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Una red de abogados busca liberar a Brenda Quevedo, en prisión por 20 años y sin sentencia
Publicado el 30 de junio 2026
  • Derechos Humanos

Una red de abogados busca liberar a Brenda Quevedo, en prisión por 20 años y sin sentencia

Ocho organizaciones se unen en bloque para lograr la liberación de Brenda Quevedo Cruz, acusada por un secuestro en el que la tortura y la fabricación de culpables fueron la norma.

“Nadie debería sentirse secuestrado por el Estado”, dijo Brenda Quevedo Cruz desde su casa, donde lleva un proceso judicial desde hace 20 años por el supuesto asesinato de Hugo Alberto León Miranda, hijo de la poderosa empresaria Isabel Miranda de Wallace.

Quevedo tiene un brazalete electrónico en el tobillo, está bajo prisión domiciliaria desde 2024 y está conectada por videollamada a una conferencia de prensa en la que se ha presentado un nuevo frente de organizaciones que busca liberarla, tras 20 años sin recibir una sentencia.

Su caso se asemeja al de Israel Vallarta Cisneros o Daniel García Rodríguez, presos emblema del sistema judicial mexicano, a los que la prisión preventiva les arrebató años de libertad.

Este lunes, el enjambre de organizaciones bautizado como Red de Apoyo por Brenda Quevedo anunció la conformación del bloque que asegure su absolución, tras años de sufrir torturas, violencia sexual e incertidumbre.

La tortura contra Brenda Quevedo

Brenda Quevedo, novia de Jacobo Tagle Dobín en 2005, fue señalada por Miranda de Wallace como parte de una banda de secuestradores que asesinó a su hijo Hugo Alberto. Pese al cúmulo de inconsistencias del expediente judicial que apuntan a la simulación del asesinato y la fabricación de culpables. 

Quevedo es licenciada en Ciencias de la Comunicación, había trabajado en la producción de programas de Televisa y en la víspera de la supuesta desaparición de Hugo, tenía un trabajo en el ámbito de las relaciones públicas. Estaba por cumplir 26 años. 

Al año siguiente, Quevedo fue detenida e internada en prisión. Implicada por la declaración de Juana Hilda González Lomelí, quien fue liberada el año pasado tras una resolución histórica de la Suprema Corte que consideró las fallas en el debido proceso y la tortura sistemática para fabricar decalraciones.

Brenda, al igual que sus coacusados, fue víctima de torturas sistemáticas narradas por ella misma. Una de las más brutales ocurrió en el año 2010, cuando fue sacada de la prisión en la que se encontraba rumbo a las Islas Marías, donde hombres encapuchados la sometieron a una golpiza y amenazaron con dañar a su madre, Enriqueta Cruz. 

Los encapuchados dijeron venir “de parte del señor Hugo”.

Secuestrada por el Estado

Cuando Brenda ingresó por primera vez a prisión tenía 27 años, hoy tiene 45. 

“No hay una explicación posible de cómo una persona puede pasar casi la mitad de su vida privada de su libertad y, lo más escandaloso aún, sin una sentencia”, dijo la abogada Karla Micheelle Salas, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Salas, con experiencia en casos de alto perfil y atención con perspectiva de género, recordó las condiciones absurdas y desproporcionadas en la prisión domiciliaria que le impiden a Brenda llevar una vida normal. 

Desde junio de 2024, Brenda vive en un departamento de 80 metros cuadrados, cuida de su madre Enriqueta, no puede salir a trabajar, no puede ir al hospital ante una emergencia médica y un convoy de la Guardia Nacional (GN) vigila el domicilio. 

Pese a la escalada del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la recomendación de la CNDH que acreditó torturas en 2023 y el trabajo periodístico que ha documentado las irregularidades del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene las acusaciones y el juez de la causa se ha negado a cerrarla, un proceso con el cuál podría emitir por fin la sentencia. 

Desde su cámara web, Brenda Quevedo insiste en que esas heridas “que no se pueden ver” son las más peligrosas. Por ello, agradece el ánimo y el cariño de sus seres queridos. 

“Pido ayuda, ya esto es inconcebible. No sé en qué Estado de derecho pueda existir esto, es una pesadilla”. Para la víctima de torturas y de los procesos judiciales aletargados cualquier persona puede caer en la misma situación. 

“Les pido, por favor, que esto lo repliquemos, porque todos pueden ser yo. A todos nos puede pasar”, dijo Brenda entre sollozos, pero también con el agradecimiento para quienes luchan por sacarla de ese departamento.

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