FGR no notificó a las familias de Ayotzinapa del arresto de Ángel Aguirre
Padres de Ayotzinapa denuncian que FGR no les notificó la detención de Ángel Aguirre. La detención podría llegar a saldar una deuda de justicia para las familias si se sustenta en cargos sólidos y no en decisiones políticas.
La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias del caso Ayotzinapa fue recibida con un reclamo que atraviesa casi doce años de lucha: ni las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, ni sus representantes legales, fueron informadas por la Fiscalía General de la República a pesar de ser los primeros interesados en el caso.
El arresto del exmandatario ocurrió este 6 de agosto, luego de que la FGR obtuviera una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Concretamente, a Aguirre se le acusa de ordenar la destrucción u ocultamiento de evidencia sensible en torno al caso Ayotzinapa: videograbaciones del momento en que la policía municipal y otras fuerzas públicas participaron en la desaparición de los normalistas.
Aguirre ya fue ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
En un comunicado conjunto difundido este jueves, los padres y madres de los estudiantes —respaldados por los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz y Fundar— expresaron que hasta entonces ninguna autoridad les había notificado oficialmente la detención. Toda la información que poseen, señalaron, proviene de reportes periodísticos y de lo declarado públicamente por la fiscal general, Ernestina Godoy.
Las familias aseguraron que desconocen los extremos de la imputación y advirtieron que la falta de comunicación directa con las víctimas —un derecho que consideran fundamental para preservar la confianza en las instituciones— se ha convertido en un patrón recurrente durante estos años.
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Un matiz importante
A pesar del reclamo, las organizaciones que acompañan a los deudos introdujeron un matiz significativo en su pronunciamiento. “De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”, indicó el texto firmado por las cuatro agrupaciones.
El caso de Aguirre Rivero representa, para las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la primera vez que el proceso judicial alcanza al funcionario de mayor jerarquía en el gobierno guerrerense al momento de los hechos.
La investigación se centra en la desaparición de las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Durante años, las autoridades sostuvieron que esos videos no existían debido a fallas técnicas. Sin embargo, la FGR afirmó que nuevos testimonios de colaboradores permitieron establecer que el material sí existió y fue sustraído por instrucciones del entonces gobernador.
En mayo de 2025, la Fiscalía detuvo a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de la misma destrucción de evidencias. Tras aquel arresto, Aguirre negó públicamente haber dado instrucción alguna sobre el manejo del material probatorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada este viernes sobre la detención, negó que exista un “fondo político” en la captura y aseguró que se trata del resultado de meses de trabajo de la FGR. La mandataria anunció que a finales de agosto se reunirá personalmente con los padres de los normalistas.
“A lo mejor hay cosas que no se pueden informar antes por la investigación, pero el compromiso que hemos hecho con ellos lo vamos a cumplir”, declaró Sheinbaum, quien también confirmó que las familias mantienen comunicación permanente con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y con el fiscal del caso, Mauricio Pazarán.
A un mes de que se cumplan doce años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la detención de Aguirre Rivero representa un hito en una investigación que ha estado plagada de obstáculos, promesas incumplidas y desconfianza. Para las familias, sin embargo, ese hito solo tendrá el peso de la justicia si las autoridades demuestran que el proceso se sostiene sobre evidencias sólidas y no sobre decisiones políticas.
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