AMLO exculpa al Ejército del caso Ayotzinapa y afirma que es blanco de campaña de desprestigio
El informe de AMLO entregado a padres de los 43 normalistas atribuye a una campaña nacional e internacional la campaña contra el Ejército.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, pero exculpa al Ejército y acusa que existe una campaña nacional e internacional para ”debilitar” a la institución. “Sobre su participación directa en este crimen, hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada”, sostiene en el informe entregado a padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos en 2014.
El informe fue publicado por el diario La Jornada, uno de los pocos medios que López Obrador confía al considerar que está comprometido con su causa, y lo dedica a plantear su hipótesis sobre una campaña contra el Ejército sin dar mayores datos sobre el paradero de los normalistas ni de la causa que llevó a desaparecerlos de manera forzada.
“Ciertamente, no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”, reitera el presidente en el texto de 21 puntos.
López Obrador, quien ha dado mayor presupuesto, tareas y poder al Ejército en su sexenio, sostiene que se podría acusar de omisión militares que estaban enterados de actos de la violencia ocurridos ese 25 y 26 de septiembre en Iguala, “sin embargo, no actuaron para evitar abusos de autoridad y salvar la vida de los jóvenes; pero sobre su participación directa en este crimen, hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada”.
Resalta también que por los casos de posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada se ha procesado a 20 militares, incluidos dos generales y dos oficiales de rango medio. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han logrado en los últimos meses exoneraciones y excarcelaciones, entre ellos el militar de más alto rango vinculado al caso, el general José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron los crímenes.
Sobre los mensajes en poder de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en las que algunos miembros de Guerreros Unidos detenidos en EU sostienen que entregaban sobornos al coronel Rafael Hernández Nieto, encargado de la comandancia militar de Iguala, además de que detallan el supuesto operativo en contra de los 43 normalistas, López Obrador sostiene no son “muy convincentes” y que, en caso de contener información real, no implican al Ejército en su totalidad.
“Con esta prueba, de ser cierta, podría sostenerse la vinculación de la delincuencia con un mando militar, pero no la participación de esta institución en la infamia cometida contra los jóvenes”, justifica.
AMLO sostiene que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, ha dado la orden de entregar toda la información sobre el caso Ayotzinapa y acusa que las señalamientos contra el Ejército sobre ocultar documentos comenzó cuando se ordenó las órdenes de aprehensión contra militares y el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien ya también fue liberado y lleva su proceso penal en su domicilio.
López Obrador enfila sus baterías contra los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los expertos de la Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como en contra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“A partir de entonces, los abogados de los padres y algunos de ellos, a los cuales siempre les aceptamos cualquier señalamiento y hasta insultos, porque se trata de la pérdida de sus hijos, empezaron, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos de la llamada sociedad civil, de la OEA y de la ONU, a enfocar todas las baterías en contra del Ejército”, indicó López Obrador, pese a que los cuestionamientos y exigencias de investigar el papel que jugaron las Fuerzas Armadas data desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio, dijo a La Jornada que todavía no hay una postura conjunta, que el tema será evaluado en el 26 de julio por la marcha por los 118 meses de la desaparición de los jóvenes, que se enfila a cumplir una década sin ser resuelto.
