Organizaciones exigen atender crisis sociales y ambientales en en contexto del Mundial
Más de cien organizaciones despliegan un mensaje en la Estela de Luz y exigen al gobierno que ponga la demandas sociales por encima del Mundial de Futbol 2026.
“Esto también está en juego. El mundo está viendo”. Este fue el mensaje desplegado ayer en una manta de 21 metros de largo, a 60 metros de altura, en la Estela de Luz. A dos días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 y, con los reflectores puestos en México, más de 100 organizaciones exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que el gobierno no solo se concentre en el evento deportivo sino que atienda las crisis sociales y ambientales que aquejan al país.
Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Project Worldcup Spotlight y redes binacionales como el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC denunciaron que problemas relacionados con la migración, desapariciones, violencia, despojo, desplazamientos forzados y justicia ambiental han sido ignorados.
En conferencia de prensa, advirtieron que la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, debería poner en el centro a los agricultores y trabajadores en lugar de a las corporaciones y multimillonarios.
Las organizaciones recordaron los recientes desplazamientos forzados de más de 2 mil personas en Chilapa, Guerrero, en donde el grupo criminal “Los Ardillos” asedia a las comunidades desde hace más de una década. Casas, cultivos y medios de vida han sido destruidos con armas de grueso calibre y drones con bombas.
De acuerdo con el informe Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), el año pasado se registraron 15 mil 795 personas desplazadas internas en el país, siendo Sinaloa (39.2%), Chihuahua (28.4%) y Michoacán (21.3%) los estados con mayor población desplazada en México. Sin embargo, el desplazamiento forzado se mantiene en once estados, es decir, en un tercio del país.
Las organizaciones también exigieron al gobierno mexicano que atienda con urgencia la crisis de desapariciones e hicieron un llamado a las autoridades para garantizar la protección, seguridad y libre expresión de los colectivos de búsqueda. En el país existen más de 133 mil personas desaparecidas y 80 mil cuerpos sin ser identificados.
“Mientras que el Gobierno de México ha anunciado inversiones por hasta 2 mil millones de pesos para infraestructura en movilidad en las tres ciudades sede y el despliegue de 100 mil agentes de seguridad pública, además de muchas otras inversiones millonarias por parte de los estados para asegurar la infraestructura y el desarrollo de este evento, no existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana”, consigan las organizaciones en un comunicado.
Exigen justicia ambiental
Los manifestantes también exigieron justicia ambiental y políticas de gobierno eficaces ante la destrucción de ecosistemas tanto terrestres como marinos que –denuncian– es resultado de anteponer inversiones corporativas sobre los derechos humanos. “Actualmente nos encontramos experimentando la devastación de la selva maya y los océanos a manos de un modelo de ‘desarrollo’ que prioriza las ganancias de las corporaciones frente a la protección de la vida en todas sus formas”, señalan.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2025, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el año pasado 10 personas perdieron la vida por defender su territorio, mientras que se registraron 314 agresiones específicas, como difamación, estigmatización, intimidación y amenazas, por la misma razón.
“La justicia ambiental es otro pendiente”, plantearon las organizaciones. Subrayaron que en México también existen comunidades desplazadas climáticas y migraciones internas causadas por despojo de tierras y bienes naturales.
“Esto también importa y desde las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a dialogar con la sociedad civil y establecer compromisos para garantizar la justicia social y ambiental y el respeto a los derechos humanos para todas y todos”, concluyeron.
