¿Prevenir o sancionar?: Organizaciones alertan sobre riesgos en la iniciativa de Ley Contra Feminicidios
Las organizaciones señalan que la iniciativa de Ley Contra Feminicidios, presentada este 2026 por el Ejecutivo, privilegia una respuesta de castigo sin resolver las deficiencias estructurales que impiden investigar y sancionar adecuadamente el delito de feminicidio.
México atraviesa una crisis de feminicidio y violencia de género extrema que requiere abordajes integrales, recursos y prevención. Como una respuesta institucional, hace cuatro meses la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Las organizaciones México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Balance y EQUIS Justicia reconocen que es un avance, pero identifican un gran vacío: las víctimas no están en el centro. En cambio, señalan que la iniciativa de Ley privilegia el castigo, endurece las sanciones, amplía agravantes, restringe beneficios procesales y refuerza el uso del sistema penal como principal herramienta para enfrentar la violencia feminicida.
Ximena Cruz, abogada en MUCD, plantea en entrevista con Fábrica de Periodismo que la iniciativa carece de un enfoque práctico de la aplicación de la ley, es decir, ignora la capacidad presupuestaria y la realidad operacional de fiscalías, servicios periciales, agencias del Ministerio Público y Juzgados de Primera Instancia.
“Yo creo que el llamado podría ser que se realice un diagnóstico real del estado actual de las instituciones de impartición de justicia y de procuración de justicia”, apunta la abogada de MUCD. “Que se haga un compromiso real presupuestal para mejorar las condiciones que actualmente tienen estas instituciones y, justamente, centrar este diagnóstico y este compromiso en atender las necesidades reales de las víctimas de la violencia letal feminicida. El cambio estructural claramente es necesario, pero no va a ser posible si no se cuentan con los recursos suficientes para hacerlo”.
Las organizaciones advierten que la iniciativa de ley, tal como está redactada, resulta insuficiente para reducir la violencia. No sólo eso: también puede reproducir desigualdades, poner en mayor peligro a mujeres en situación de vulnerabilidad y dejar sin resolver las fallas que hoy frenan las investigaciones.
El pasado 24 de abril, la presidenta Claudia Sheinabum y la fiscal general, Ernestina Godoy, anunciaron en conferencia matutina la presentación ante el Senado de una iniciativa legislativa para emitir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Sin embargo, las organizaciones señalan que la iniciativa no se encuentra presentada de manera oficial ante el Senado de la República y que, al día de hoy, no existe comunicación oficial que confirme su recepción ni su retiro. Por tanto, el estado actual de la iniciativa es incierto.
Riesgos identificados en la iniciativa
En el análisis ¿Prevenir o sancionar?, las organizaciones MUCD, Balance y EQUIS Justicia ofrecen la oportunidad de tomar en cuenta vacíos, riesgos y contradicciones en la iniciativa, antes de que la propuesta se formalice en el proceso legislativo.
Entre los riesgos que identifican destaca la ausencia de presupuesto para implementar nuevas obligaciones en fiscalías y servicios periciales, como señalaba la abogada Ximena Cruz. El régimen transitorio no establece un incremento presupuestal necesario para las instituciones responsables a cargo de su implementación.
Otro foco rojo en la iniciativa es que el análisis de contexto –fundamental para investigar con perspectiva de género– queda sujeto a la discrecionalidad del Ministerio Público, es decir, queda como una valoración y no como una obligación. Si bien establece el deber del Ministerio Público para realizar determinados actos de investigación, no prevé consecuencias jurídicas si este organismo no cumple.
La iniciativa también presenta problemáticas respecto al uso de lenguaje estigmatizante y de algunas definiciones. Por ejemplo, propone establecer una definición legal de ‘mujer’, lo cual podría abrir el camino a futuras reformas que modifiquen dicha definición bajo una mirada restrictiva y biologicista, limitando el acceso a la justicia.
“La aplicación práctica de esa definición puede ser muy muy muy difícil para los agentes del Ministerio Público, más aún pensando en que todavía en varios estados de la República no hay fiscalías o unidades de investigación especializadas en violencia de género. Entonces, abre esos riesgos de interpretaciones muy restrictivas de la ley, que pueden revictimizar, que pueden ser discriminatorias, que pueden dejar fuera a mujeres trans o mujeres que viven en disidencias sexogenéricas”, plantea Ximena Cruz.
Otra definición que la iniciativa propone incorporar es ‘legítima defensa’, la cual podría trasladar a las mujeres sobrevivientes la carga de probar que actuaron bajo esta figura, para que se les reconozca la calidad de víctimas de tentativa de feminicidio.
“Muchas veces la aplicación de esta figura de legítima defensa se hace hasta el final del procedimiento penal. O sea, son muy pocos los casos en los que los agentes del Ministerio Público abordan el enfoque de legítima defensa desde el primer momento. Entonces, terminan por criminalizar a las víctimas sobrevivientes y se les reconoce la calidad de legítima defensa casi hasta la sentencia de amparo”, explica la abogada del MUCD.
La iniciativa también propone la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, pero carece de la perspectiva y las voces de infancias, adolescencias y juventudes.
Un aspecto en el que las organizaciones hacen especial énfasis es que la iniciativa presenta una lógica de castigo que no atiende historias de vida, contextos estructurales complejos ni asimetrías de poder derivadas de situaciones de vulnerabilidad.
Por ello, las organizaciones que analizaron la iniciativa hacen un llamado para que se establezcan obligaciones claras para las autoridades, además de que se garanticen recursos suficientes para fortalecer fiscalías, servicios periciales y mecanismos de atención.
“Yo insistiría en el tema de retomar las experiencias y conocimientos de víctimas, de sobrevivientes, de familiares y personas defensoras de derechos humanos para diseñar e implementar una política pública en la que todas las mujeres, niñas y adolescentes sean tomadas en cuenta y puedan beneficiarse de las propuestas que se hagan”, resalta la abogada Ximena Cruz.
“México necesita una política pública capaz de transformar las condiciones que producen la violencia feminicida, no únicamente de sancionarla cuando ya ocurrió“, advierten MUCD, Balance y EQUIS Justicia. “Más castigo no significa más justicia para las mujeres”.
Si hay una tarea urgente, analizan estas organizaciones, es hacer análisis de contexto obligatorios en todas las investigaciones y establecer mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas, con perspectiva de derechos humanos.
