El retorno de Juan Orlando Hernández a Honduras: del indulto de Trump a los tribunales por corrupción
Juan Orlando Hernández regresa a su país tras un indulto por narcotráfico, pero enfrentará en libertad acusaciones por el desvío de 62 millones de lempiras de fondos públicos para su campaña en 2013.
El regreso de Juan Orlando Hernández a su natal Honduras este domingo cambió el panorama político del país centroamericano. Después de dos años de ser declarado culpable de narcotráfico por una corte de Estados Unidos –y condenado a 45 años de cárcel–, el exmandatario recuperó su libertad el pasado diciembre mediante un indulto otorgado por el presidente Donald Trump.
En 2022, poco después de culminar su mandato presidencial, Hernández fue extraditado a Estados Unidos. Ayer, regresó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola y posteriormente organizó dos mítines políticos para encontrarse con sus simpatizantes y otros políticos de la derecha hondureña señalados por narcotráfico.
Con su llegada, el expresidente enfrentará en libertad las acusaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, que lo señala de fraude y lavado de activos por al menos 62 millones de lempiras (aproximadamente 3 millones de dólares).
Una red financió la campaña de Hernández con fondos públicos
La investigación fiscal sostiene que se desviaron al menos 62 millones de lempiras de fondos públicos para financiar la campaña presidencial de Hernández en 2013, esto a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
El medio Contracorriente tuvo acceso al requerimiento fiscal y reveló que, presuntamente, el dinero se repartió entre 24 personas y empresas.
El desfalco total atribuido a esta red asciende a más de 288 millones de lempiras, sustraídas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Las fundaciones mencionadas anteriormente firmaron convenios de manera irregular antes de completar su registro legal ante la entidad correspondiente.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los recursos del Estado financiaron diversos rubros del movimiento electoral Azules Unidos, entre los que figuran 12.3 millones de lempiras en publicidad, dos millones para la impresión de 300 mil tarjetas “La Cachureca” y pagos a 12 coordinadores departamentales por más de 41 millones.
Entre los beneficiarios directos destaca el estratega político venezolano J. J. Rendón, quien recibió una transferencia de 45 mil dólares, además del pago de 39 mil dólares en efectivo canalizados a través de un empleado del Partido Nacional.
La investigación judicial documenta también el uso de fondos públicos para la compra de un reloj Rolex de 9 mil 900 dólares, entregado como regalo a un asesor de campaña. Asimismo, la línea de crédito de la Fundación Todos Somos Honduras cubrió 1.35 millones de lempiras en pasajes aéreos internacionales para asesores, mientras que otros 4.5 millones de lempiras se destinaron al arrendamiento de aeronaves y helicópteros cuyas bitácoras de vuelo registraron exclusivamente a familiares y allegados de Hernández.
Este caso, conocido como Pandora II, se vincula con casos de corrupción previos como Pandora I, Hermes y Corrupción sobre Ruedas.
Ahora, Hernández deberá comparecer en audiencia ante la justicia hondureña el próximo 3 de agosto tras la anulación de la orden de captura que pesaba en su contra. Sin embargo, el proceso legal es incierto, pues la Uferco dejará de existir y será absorbida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública.
