En cinco años, aumentan en un 299% desapariciones en Chiapas: Centro Frayba

Durante los últimos cinco años, la violencia armada, las desapariciones y las detenciones arbitrarias han aumentado en Chiapas de manera exponencial, advirtió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba).

En este mismo periodo de tiempo, por ejemplo, se registró un incremento del 299% en el número de casos de personas desaparecidas, según se advierte en el informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” presentado el día de ayer, miércoles 19 de marzo, por el Centro Frayba. 

De acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en 2019 existían 320 desapariciones en Chiapas; para 2024 esta cifra aumentó a 1,277.

Este dato alarma por sí mismo. Pero no es todo. Y es que el perfil de las personas desaparecidas en Chiapas obedece algunos patrones: quienes desaparecen con más frecuencia son jóvenes que rondan los 15 años y, sobre todo, mujeres. 

Chiapas es el cuarto lugar nacional en niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de acuerdo a las cifras oficiales. 

“Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque”.

La principal hipótesis es que el aumento de la población migrante en tránsito por el estado tiene algo que ver en tanto se han instalado alrededor de esta población redes ilegales de tráfico de personas y una estructura criminal que ha crecido con la esperada complicidad de autoridades.

De acuerdo a lo que informa el Centro Frayba, existen tres rutas principales para mover personas: por el centro de Chiapas, por la costa o por el norte. El control territorial de estas rutas y territorios se lo disputan el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco, principalmente; pero también han nacido otras organizaciones locales como el Cártel de Chiapas y Guatemala, sumado a grupos proclamados autodefensas y viejas organizaciones paramilitares.

A esta guerra abierta se suma la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional en distintos puntos de Chiapas que han decidido no combatir la violencia.

“La justificación del Estado Mexicano es que existe una estrategia de seguridad que consiste en ‘no alborotar el avispero’, es decir no confrontar a la delincuencia organizada en los territorios que controlan”.

Esto, señala el informe, confirma la responsabilidad del estado en la medida en que es testigo de las acciones operativas de la delincuencia organizada, el control poblacional, del territorio y de las vidas de pueblos y comunidades en Chiapas, donde se cometen actos criminales”.

Estos actos criminales tienen un carácter masivo. Además de los miles de casos de desaparición de jóvenes y mujeres, pueblos enteros han sido sujetos de reclutamiento forzado, los homicidios se han multiplicado y se han instalado redes de explotación sexual de mujeres indígenas.

El Centro Frayba ha documentado al menos 20 casos de desplazamiento forzado ocurridos en Chiapas entre enero de 2023 y junio de 2024: 15 mil 780 personas expulsadas de su hogar.

Estos desplazamientos son provocados por organizaciones criminales con prácticas de reclutamiento forzado: obligan a los pobladores a, por ejemplo, bloquear carreteras para contener a sus enemigos o a los jóvenes a incorporarse a sus filas a cambio de no quemar sus casas, sus establos o matar a su familia. A veces usan drones para dejar caer bombas en las plazas públicas o disparan ráfagas de día y noche sólo para amedrentar o ahuyentar a los habitantes y tomar el control del poblado.

A esto se suma la vieja política contrainsurgente cuyo principal objetivo continúan siendo las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En este nivel, los ataques se ejecutan o bien a través de fuerzas oficiales que pueden ser de carácter policiaco, militar o judicial, o a través de las organizaciones paramilitares que llevan décadas operando en el estado con el beneplácito y a veces financiamiento de autoridades.

“Confluyen actores del crimen organizado, grupos paramilitares y grupos armados corporativistas vinculados a la ideología política del Estado mexicano”.

Este espiral de violencia también ha sido propiciado por la política mexicana de endurecer la frontera sur, en un intento por satisfacer las demandas de Estados Unidos, al mismo tiempo que se permite que organizaciones criminales operen estas redes y rutas de tráfico de personas con impunidad.

Otro factor que ha agudizado la violencia contra la población civil Chiapas es la multiplicación de proyectos mineros en la región. El Centro Frayba ha detectado que existen agresiones constantes contra defensores de la tierra y el territorio, quienes han sufrido desapariciones y asesinatos. 

En la comunidad de Nuevo Morelia, en el municipio de Chicomuselo, por ejemplo, 11 personas fueron masacradas en abril de 2024. Estas once personas habían denunciado violencia criminal ligada a la actividad minera en las inmediaciones del municipio. 

Delincuencia organizada, empresas nacionales o trasnacionales, y el Estado en sus distintos niveles: estos tres elementos, concluye el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, han generado en Chiapas un huracán de violencia, muerte, desapariciones y familias desplazadas en tan sólo cinco años.

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