Detienen a Ángel Aguirre por ocultar evidencias en caso Ayotzinapa
Detienen al exgobernador Ángel Aguirre por bajo los cargos de desaparición forzada y contra la administración de justicia en caso Ayotzinapa.
En el marco del caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas en 2014, agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron este jueves una orden de aprehensión contra Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero entre 2011 y 2014. El exmandatario es señalado por su presunta intervención en el encubrimiento de pruebas vinculadas con la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, un caso que cumple casi 12 años sin resolverse. La captura se llevó a cabo en el Estado de México, según informaron fuentes oficiales.

Foto: José Hernández, Cuartoscuro
La Fiscalía ha precisado que los delitos imputados al exgobernador son desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia. La orden de aprehensión fue solicitada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, obtenida de un juez y cumplimentada este jueves.
Una investigación de Ernestina Godoy
La investigación, encabezada por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, determinó que el exmandatario habría ordenado la destrucción de videograbaciones que documentaban lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. En esas imágenes, captadas por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala, se observa el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, siendo detenido por policías municipales y estatales. Poco después, se reportó la desaparición de los estudiantes.
En las primeras horas posteriores a los hechos, las autoridades declararon que las grabaciones no estaban disponibles por problemas técnicos en el equipo de monitoreo. El nuevo análisis de la Fiscalía, sin embargo, demostró que ese argumento era mendaz y que el material sí existía.

Foto: Saúl López, Cuartoscuro
La titular de la FGR expuso ante medios de comunicación que, con base en las nuevas indagatorias, se ha podido establecer que el encubrimiento no fue una negligencia ni una omisión fortuita. “Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, afirmó Godoy Ramos.
El nuevo modelo de investigación de la FGR, que implicó el reanálisis de las actuaciones existentes y la realización de nuevos actos de investigación, permitió obtener elementos de prueba clave. En enero de este año, la Fiscalía recibió el testimonio de un colaborador que no solo ratificó la autenticidad de las grabaciones, sino que identificó a la persona que se las habría entregado al entonces gobernador.
El informante también mencionó haber recibido presiones y amenazas que lo mantuvieron en silencio durante años. Cinco meses después, un segundo declarante, cuya identidad se mantiene bajo reserva, reforzó la línea investigativa. Según su relato, Aguirre Rivero convocó a los funcionarios de más alto rango de su administración para instruirles, de manera explícita, que hicieran desaparecer toda prueba relacionada con lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa.
Godoy Ramos subrayó que las indagatorias han permitido reunir pruebas suficientes para sostener que “dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”.
La Fiscalía ha señalado que los delitos imputados son desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, aunque no ha divulgado los elementos probatorios específicos que sustentan la acusación, más allá de lo expuesto en el mensaje de la titular de la FGR. La institución tampoco ha precisado el lugar exacto donde se cumplimentó la orden de aprehensión.
Ángel Aguirre: del PRI al PRD
Ángel Heladio Aguirre Rivero nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero. Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y también se desempeñó como docente en esa casa de estudios. Su trayectoria política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional, del que renunció en 2010 para unirse al Partido de la Revolución Democrática. Con esta fuerza política ganó la gubernatura de Guerrero en 2011 y asumió el cargo el 1 de abril de ese año.
No es la primera vez que Aguirre Rivero ocupa la gubernatura. Entre 1996 y 1999, el Congreso local lo nombró como sustituto después de que Rubén Figueroa Alcocer fuera removido del cargo. Durante su segundo mandato ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, un hecho que desató una crisis política y social sin precedentes en el estado.
Aguirre Rivero presentó su solicitud de licencia el 23 de octubre de 2014, apenas cuatro semanas después de la desaparición de los normalistas. El entonces gobernador argumentó que su salida temporal del cargo contribuiría a agilizar el esclarecimiento de los hechos. La solicitud se produjo en medio de un escenario político adverso, pues el Senado de la República ya debatía la eventual desaparición de los poderes en Guerrero.
En 2024, el político anunció su salida del PRD, después de haber dirigido una corriente interna llamada Izquierda Progresista de Guerrero. El avance en la investigación se da en un escenario político distinto al de años anteriores. El gobierno federal actual, encabezado por Morena, ha desestimado la versión conocida como “verdad histórica” que el sexenio de Enrique Peña Nieto promovió, según la cual los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos eran irrecuperables.

Sin embargo, a lo largo de estos años, la investigación ha tenido múltiples giros. Han sido procesados miembros del cártel Guerreros Unidos, elementos de fuerzas policiales municipales y estatales, personal militar y funcionarios que ocupaban cargos públicos en el momento de los hechos. Pese a ello, aún existen expedientes militares relacionados con el caso que no han querido entregarse y hace apenas unas semanas, la CNDH emitió una recomendación en donde exculpó al Ejército de su participación en la noche de Iguala.
La detención de un exgobernador representa un nuevo capítulo en una investigación que, casi 12 años después, sigue sin esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. La detención de Aguirre Rivero representa la primera vez que un exgobernador es aprehendido por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias en el caso Ayotzinapa.
Los familiares de los 43 estudiantes han mantenido una lucha constante por la verdad y la justicia, exigiendo que las autoridades no sólo castiguen a los autores materiales, sino también a los intelectuales y a quienes facilitaron la impunidad. La detención del exgobernador podría representar un paso significativo en esa dirección, aunque el paradero de los jóvenes sigue siendo la pregunta que permanece sin respuesta.




