Las comunidades istmeñas acusan opacidad respecto a megaproyecto de Helax Istmo
Ni el gobierno ni Helax Istmo han informado a las comunidades sobre los impactos de un megaproyecto que se ha reconfigurado con opacidad.
En 2023, la empresa Helax Istmo, iniciativa de la gestora danesa Copenhagen Infrastructure Partners, firmó un Memorando de Entendimiento con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) para ejecutar un megaproyecto de producción de hidrógeno y amoniaco “verde”, con una inversión de 10 mil millones de dólares.
Sin embargo, el rumbo del megaproyecto dio un giro revelado mediante una solicitud de información realizada por colectivos y organizaciones: en diciembre de 2025, Helax Istmo notificó al CIIT la reconfiguración estratégica del proyecto, transformándolo de una iniciativa de hidrógeno “verde” a una exclusivamente de generación eléctrica.
La empresa justificó el cambio por la cancelación de fondos internacionales y retrasos tecnológicos globales, además de anunciar su desistimiento del parque industrial (PODEBI) en Ciudad Ixtepec. Sin embargo —acusan más de cien colectivos y organizaciones—, ni Copenhagen Infrastructure Partners ni el gobierno mexicano han reportado este cambio públicamente.
A pesar de que la cancelación de la planta de hidrógeno y amoniaco limita ciertos riesgos industriales y de consumo de agua, las comunidades mantienen su firme oposición al proyecto eléctrico. Los habitantes sostienen que la infraestructura planeada alterará la cobertura vegetal, los flujos de agua y la fauna, además de privatizar tierras y erosionar las relaciones sociales, tal como ocurrió con los 30 parques eólicos instalados previamente en la región.
“Nos oponemos a que las empresas privadas, con la complicidad de las autoridades mexicanas, especulen y jueguen con nuestros territorios y nuestras vidas en función de sus intereses económicos y políticos”, plantean las comunidades y organizaciones.
Exigen información pública sobre los cambios previstos en el proyecto, específicamente si oficialmente el proyecto dejará de formar parte o no del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sobre el proyecto eléctrico previsto, las comunidades demandan a la Secretaría de Energía (Sener) que informe sobre cuál sería el mecanismo previsto para la generación eléctrica (como proyecto privado o de inversión mixta con la CFE) y cuál sería el uso y destino previsto de la electricidad .
“Les reiteramos que somos soberanas/os en nuestra forma de decidir sobre nuestros territorios y que nuestras vidas, cuerpos, bienes comunes y comunales no son juguetes para sus prácticas neocoloniales y su especulación empresarial”, enfatizan las comunidades.
¿En qué consiste el megaproyecto original de Helax Istmo?
Antes de la reconfiguración, Helax Istmo proyectaba una planta de hidrógeno y amoniaco en el parque industrial de Ciudad Ixtepec, además de un parque fotovoltaico con casi 3 millones de paneles (1,674 MW) sobre 5 mil hectáreas de tierras agrícolas y de selva baja espinosa caducifolia del ejido de Asunción Ixtaltepec.
También incluía nuevos parques eólicos con la instalación de 190 aerogeneradores (855 MW) sobre 25 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales de Ciudad Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec, lo que sería una grave amenaza para los cerros, tierras de uso común y recarga de agua subterránea.
Además, se proyectaba la construcción de una planta desalinizadora en Salina Cruz y de un pozo subterráneo para alimentar la electrólisis, así como otra planta prevista cerca de Rincón Moreno y de ductos entre las dos plantas y el puerto de Salina Cruz.
Las comunidades y organizaciones señalan que Helax Istmo no ha presentado ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat para los diferentes componentes del proyecto.
La empresa presentó dos Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) ante la Secretaría de Energía para el proyecto fotovoltaico y eólico, pero la información de dichos documentos fue clasificada como reservada por un periodo de dos años.
“La ausencia de información pública es una muestra clara de que este proceso no está garantizando el derecho de los pueblos y comunidades a una participación real, informada y transparente frente a un proyecto que podría generar graves afectaciones al medio ambiente, al territorio y a las formas de vida de la región”, concluyen las comunidades.
