Motín en estación migratoria en Tapachula, Chiapas, deja dos detenidos
Migrantes protagonizan motín en estación migratoria en Chiapas. Quema de colchonetas moviliza al Ejército. Denuncian retenciones prolongadas.
Un grupo de migrantes cubanos protagonizó un motín la noche del sábado en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. El motín incluyó la quema de colchonetas y movilizó a fuerzas federales y al Ejército Mexicano. Dos personas fueron detenidas y trasladadas a Tuxtla Gutiérrez para su deportación, mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó saldo blanco aunque organizaciones civiles denuncian abusos sistemáticos en el centro de detención.
Los disturbios se desencadenaron pasadas las diez de la noche del sábado y se extendieron hasta pasada la medianoche del domingo, cuando las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las instalaciones.
Las fuentes discrepan sobre las personas involucradas y su nacionalidad. Algunos diarios reportan que unas 40 personas de nacionalidad cubana, quienes habían sido retenidas en distintos puntos del país por no acreditar su estancia legal en México, iniciaron la protesta tras conocer que serían deportadas.
Dos personas fueron detenidas como presuntos responsables de intentar generar el incendio. Medios de comunicación los identifican como ciudadanos venezolanos. Ambos fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, desde donde serán procesados para su deportación.
En un comunicado oficial, el INM atribuyó el incidente al descontento de un grupo de migrantes con la evolución de sus trámites legales. El INM sostiene que en ese momento el centro alojaba a un centenar de migrantes, aunque otras fuentes elevan la cifra a casi 180 personas.
Una crisis recurrente
La estación Siglo XXI es considerada el centro de detención migratoria más grande de Latinoamérica. En los últimos años ha sido escenario de al menos cinco eventos previos de fugas, motines y protestas.
En 2019, dos motines sacudieron la estación: el primero, en abril, dejó más de mil 300 migrantes fugados; el segundo, en agosto, obligó a cerrar temporalmente el servicio. Más recientemente, en noviembre de 2022, otro levantamiento requirió la intervención de fuerzas de seguridad para recuperar el control del inmueble.
Los hechos del sábado reavivan la preocupación por la seguridad en los centros de detención migratoria, en un momento en que aún persisten las consecuencias judiciales del incendio que en marzo de 2023 cobró la vida de 40 personas en la estación de Ciudad Juárez.
Tras el motín registrado este sábado en la estación migratoria, organizaciones defensoras de personas migrantes denunciaron –de nuevo– condiciones de hacinamiento, retenciones prolongadas y presuntas violaciones a los derechos humanos en el centro de detención. Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana en Tapachula, acusó al INM de retener por tiempos prolongados a los extranjeros, tenerlos incomunicados y sin acceso a una defensa jurídica.
El activista ha insistido en que en el trato a los migrantes prevalece un “clasismo terrible”, acompañado de una “opacidad terrible” sobre las condiciones de reclusión. Según García Villagrán, las exigencias económicas varían según el origen de la víctima: 300 dólares para los centroamericanos y entre 1,000 y 1,500 para los cubanos, bajo la amenaza de acelerar su expulsión del país.
La periodista Ángeles Mariscal explicó en Aristegui Noticias que muchos de los retenidos son cubanos y venezolanos expulsados por Estados Unidos, pero que sus naciones de origen se niegan a readmitirlos, lo que los deja en un vacío legal que puede prolongarse semanas. La periodista ha documentado que algunos migrantes llevan hasta tres semanas en el centro sin que nadie les informe sobre el estatus de su caso.
El director del Centro de Dignificación Humana, García Villagrán, estima que la cifra de migrantes varados en la región supera las 60 mil personas, víctimas de la parálisis institucional. “Es un problema social grave”, afirmó. Puso como ejemplo los trámites ante la COMAR, que debieran resolverse en 90 días pero en la práctica se alargan hasta un año y medio, convirtiendo a las localidades del sur en espacios de reclusión involuntaria.
