Caso Tlaxcala: exigen justicia por caso de fabricación de culpables
El caso Tlaxcala formó parte de una política gubernamental que derivó en torturas y detenciones arbitrarias, sostienen defensores.
“Somos víctimas de un sistema corrupto”, dice Ricardo Antonio Almanza desde el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en una llamada telefónica grabada.
Ricardo entró a prisión por primera vez a los 23 años, acusado de formar parte de una banda de secuestradores conocida como Los Kempes. Era agosto de 2002, durante el sexenio del panista Vicente Fox y la administración del gobernador perredista Alfonso Sánchez.
“La famosa banda de los Kempes, como la de los Zodiaco, nunca existió”, sostiene el abogado Agustín Acosta, quien apunta a un caso de fabricación de culpables que mantiene a tres personas en prisión 23 años después de su detención arbitraria.
Hoy, Ricardo Almanza, Jorge Hernández Mora y Sergio Rodríguez Rosas se mantienen en prisión acusados de un secuestro cometido por agentes ministeriales de Tlaxcala en el año 2002.
Detenidos el 13 de agosto de 2002, los tres hombres fueron sometidos a torturas junto con Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra y José María Cirilo Ramos Tenorio, todos implicados en un secuestro en Tlaxcala, pese a que vivían en la Ciudad de México y nunca habían estado la entidad.
El caso Tlaxcala, documentado exhaustivamente por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) representa para las familias y la defensa un caso más de la “cruzada antisecuestros” que dejó a inocentes en prisión y una estela de impunidad.
Agustín Acosta, también defensor de la ciudadana francesa Florence Cassez (liberada en 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) considera esta cruzada como “una política deliberada de torturar personas, fabricar delitos y encubrir la incompetencia”.
El curso “propedéutico” para el caso Cassez-Vallarta
Sin órdenes de aprehensión, durante “revisiones de seguridad”, seguida de la exhibición en los medios masivos y sesiones de tortura con el fin de conseguir inculpaciones. Así fue la detención de los seis hombres acusados de secuestro.
Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, señala el contexto histórico de esta detención.
Una oleada de secuestros durante los primeros años del gobierno de Vicente Fox y una cruzada desde el gobierno que derivó en violaciones graves a los derechos humanos.
“El caso Tlaxcala fue una decisión deliberada por parte de un gobierno de ejecutar una política de investigación del delito de secuestro sin importar las consecuencias”, indicó Guerrero al recordar a una de las figuras relevantes de la época, el extitular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Agustín Acosta señala este modus operandi y destaca que el caso Tlaxcala sirvió como un curso propedéutico, una preparación, para el caso Florence Cassez e Israel Vallarta, encarcelados por secuestro y liberados por el “efecto corruptor” de la investigación.
Y es que a los seis hombres detenidos también los exhibieron frente a los medios de comunicación, se violó su presunción de inocencia y se usaron torturas para fabricar culpabilidades y encubrir a los verdaderos autores de raptos a empresarios tlaxcaltecas.
“Se exhibieron personas. Se anunció que se había descubierto una banda de secuestradores”, mencionó Acosta sobre las similitudes entre los casos.
Vidas interrumpidas
Ricardo, Jorge y Sergio mantienen la esperanza de salir en libertad. En 2023 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución y exigió su libertad, actualmente el Comité de Derechos Humanos de la ONU -la instancia internacional más elevada en la materia- está por emitir una resolución.
Oswaldo -hijo de Sergio- fue liberado en 2016, Hugo Salvatierra también liberado por falta de pruebas y Cirilo Ramos murió encarcelado en 2013, a consecuencia de las heridas infligidas durante la detención.
Las familias de los detenidos conservan la esperanza de verdadera justicia, tras invertir sus años y recursos en exigencia de la liberación de sus seres queridos.
“Yo como madre pido a gritos su libertad y que las autoridades hagan su trabajo”, dijo entre sollozos la señora Rosa Mora, mamá de Jorge Hernández Mora.
Oswaldo, uno de los detenidos que pasó 15 años de prisión y absuelto, también exige la liberación de su padre Sergio Rodríguez, recluido en el penal de Santa Martha Acatitla. En un audio, el hombre originario de Ecatepec lamenta haber perdido a su esposa, Martha, víctima de cáncer.
Ricardo Almanza (recluido desde los 23 años) y su hermana Laura también han sufrido pérdidas, las de sus padres: su mamá víctima de cáncer y su papá, quien perdió la memoria a raíz de la tragedia.
Mientras que Isabel Ramos, hermana de Cirilo, es clara al exponer su pérdida: “Nos mataron a mi hermano en prisión. Gracias a la tortura le provocaron hematomas hepáticos, de eso falleció”, dice y se mantiene en apoyo de las familias que aún aguardan justicia.
El caso, en espera de una resolución clave
A 23 años de su detención arbitraria, la decisión de un Tribunal Colegiado podría favorecer a los tres detenidos. En el terreno judicial existe un recurso de revisión (96/2025), una esperanza más para obtener la libertad.
“Es la fecha que estamos esperando, ya más de un año. Hemos ido a visitar a los magistrados, vino la reforma judicial, han cambiado a los magistrados y seguimos en espera”, dijo Acosta.
El abogado Acosta también reitera la importancia de que se reconozcan las resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos y hace referencia a una decisión de la “nueva” Suprema Corte de Justicia en esta materia.
“Ojalá y esa ejecutoria de la Corte de este año sea también una avenida”, agregó.
La voz de Ricardo Almanza, desde su detención, pide a la Suprema Corte y a los jueces a cargo aún del caso que “vean el derecho que todo acusado tiene para poder defenderse”.
