Colectivos exigen a la UNAM retirar cargos contra víctima de ataque armado en la FES Acatlán
Organizaciones piden el cese de la persecución penal contra Arturo Lugo y una investigación real sobre la agresión armada de 2020.
Un grupo de colectivos estudiantiles, feministas y organizaciones de derechos humanos presentó la campaña “Libertad secuestrada: la guerra de la UNAM contra sus estudiantes”, con la que exigen el retiro inmediato de los cargos penales contra Arturo Lugo Macías, conocido como “Sheveck”, detenido el pasado enero en Guadalajara por hechos ocurridos casi seis años atrás en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.
De acuerdo con el comunicado difundido por los organizadores, Arturo Lugo fue arrestado el 8 de enero de 2026 acusado de “daño a la propiedad ajena con agravante en pandilla”, en relación con los sucesos del 5 de abril de 2020 en el plantel de Acatlán de la UNAM.
Ese día, mientras el colectivo Argüenderas y Revoltosas mantenían la toma del plantel en las primeras semanas de la contingencia por covid, un grupo de hombres encapuchados y con armas irrumpió en el plantel para agredir a las activistas y a dos compañeros solidarios: Arturo Lugo y Adán Fernández.
Los activistas quedaron heridos y amenazados por el grupo descrito como “paramilitar”. En ese contexto de desesperación y abandono, el edificio de gobierno de la Facultad fue incendiado presuntamente por la activista Tania Elis Hernández y Arturo Lugo. Un video filtrado a medios de comunicación es el elemento central presentado por la UNAM para acusarlos.
Tania Elis permaneció por un mes en el penal federal de Santiaguito, libró la millonaria reparación de daño gracias al Instituto Nacional de la Defensoría Pública (INDP), el cuál llevó su caso y obtuvo su libertad.
Sin embargo, Arturo Lugo lleva el proceso en libertad, con prohibición expresa de acercarse a la FES Acatlán, con vigilancia de la Guardia Nacional y acudiendo a firmar periódicamente al juzgado. Para las personas cercanas a Lugo Macías la medida no representa libertad, sino “vigilancia y castigo administrado que mantiene vigente la violencia contra la organización estudiantil”.
Según testimonios recabados por sus compañeras y citados en el documento, al momento de la detención las propias autoridades habrían reconocido que la Fiscalía capitalina ya buscaba cerrar el expediente, pero que fue la UNAM la que insistió en mantenerlo abierto. Para la campaña, esto revela que la institución “no persigue a los agresores, sino a uno de sus agredidos“.
El documento plantea tres demandas concretas a la casa de estudios:
- El retiro inmediato de todos los cargos contra Arturo Lugo Macías, así como el cese de cualquier persecución legal contra las estudiantes involucradas en los hechos del 5 de abril de 2020.
- La apertura de una investigación real sobre el ataque armado de 2020, que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de la agresión.
- Que la UNAM ponga fin, según los organizadores, al uso del aparato jurídico universitario como herramienta para reprimir a estudiantes organizados.
