51 acciones urgentes por desapariciones, señala informe del CED ONU
México es el país con más solicitudes de acción urgente por parte del CED ONU, organismo cuestionado por el gobierno morenista tras señalar su responsabilidad en la crisis de desapariciones.
Desde el 1 de marzo hasta el 16 de septiembre de 2025, el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha registrado 51 acciones urgentes por casos de desaparición, siendo el país con más solicitudes en el periodo.
Un informe del CED ONU, publicado por Aristegui Noticias, es la muestra más reciente de una crisis de derechos humanos que acumula al día de hoy más de 130 mil personas desaparecidas según el censo oficial a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mismo que no ha estado exento de críticas por parte de la sociedad civil.
México es el Estado con más solicitudes de acciones urgentes por parte del CED ONU. Según las cifras que incluye el reporte, México está al mismo nivel que Iraq, con un 35% de las solicitudes totales, mientras que otros países se distribuyen el resto del porcentaje de marzo a septiembre de este año.
En el apartado de denuncias relacionadas a México, el informe del CED menciona 29 acciones urgentes por desapariciones en Baja California, las cuales “involucraron presuntamente a víctimas privadas de libertad durante operativos policiales o interceptadas por uniformados”.
Mientras que en Jalisco, donde se cuentan 5 solicitudes, se refiere una caso de desaparición en el que están implicados agentes policíacos a los que se les han girado órdenes de aprehensión, las cuales no se han cumplimentado hasta la fecha.
Uno de los casos emblemáticos ocurrió en Guanajuato, donde José Francisco Arias Mendoza “Don Panchito”, integrante del colectivo Hasta Encontrarte y padre buscador fue secuestrado por hombres armados que se identificaron como agentes de la Fiscalía local y asesinaron a otro de sus hijos.
“La información disponible indica que en muy pocos casos se implementó una estrategia de búsqueda e investigación y, cuando se implementó, presuntamente no cumplió con el protocolo estandarizado establecido por la Fiscalía General de la República. La información señala, además, limitaciones en la planificación clara y coordinada de las acciones de búsqueda”, indica el apartado del informe dedicado a México.
El CED ONU ha señalado de forma insistente las omisiones y responsabilidades del Estado mexicano en la crisis de desapariciones forzadas. Hace meses, el senador Gerardo Fernández Noroña y Rosario Piedra Ibarra (la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) rechazaron los cuestionamientos por un procedimiento relacionado al artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
