Desmantelan red de contrabando armas de Estados Unidos a México
Autoridades de Estados Unidos desarticularon red de contrabando de armas de Arizona a México. La acusación incluye 158 cargos.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la noche de este martes la desarticulación de una organización dedicada al contrabando de armas hacia cárteles mexicanos y la presentó como un éxito de la estrategia del presidente Donald Trump contra el contrabando.
“Detener un arma antes de que alcance a un cártel es un paso adelante”, escribió Johnson en su cuenta de X. “En Arizona, las autoridades estadounidenses arrestaron a cerca de 30 imputados y neutralizaron múltiples redes de tráfico ilícito”.
El diplomático subrayó que el operativo fue posible gracias a la cooperación entre ambos países. “Al trabajar codo a codo con las autoridades mexicanas, aseguramos que los traficantes rindan cuentas y que nuestras naciones sean más seguras”, agregó. Johnson también recordó que la administración actual ha incautado más de 50.000 armas de fuego hasta la fecha.
Las manifestaciones del embajador se produjeron luego de que la Fiscalía del Distrito de Arizona anunciara la conclusión de una pesquisa que se extendió por dos años. El operativo, desplegado bajo el paraguas de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional —conocida por sus siglas en inglés HSTF—, culminó con el procesamiento penal de 28 individuos.
El gran jurado federal con sede en Phoenix devolvió el 21 de julio una acusación formal que contiene 158 cargos. Según el documento, la estructura estaba comandada por un residente de la capital de Arizona.
El mecanismo de reclutamiento en tiendas autorizadas
La investigación señala que el líder de la operación contaba con una red de colaboradores cuya función consistía en captar a terceros —denominados straw purchasers en el argot judicial— para que adquirieran armas en su nombre.
Estos intermediarios acudían a comercios con licencia federal en Arizona y realizaban las compras a cambio de retribuciones económicas. Posteriormente, el operador principal comercializaba este arsenal. Las autoridades estadounidenses aseguran tener razones fundadas para creer que los integrantes de esta red eran conscientes de que las armas terminarían en México.
El arsenal que circulaba por esta ruta ilícita incluía, entre otros, pistolas modelo Glock 19 y fusiles de la familia AK.
El pliego acusatorio incluye delitos de diversa naturaleza: conspiración para adquirir armas de manera fraudulenta, declaraciones falsas en los trámites de compra, operación como comerciante ilegal de armamento y participación en una organización dedicada al contrabando de Estados Unidos a México.
Cuatro investigaciones previas
El expediente de 158 cargos se nutrió de información de inteligencia recolectada en cuatro pesquisas federales vinculadas al contrabando de armas y municiones de Estados Unidos con destino a México.
Uno de los casos que alimentaron la investigación fue el de Emmanuel Rabena-Velderrain, un mexicano al que las autoridades interceptaron el 17 de febrero de 2025. Conducía hacia la frontera sur con un cargamento oculto: 42 fusiles tipo AK y sus correspondientes cargadores para munición 7.62×39. El 31 de marzo se declaró culpable de intento de contrabando. Su sentencia está prevista para el 17 de agosto ante el juez Scott H. Rash, en Tucson.
Otro de los expedientes conectados al caso es el de Amairany Guadalupe Armendariz Alvarez. Esta mujer, también de nacionalidad mexicana, cruzó la frontera con una visa temporal y se desplazó hasta Phoenix. Su misión, según la acusación, era hacerse con tres fusiles M249 y una Colt. Admitió que sabía que las armas serían trasladadas ilegalmente a México y se declaró culpable de posesión de arma de fuego por parte de un extranjero. La jueza Susan M. Brnovich la sentenció el 27 de abril a 24 meses de prisión.
Un tercer caso involucra a Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo, ambos residentes de Phoenix con antecedentes penales. Se declararon culpables el 13 de mayo de posesión de armas y municiones por parte de delincuentes convictos. En su domicilio, los agentes incautaron un arsenal: una ametralladora M249, un rifle Barrett calibre .50 BMG, un fusil FN SCAR, 12 fusiles tipo AK, seis pistolas y 57 mil cartuchos. El juez Sharad H. Desai fijó su sentencia para el 19 de octubre.
El cuarto caso se remonta a marzo de 2025, cuando un gran jurado acusó a los mexicanos José Daniel Medina y Juan Jesús Estévez, así como a Christian Alberto Pereida Ramírez, de Nogales, Arizona, por conspirar para adquirir y contrabandear armas y municiones hacia compradores en México. Según la investigación, las autoridades aseguraron en este caso 10 pistolas y 56 mil cartuchos.
Decomisos y penas previstas
Durante los dos años de pesquisa, los agentes de la HSTF ejecutaron múltiples órdenes de cateo en cuentas de redes sociales, dispositivos móviles, viviendas y vehículos. El balance de las incautaciones en Arizona asciende a más de 100 armas de fuego de diversos calibres y más de 125 mil cartuchos de munición.
De ser hallados responsables, las penas podrían ser severas. La conspiración para el tráfico de armas y la posesión ilícita están castigadas con hasta 15 años de cárcel y sanciones económicas que podrían alcanzar los 250.000 dólares. El delito de contrabando de mercancías fuera de Estados Unidos conlleva un máximo de 10 años de prisión. Las imputaciones por declaraciones falsas y operación como comerciante sin licencia pueden ser sancionadas con hasta cinco años de reclusión
