Yucatán instala Comité Estatal de Partería
Este avance oficial en Yucatán contrasta con denuncias de parteras en siete estados que acusan 'discriminación institucional'.
Ante las demandas históricas de defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en el sureste del país, el gobierno de Yucatán instaló el Comité Estatal de Partería, cuyo objetivo es coordinar políticas para fortalecer la salud materna y neonatal a través de la partería tradicional, con enfoque de derechos humanos e interculturalidad.
De acuerdo con información oficial, el Comité de Partería de Yucatán beneficiará a 327 parteras tradicionales y a más de 20 mil personas gestantes, quienes llevarán control prenatal en las comunidades de 73 municipios yucatecos. Se espera que los partos sean de bajo riesgo y, en caso de presentarse emergencias obstétricas, el Comité plantea que habrá personal preparado para contenerlas.
Con esta implementación, se busca que cada nacimiento atendido tenga acceso al Registro Nacional de Partería y al certificado de nacido vivo, para garantizar el derecho a la identidad desde el primer día. El Comité, además, busca reducir la mortalidad materna y perinatal con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural.
Dos pilares legales sostienen esta medida: la reforma a la Ley General de Salud en marzo del 2024 y la emisión de la NOM-020. En ellas se consigna la labor de las parteras tradicionales dentro del Sistema Nacional de Salud y se les faculta legalmente para emitir certificados de nacimiento.
“La partería no compite con la medicina moderna, suma esfuerzos para que los partos sean seguros y los hospitales se abran sin discriminación”, dijo la partera maya Juana Pool Kinil, durante la instalación del Comité.
En la instalación del Comité, el gobierno yucateco también presentó la Tarjeta Elvia Carrillo Puerto, que entregará tres mil pesos bimestrales a las parteras tradicionales.
Contradicciones del nuevo marco legal para la partería tradicional
Aun con la reforma a Ley General de Salud en 2024, las parteras tradicionales siguen enfrentando obstáculos. A principios de este mes, parteras de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Baja California, denunciaron que la NOM-020 no les está beneficiando, sino todo lo contrario: atenta contra sus saberes ancestrales porque son obligadas a inscribirse en un registro como “personal no profesional autorizado”.
Para obtener los certificados de nacimiento, la norma exige a las parteras el aval técnico de médicos alópatas, una medida que las denunciantes califican como discriminatoria y lesiva para su trabajo ancestral y su autonomía laboral.
Debido a que las autoridades publicaron este ordenamiento sin consultar ni tomar en cuenta el voto de las comunidades afectadas, las parteras interpusieron amparos colectivos que buscan llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En mayo, cien parteras tradicionales se manifestaron en Chiapas y denunciaron que aún se enfrentan a restricciones, acoso y criminalización. Esto resulta alarmante porque en 2025, Chiapas fue el segundo estado que más muertes maternas registró, después del Estado de México.
