Tribunal de EU define hoy el futuro de la ciudadanía por nacimiento
Trump asiste a audiencia para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, la orden afectaría a 1,2 millones de niños nacidos en EU cada año.
Este miércoles, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará uno de los casos más trascendentales de los últimos años: la orden ejecutiva con la que Donald Trump pretende poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o en situación temporal. El presidente planea asistir a la vista oral, una decisión que ningún mandatario había tomado antes y que ha sido interpretada como una presión inusitada sobre los nueve magistrados.
La medida, firmada por Trump en el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, lleva más de un año bloqueada por los tribunales. Nunca ha llegado a aplicarse. Sin embargo, la batalla legal ha escalado hasta la máxima instancia judicial, que ahora deberá decidir si la reinterpretación que la Casa Blanca hace de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución es válida.
Más de un millón de niños
De llegar a entrar en vigor, el decreto afectaría a un promedio anual de cerca de 255 mil niños nacidos de padres indocumentados en territorio estadounidense, de acuerdo al Migration Policy Institute (MPI).
La orden establece que no se reconocerá la ciudadanía estadounidense a los bebés nacidos en el país cuando la madre se encuentre en territorio nacional sin autorización o con un estatus temporal (como una visa de turista, estudiante o trabajo) y el padre no sea ciudadano ni residente legal permanente.
La disposición choca con la lectura que durante más de un siglo han hecho los tribunales de la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868. Su primera sección establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Fue concebida tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados y sus descendientes.
La administración Trump sostiene que la cláusula “sujetas a su jurisdicción” debe entenderse de manera restrictiva, excluyendo a los hijos de inmigrantes que no tienen un estatus legal permanente o que se encuentran en el país de forma temporal.
Para respaldar su postura, el Gobierno ha recurrido al caso Wong Kim Ark, un precedente de 1898 en el que la Corte Suprema reconoció la ciudadanía a un hombre nacido en San Francisco de padres chinos. Los abogados del Ejecutivo argumentan que en aquella sentencia los progenitores eran residentes legales, un matiz que, según ellos, deja abierta la posibilidad de no aplicar la misma regla a quienes carecen de estatus.
La defensa ciudadana
La organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) lidera la defensa contra la orden. En una demanda colectiva presentada en New Hampshire, la agrupación sostiene que la medida contradice 150 años de jurisprudencia y el texto claro de la Constitución. “Ningún presidente puede cambiar la promesa fundamental de ciudadanía que establece la 14.ª Enmienda”, declaró Cecillia Wang, directora legal nacional de ACLU.
El camino hasta la Corte Suprema ha sido sinuoso. Tras su firma, varios jueces federales dictaron órdenes que suspendían la aplicación del decreto en todo el país. En junio de 2025, el alto tribunal le dio una victoria parcial a Trump al limitar el alcance de esas suspensiones nacionales, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto.
El fallo definitivo no se espera de forma inmediata. Expertos consultados por varios medios prevén que la sentencia se conocerá hacia el verano boreal, probablemente a finales de junio. Mientras tanto, la orden ejecutiva permanece suspendida.
Una audiencia definitoria
La audiencia de este miércoles ha atraído una atención extraordinaria no solo por lo que está en juego, sino también por la presencia del propio Trump. El presidente expresó su opinión la víspera a través de su red social, Truth, donde calificó la ciudadanía por nacimiento como una “estafa” y arremetió contra los jueces que han bloqueado sus políticas.
Los demandantes, por su parte, han insistido en que la eliminación del derecho de nacimiento crearía una subclase permanente de niños nacidos en Estados Unidos sin acceso a los derechos que han acompañado a la ciudadanía durante generaciones. En su recurso ante el tribunal, la ACLU advirtió que la orden trastocaría la vida de cientos de miles de familias y desbarataría la interpretación consolidada de la Constitución.
La decisión que adopte la Corte Suprema, de mayoría conservadora (seis magistrados designados por presidentes republicanos y tres por demócratas), marcará un hito en la historia constitucional del país. Si falla a favor de Trump, rompería con una tradición jurídica de más de un siglo y abriría la puerta a una cascada de nuevas disputas sobre quién puede ser considerado estadounidense.
