir.

“Podemos afirmar que el fenómeno de las desapariciones en la RSF continúa operando como un mecanismo de terror y control territorial”, dice el Grupo de Trabajo Región Frontera en el informe.

El informe apunta que el gobierno de Chiapas mantiene un negacionismo ante estas crisis que, lejos de resolverlas, las agrava. Señalan que ​​a pesar de que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirma que su estrategia de seguridad implementada desde diciembre de 2024 logró disminuir los delitos de alto impacto, su gobierno ha mudado el discurso hacia una narrativa de confrontación directa. 

Desde el 2025, el gobernador ha sostenido que la delincuencia organizada se encuentra “arrinconada” y destaca el reforzamiento de su estrategia de seguridad.

“Vemos críticamente que por parte del gobierno de Chiapas hay todo una acción de propaganda mediática de su imagen: (Eduardo Ramírez Aguilar) es el showman, el “nuevo Bukele”, el “Neobukele” —así le dicen algunos—. Hay una gran inversión en la política de seguridad, que no es una política, sino es más bien presumir juguetes de guerra como el perro robot, el helicóptero, los drones”, mencionó Pedro Faro durante la presentación del informe.

Para las comunidades estos discursos oficiales de pacificación son mera simulación. “Yo digo que lo único que ha hecho (Eduardo Ramírez) es difundir que está trabajando por la paz, poner tantos anuncios de la famosa Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Eso nada más, queda nada más en pura publicidad las acciones de Paz. Pero en la realidad no hay paz”, dijo un habitante de la RFS.

FOTO: CUARTOSCURO.COM

¿Qué es la paz para las comunidades?

El informe subraya que “la guerra que se libra en la región no es de los pueblos: es una guerra impulsada por la delincuencia organizada, por autoridades que permiten o participan en estas dinámicas y por actores empresariales que se benefician de la reconfiguración violenta del territorio”.

Ante la crisis de violencia, los pueblos de la Región Frontera Sur sostienen su esperanza a través de la memoria de procesos organizativos del pasado, su espiritualidad, las kermeses y los encuentros.

Para las personas entrevistadas por el Grupo de Trabajo Región Frontera, la paz es muy diferente al discurso oficial de pacificación.

—Paz es cuando duermas tranquilamente. No tienes pena de que vaya a poder entrar un grupo a la comunidad o que, si tienes un tema legal, vas a poder ir a la autoridad y te va a atender como mereces.

—Buenas condiciones para el trabajo en el campo, para el desarrollo humano, y también en armonía con el medio ambiente, porque no puede haber paz si se está agrediendo la naturaleza.

—Es el bien común. Es una paz interior que se hizo justicia. Y de que todos nuestros derechos sean respetados.

—​​ El ejercicio de nuestra espiritualidad, la parte de nuestras emociones, estar bien en lo emocional también.

—Cuando hablamos de esa paz yo pienso mucho en los animales, que cada uno hace lo que le toque; pienso mucho en el árbol de naranja, que él da naranja, no hay para otra. Cada ser humano viene a dar algo, a sumar algo a este mundo y no al contrario, a depredar. Pues entonces cuando entendemos podemos vivir en paz con lo que tenemos, con lo que somos.

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Por: Alondra Reséndiz

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