Chiapas aprueba “Ley Petrona”: mujeres no serán juzgadas por defenderse
Con 36 votos en favor, Chiapas aprueba Ley Petrona, que excluye del delito a mujeres que actúan en legítima defensa en contextos de violencia.
El día de ayer, miércoles 29 de abril, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó –con 36 votos a favor y una abstención– reformas a los artículos 25 y 27 del Código Penal estatal para establecer que la legítima defensa deberá analizarse con perspectiva de género, evitando la criminalización de mujeres que actúan para proteger su vida frente a sus agresores.
La iniciativa, impulsada por la diputada Rosalinda López Sánchez, fue denominada “Ley Petrona” en referencia a Petrona “N”: una mujer tzeltal que, en abril de 2026, mató a su esposo para salvar su vida y la de sus hijos. La Fiscalía Especializada en Justicia Indígena la absolvió del crimen al determinar no sólo que había actuado en legítima defensa, sino que había sobrevivido años de violencia por parte de su pareja.
Un cambio en la carga probatoria
La reforma modifica el Artículo 25 del Código Penal para incluir como causa de exclusión del delito por legítima defensa “cuando una mujer sufre violencia reiterada (física, sexual o riesgo de feminicidio) y actúa para repeler una agresión real o inminente”. En estos casos, las autoridades deben analizar los hechos con perspectiva de género.
También se reformó el Artículo 27, que establece que la variante de “exceso en la legítima defensa” no aplicará “cuando la persona agredida actúa bajo miedo o terror que limita su capacidad para medir su respuesta, según evaluaciones psicológicas”. Tampoco hay exceso cuando una mujer en situación de violencia responde ante un peligro real o inminente y su reacción es “comprensible y razonable para neutralizarlo”, considerando la desventaja frente al agresor, la urgencia del peligro, el contexto de control o violencia previa y su estado emocional.
La legislación extiende ese criterio incluso cuando una tercera persona actúa en defensa de la víctima. Con estas reformas, se invierte la carga de la prueba: ya no será la mujer quien tenga que demostrar que merecía sobrevivir, sino el sistema de justicia el que partirá de su condición de víctima.
Petrona, la mujer que dio nombre a la ley en Chiapas
La “Ley Petrona” tiene su origen en el caso de Petrona “N”, una mujer originaria del municipio indígena de Tenejapa. Según versiones periodísticas, su edad oscila entre 25 y 32 años. El pasado 5 de abril, al momento de ser agredida por su esposo, ella respondió privándolo de la vida para salvar la suya y la de sus hijos que se encontraban con ella. La víctima fue identificada como Alonso “N”, de 37 años.
Colectivos feministas exigieron que el caso fuera juzgado con perspectiva de género. La Fiscalía Especializada en Justicia Indígena realizó peritajes que mostraron que Petrona presentaba lesiones causadas por su esposo, quien había consumido bebidas embriagantes. También se demostró que ella y sus hijos habían sufrido agresiones durante 20 años.
Una jueza determinó que la mujer se encontraba en peligro real de perder la vida en manos de su marido y que no tenía otra opción más que defenderse, por lo que fue exonerada del delito de homicidio.
Debate legislativo y respaldos institucionales
La sesión del miércoles, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, fue una de las más discutidas de la legislatura. La diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del PAN, planteó que la iniciativa debería ser regresada a la comisión para corregirla y robustecerla. En contraparte, el diputado morenista Juan Salvador Camacho Velasco expuso que la postura de Ibarra Gallardo era “machista” y en contra de las mujeres. El diputado priista Rubén Zuarth Esquinca respaldó a su compañera, y la presidenta de la Mesa Directiva dio por terminada la discusión.
Desde la tribuna, la diputada Rosalinda López Sánchez, impulsora de la iniciativa, afirmó que “ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”. La presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció que la “Ley Petrona” marca un antes y un después en la justicia para las mujeres en Chiapas.
Al pleno asistieron el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; así como colectivas feministas. Llaven Abarca afirmó que con esta aprobación Chiapas se posiciona a la vanguardia en justicia con perspectiva de género y se comprometió a revisar los casos de mujeres presas acusadas de homicidio contra sus agresores.
Actualmente hay en el penal de San Cristóbal de Las Casas ocho mujeres de origen indígena acusadas de homicidio o lesiones cometidas para defender su vida y la de sus hijos, según la Colectiva Cereza. Chiapas, por otro lado, ocupa el segundo lugar en feminicidios, solo por debajo de Sinaloa; tan sólo en lo que va del año se han cometido 16 feminicidios, dos de ellos contra menores de edad.
La presidenta de la Colectiva 50+1 Chiapas, Alma Rosa Cariño, opinó que la reforma representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y en la construcción de un sistema judicial más sensible a la violencia que enfrentan miles de mujeres en la entidad.
