Comunidades exigen regular empresas en defensa de derechos humanos y ambientales
Organizaciones plantean un marco legal para la debida diligencia de gigantes empresariales, para que no solo sean “leyes sin vida”.
Comunidades y pueblos afectados por la falta de control sobre el poder empresarial presentaron un esfuerzo colectivo para impulsar un marco regulatorio para empresas, cuyo actuar ha causado violaciones a los derechos humanos e impactos ambientales graves a lo largo del país.
Se trata de la Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de DDHH, un bloque conformado por 20 grupos y comunidades, con el respaldo de decenas de organizaciones de la sociedad civil.
Van desde los defensores del CDH Bety Cariño, en Veracruz; los Comités de la Cuenca del Río Sonora; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ladies Drivers GDL; Mujeres de Acción y Resiliencia (MAR); la Red de Mujeres Sindicalistas; el Colectivo Ecológico Aquí NO, el Sindicato Nacional de Trabajadores y trabajadoras del hogar, entre otras comunidades distantes territorialmente, pero unidas por las afectaciones a sus derechos y entornos.
Para estas comunidades, atravesadas por el derrame de hidrocarburo responsabilidad de Pemex, la contaminación ambiental provocada por Grupo México, la imposición de proyectos como una planta de amoniaco en Topolobampo, la precariedad laboral y leyes que quedan en papel, los derechos humanos son una suerte de “sugerencias” para las empresas.
Conducir en GDL, sin derechos garantizados
Ana Rebeca Medina Llamas tiene 38 años, es conductora por aplicación y trabaja desde la tarde hasta que amanece en la ciudad de Guadalajara.
Rebeca pertenece a Ladies Drivers GDL, organización de mujeres conductoras y en su experiencia, la reforma laboral que pretendió brindar prestaciones a los trabajadores de apps no garantiza el acceso a los derechos.
“No llegamos a cumplir nuestras metas para que nos sea otorgado el seguro médico”, explica en entrevista con Fábrica de Periodismo.
Una de las limitantes es la meta de horas mensuales que la reforma establece para acceder al beneficio, pues de acuerdo con la conductora, existe una exclusión en razón de género, pues la mayoría de mujeres taxistas o repartidoras no logran la meta debido a la doble jornada de cuidados y de maternidad, algo que los conductores hombres no padecen.
De acuerdo con una investigación de El Universal, una gran parte de los trabajadores no alcanzan los ingresos necesarios para acceder a las prestaciones.
En el caso de la seguridad de los viajes, la vocera insiste en el estado de desprotección en el que desempeñan su labor, pues ya han habido casos de agresiones o robos, que aunque se reporten nunca llegan a sancionarse.
“Hemos tenido casos de compañeros desaparecidos, compañeras que han expuesto sus vidas por un asalto”, cuenta Rebeca, quien como trabajadora e integrante de la Unión de Movimientos pide mayor protección a las aplicaciones y que la reforma para empleados de plataformas digitales realmente garantice derechos.
El llamado a un marco regulatorio
La principal demanda de este bloque de trabajadores, sindicalistas y activistas es el establecimiento concreto de un marco legal para la debida diligencia empresarial. Una medida que:
- Obligue a las empresas matrices, filiales, contratistas y cadenas de suministro a evaluar y gestionar sus riesgos e impactos sobre las personas y la naturaleza
- Garantice la reparación integral de los daños
- Establezca mecanismos de supervisión y sanción efectivos
- Asegure la participación real de las comunidades y personas trabajadoras potencialmente afectadas
- Garantice el derecho al desarrollo, a la consulta y consentimiento libre, previo, e informado, como lo señala el Convenio 169 de la OIT.
Las exigencias de regulaciones no representan una postura “anti empresas”, sostiene la Unión de Movimientos, sino que las experiencias en México demuestran que “la ausencia de reglas es la que genera conflictos, inseguridad jurídica y costos millonarios para el propio Estado y para las empresas”.
El paso siguiente para el bloque de organizaciones es llamar a mesas de trabajo con las autoridades. Por el momento, dirigieron su pronunciamiento al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, con el fin de que el respeto a los derechos humanos no sea una sugerencia, sino la regla.
