La extorsión rompe récords en 2026 y amenaza la economía en México
Este delito, impulsado por el miedo, asfixia al sector productivo y frena el desarrollo económico en las regiones más afectadas.
La extorsión se mantiene como el principal delito a la alza en México: de enero a junio de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 6 mil 562 víctimas, la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años.
Esta cifra, que se traduce en 32 víctimas al día, es apenas una pequeña fracción de un problema de mayor dimensión. Según el INEGI, el 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra por temor.
“Detrás de cada estadística existe una historia distinta: un pequeño negocio obligado a pagar para operar, un transportista amenazado, una tienda familiar intimidada o una persona que decide guardar silencio porque perdió la confianza en las instituciones. La cifra oculta más alta de todos los delitos refleja justamente eso: miedo”, escribe Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Sierra Álvarez agrega que la extorsión dejó de ser un delito secundario y que ahora representa uno de los mayores desafíos para la continuidad de miles de negocios y el crecimiento económico regional.
Considerando el mes de julio, la cifra asciende a 6 mil 702 víctimas en 2026, y son la Ciudad de México (1,052), el Estado de México(1,009) y Guanajuato (822) las entidades con mayor incidencia de este delito.
“La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un paso importante. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: lograr que esa legislación se traduzca en resultados concretos”, escribe Sierra Álvarez.
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Repunte nacional de la extorsión
De acuerdo con el análisis de la Coparmex, entre enero y junio de 2026 el país registró 551 víctimas de extorsión más que en el mismo periodo del año anterior, un repunte que afectó a 19 estados y llevó a 12 de ellos a alcanzar sus niveles más altos de los últimos 11 años.
A nivel estatal, las variaciones anuales muestran incrementos drásticos en entidades como Chihuahua, que creció un 2,325% al pasar de 4 a 97 víctimas, y Zacatecas, con un alza del 551.4% tras subir de 35 a 228 casos. Al medir el impacto por la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, la presión más alta la concentran Morelos (18.8), Querétaro (15.5), Zacatecas (13.2), Ciudad de México (12.7) y Baja California Sur (12.4).
A nivel local, el problema presenta una alarmante concentración territorial. La mitad de los 20 municipios con mayor tasa del país pertenecen únicamente a Guanajuato (con 5 municipios) y a la Ciudad de México (con 5 alcaldías), mientras que Cuautla, Morelos, se posiciona como el municipio más afectado de toda la nación, con una tasa de 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes.
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Radiografía del riesgo: 14 estados superan la media nacional en el Índice de Extorsión de Coparmex
Para construir un diagnóstico preciso, la Coparmex creó su propio Índice de Extorsión (IEC), el cual combina tres factores clave con ponderaciones específicas: asigna un peso del 50% a la magnitud del delito —calculada con registros oficiales del SESNSP—, un 25% a la cifra negra u oculta y otro 25% a la percepción de inseguridad ciudadana, ambos basados en datos del Inegi.
A nivel nacional, el IEC registra un promedio de 49.7%, un umbral superado por 14 entidades. El ajuste en el indicador muestra cambios en el mapa de riesgo del país: Guerrero protagonizó el salto más pronunciado al escalar del lugar 11 al 5 y al colocarse dentro del top 5 nacional (Morelos, Tabasco, Estado de México, Zacatecas y Guerrero), mientras que Sinaloa subió de la posición 22 a la 17 y Michoacán avanzó de la 16 a la 13.
En contraste, algunas entidades mostraron descensos en la clasificación del índice. Tlaxcala retrocedió de la posición 17 a la 23, Baja California mejoró su lugar al pasar del 7 al 12 y Jalisco descendió del puesto 23 al 28. Estos resultados permiten mapear las regiones donde la extorsión representa un peligro crítico y orientar los esfuerzos institucionales necesarios para prevenir, investigar y sancionar este delito.
