Un modelo de impunidad y gobernanza criminal facilitó el asesinato de periodistas en Veracruz
Propuesta Cívica documentó los patrones que mantienen en la impunidad los asesinatos de periodistas en Veracruz. En la gestión de Javier Duarte, cada tres meses había un asesinato.
En Veracruz, un modelo de impunidad permitió el asesinato de 18 periodistas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de la entidad de 2010 a 2016. En promedio, cada tres meses un periodista fue asesinado en la entidad, destaca el informe “Prohibido Investigar: La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, presentado este martes por la asociación civil Propuesta Cívica.
“La violencia contra la prensa no fue aislada, no fue producto del azar, fue consecuencia de la omisión y de la ineficacia del Estado y también de su colusión y de sus vínculos con el crimen organizado”, planteó Sara Lidia Mendiola, directora ejecutiva de la organización.
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Y aunque el estudio tiene un enfoque limitado a Veracruz en un periodo de tiempo, con una cifra de 31 periodistas asesinados desde el año 2000, la especialista en derechos humanos subrayó que el modelo explica y refleja la realidad de los crímenes contra periodistas en todo el país.
Durante la presentación del trabajo, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco, periodistas y especialistas destacaron como la macrocriminalidad y el estado de gobernanza criminal posibilita el asesinato de comunicadores.
“Es una cuestión estructural, sistémica. Documenta que tres investigaciones comparten 14 fallas idénticas, es la repetición exacta del mismo conjunto de omisiones en tres expedientes que se van construyendo en distintos momentos”, señaló Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso Ayotzinapa y asesor en la elaboración del informe.
El informe, disponible en la página de Propuesta Cívica, también analizó la gestión de Fidel Herrera como gobernador (2004-2010), se centró en ocho víctimas, tres hechos delictivos y en el papel de dos Fiscalías.
La estela de asesinatos en Notiver
Las víctimas cuyos casos se escudriñan en el informe estaban vinculadas al diario Notiver, un periódico con más de cinco décadas de existencia y distinguido por su cobertura de sucesos de violencia.
La investigación profundiza, con el acceso a los expedientes judiciales, en los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Agustina Solana Melo, Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra.
En primer lugar, el asesinato de la familia López Solana, ocurrido el 20 de junio de 2011, cuando sujetos armados dispararon contra Miguel Ángel López Velasco “Milo Vela” (reportero de Notiver), contra su esposa Agustina Solana y contra su hijo Misael López Solana (fotoperiodista de Notiver).
La familia fue acribillada en su propio domicilio y el crimen fue atribuido a Jesús Carranza “El ñaca ñaca”, un pistolero de Los Matazetas, organización precursora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de mayor poderío en la actualidad.
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El informe resalta una amenaza no indagada a cargo de Luis Rosas Duarte, comandante de la Dirección de Detención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública. El funcionario y primo hermano de Javier Duarte amenazó a “Milo Vela” en el café La Parroquia por una columna publicada en mayo, semanas antes de ser asesinado.
El homicidio de “Milo Vela” y su familia cimbró al gremio periodístico. Excompañeros de Milo, como Gabriel Huge y Yolanda Ordaz se convertirían meses después en víctimas de asesinatos, cuyas investigaciones se estancaron únicamente en los autores materiales.
Un mes después del asesinato de los López Solano, en julio de 2011, la periodista Yolanda Ordaz fue secuestrada mientras se alistaba para la fiesta de graduación de su hija.
En la madrugada su cuerpo de la reportera –especializada en coberturas policiales– fue abandonado detrás del edificio del periódico Imagen del Golfo, con una nota firmada presuntamente por Carranza. El hilo conductor de los asesinatos.
Casi un año después, en mayo de 2012, tres fotoperiodistas que se habían alejado de la actividad informativa regresaron a Veracruz para volver a ejercer y fueron víctimas de un multihomicidio.
Los cuerpos de Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez —los tres excolaboradores de Vela y Ordaz— fueron localizados desmembrados en el Canal de la Zamorana. Junto con ellos, también se encontraron los restos de Irasema Becerra Jiménez, publicista de El Dictamen, otro diario de la región.
Patrones que perpetúan la injusticia
Según la investigación de Propuesta Cívica, las indagatorias judiciales comparten una serie de falencias que contribuyeron a la impunidad:
- No tenían un plan de investigación con hipótesis claras ni teoría del caso sólida
- No se abordaron los casos de forma global, integral, compleja ni desde un enfoque de macrocriminalidad
- No se tomó en cuenta la labor periodística de las y los asesinados como móviles de los crímenes
- No se abrieron líneas de investigación referentes a la violencia y posibles torturas con las que se ejercieron las muertes
- No se realizaron investigaciones con perspectiva de género
- Criminalización y vinculación con el crimen organizado como líneas principales de investigación
- Fragmentación del expediente
- Falta de accionar en los casos donde hubo desaparición
- No se realizaron actos de investigación pertinentes en su totalidad
- Declaraciones como prueba principal
- No se resguardaron ni analizaron correctamente las escenas de los crímenes ni las evidencias obtenidas a partir de ellas
- No se utilizaron debidamente herramientas legales para romper pactos de silencio
- La intervención de las víctimas y familiares fue casi nula o deficiente
- No se acataron las recomendaciones de organismos enfocados en derechos humanos
Los expedientes centraron la responsabilidad únicamente en el grupo criminal “Los matazetas” y vincularon a las víctimas con el crimen únicamente mediante declaraciones, sin poder confirmar o descartar la información, pero criminalizando a los reporteros ante la opinión pública.
Además, obviaron el papel de autoridades que para entonces estaban cooptadas por el crimen organizado, como la Policía Intermunicipal de Veracruz e incluso el gobernador Duarte, cuyos nexos criminales eran plenamente conocidos.
“Los grupos criminales, de la mano de las autoridades estatales, buscaron hasta el cansancio consolidar zonas de silencio donde la corrupción y la criminalidad operaran sin escrutinio. En este escenario, la impunidad protegió a los perpetradores, pero también erosionó el Estado de Derecho y debilitó a toda la sociedad veracruzana y mexicana”, concluye el informe.
