Arturo Zaldívar: desde la SCJN se fabricó la denuncia en mi contra
El ministro en retiro acusa que la denuncia tiene intereses políticos ahora que forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum.
El ministro en retiro Arturo Zaldívar afirmó que la investigación que abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de un marco jurídico para sancionarlo, por lo que considera que la investigación abierta tras una denuncia anónima que lo acusa de presionar a magistrados, jueces y secretarios en funciones fue fabricada con fines políticos en medio del proceso electoral y filtrada a medios de comunicación desde la Suprema Corte.
El exministro presidente de la SCJN sostuvo que esta investigación ordenada por su sucesora, Norma Piña Hernández, es una especie de “cacería de brujas” ante la preocupación que despierta una posible reforma al Poder Judicial, como la que ha planteado el presidente López Obrador.
“Tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra de la 4T. Igual que cuando la Corte confabuló con Fox para desaforar al entonces jefe de Gobierno AMLO. No les funcionó hace 20 años y no les funcionará ahora”, sostuvo el abogado, que ahora forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum, en un mensaje colocado en la red social X este domingo.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar a Arturo Zaldívar y a sus cercanos por una denuncia anónima en la que se le acusa de presionar y corromper a titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, en casos relevantes como el abierto contra Emilio Lozoya, Rosario Robles, la cooperativa Cruz Azul, abogados cercanos a Julio Scherer Ibarra, Isabel Miranda de Wallace, el Tren Maya y reformas impugnadas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entre otros.
La investigación J/108/2024 también se abrió en contra de Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal; Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la Presidencia de la Corte, y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
En esta misma denuncia se señalan presuntas irregularidades de Arely Gómez, extitular de la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, y del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
“Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, dice la denuncia sobre Arturo Zaldívar, que enlista a decenas de magistrados, jueces y secretarios en funciones de juzgadores como supuestas víctimas.
La denuncia detalla que mediante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, se amenazaba de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, “usando quejas existentes o inventando algunas”.
El documento acusa a Carlos Antonio Alpízar Salazar de presionar a jueces para no avalar los amparos en contra de la Ley de Hidrocarburos, y la Ley Industria Eléctrica, así como contra el Aeropuerto de Santa Lucia y la cancelación del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y para resolver conforme a los intereses del presidente López Obrador en el caso Emilio Lozoya.
La denuncia también acusa a jueces y magistrados de aceptar las presiones de Arturo Zaldívar, entre ellos Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien llevó el caso contra Rosario Robles; Iván Aarón Zeferín Hernández, involucrado en los casos Cruz Azul, familia Jenkins, la “Estafa maestra”, el del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y Eduardo León Trawitz; José Artemio Zúñiga Mendoza, de los casos Lozoya, Luis Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle, y Fernando Córdova del Valle, de los casos “Reina del Sur”, Inés Gómez Mont y Segalmex.
La candidata de Morena a la Presidencia se pronunció en el mismo sentido que su colaborador.
“Es evidente que es una investigación que tiene un objetivo político porque la investigación viene de una denuncia anónima, díganme ustedes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuándo habían iniciado investigaciones a partir de una denuncia anónima en 24 horas?”, dijo este sábado de gira por Hermosillo, Sonora.
Mientras que la candidata del PRI-PRD-PAN, Xóchitl Gálvez, exigió que se investigue al asesor de su oponente.
“Que Zaldívar rinda cuentas, que los que fueron presionados declaren, que se haga una investigación, eso es lo que se pide (…), parece que sí le encontraron, le encantaba el negocio”, sostuvo.
Gálvez sostuvo que el ministro en retiro también usó denuncias anónimas para abrir investigaciones.
“No es nada honorable que esté acusado de tráfico de influencias. Y yo creo que muchos jueces deberían de declarar y de decir si fueron intimidados por el ministro Zaldívar”, planteó Gálvez desde Ciudad Juárez, también este sábado.
